La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y el Secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, concurrieron este martes a la Cámara de Diputados para presentar la nueva ley de ética pública que impulsa el Ejecutivo y que busca extender el control a jueces, titulares de partidos políticos y sindicatos.
«Estamos ante una oportunidad histórica. La sanción de esta norma es imperiosa», sostuvo Alonso ante un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidido por los diputados del PRO, Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky.
El proyecto propone modificaciones a la ley de ética pública vigente que fue sancionada en 1999 y que sufrió modificaciones en 2013. Además, establece normas específicas sobre conflictos de intereses, contratación de familiares, publicidad de las declaraciones jugadas y recibo de obsequios.
Para el borrador, la OA realizó consultas con especialistas del Banco Mundial, la OCDE y a través de la plataforma Justicia 2020. Desde la oficina también destacaron que para la presentación de este proyecto de ley se estudiaron legislaciones similares de México, Chile, Francia y Canadá. Por lo pronto, la semana que viene comenzará el debate con la puesta en consideración de otros proyectos de ley elaborados por diputados de diferentes bloques.
Durante el plenario, el propio Sánchez defendió la iniciativa al considerar que “el mejor antídoto para la corrupción es la integridad”. En ese contexto, el funcionario sostuvo que “tenemos mucho por mejorar” y destacó las leyes del arrepentido, la de defensa de la competencia y la de extinción de dominio como herramientas de “lucha contra la corrupción”.
Por su parte, Alonso señaló que la norma de 1999 “fue una muy buena ley para la ética” pero “tuvo una implementación muy errática con una modificación muy negativa en 2013 por lo que merece una actualización”.
Entre los detalles de la nueva norma la propia Alonso destacó que la propuesta “subsana la reforma parcial de 2013” porque “perfecciona la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas de los tres poderes”.
En ese contexto, la funcionaria detalló que la presentación de las DDJJ se realizará a través de un formulario electrónico al tiempo que la información se hará pública. En caso de que un funcionario no cumpla con la presentación se le retendrá un 20% de los haberes.
En cuanto al conflicto de intereses, el proyecto establece que los funcionarios tendrán prohibido durante el ejercicio de sus funciones, ya sea en forma honoraria o remunerada, «realizar una actividad en el ámbito privado o prestar servicios para quien realice una actividad en ese ámbito sobre la que tenga algún tipo de atribución en ejercicio de la función pública».
Además, según aclaró la funcionaria, la ley establece restricciones por un año para exfuncionarios para poder reinsertarse en el ámbito privado. A su vez, pasado este tiempo, las sociedades que los contraten no podrán ser proveedoras del Estado por el mismo período.
“Nueve provincias no tienen una ley de ética pública. Esperemos que este debate las inspire y las invitamos a adherir si esta norma es sancionada”, señaló Alonso.
Abierta la ronda de preguntas, surgieron algunos cruces con diputados de la oposición.
La primera en tomar la palabra fue la legisladora del PO, Romina del Plá, cuestionó que se trate una iniciativa de ética pública en este contexto político. “Acá parece que nos vienen a contar un cuento de un país que anda todo bien”, dijo y criticó: “con este proyecto, Aranguren en un año vuelve a Shell”.
Por su parte, la diputada del FpV por Río Negro María Emilia Soria celebró estar discutiendo una ley de ética pública pero criticó el “paupérrimo” rol de la Oficina Anticorrupción. «Cómo se resolverían en la nueva legislación circunstancias de funcionarios con participaciones en sociedades offshore, cuando ni siquiera se pide que se declaren esas sociedades», le preguntó a Alonso.
“Qué bueno que el kirchnerismo desde 2016 a esta parte haya presentado muchas leyes de ética pública. Eso quiere decir que Cambiamos”, respondió la titular de la OA.
Acto seguido el jefe de la bancada kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, insistió con la idea de su compañera y sostuvo: “La pregunta es si es ético que funcionarios tengan cuentas off shore”.
«Me parece que esa es una discusión que en todo caso tienen que dar los diputados y este Congreso. Hay sociedades que están siendo investigadas en la actualidad por la justicia argentina, la de Suiza y la de Estados Unidos, pertenecientes a exfuncionarios de la gestión anterior; lo importante es declarar e investigar todo lo que corresponda ser investigado», espetó Alonso.
(Fuente: Ámbito Financiero)