Víctima de una mala praxis, Fanny Huenchul había concurrido al hospital público el 1 de febrero de 2008, para a someterse a una intervención, pero fue dejada parapléjica con tan sólo 27 años.
Su anestesiólogo fue condenado penalmente y actualmente tiene parte de su sueldo embargado; no obstante, la mujer nunca llegó a cobrar el resarcimiento económico a partir de la demanda realizada al Estado Provincial en aquél entonces, la cual tuvo sentencia definitiva por parte del Superior Tribunal de Justicia hace más de dos años.
La problemática que reconocieron desde el entorno de Huenchul es que la aplicación de la Emergencia Económica, establece entre otras cuestiones que “se suspenden las ejecuciones de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero, debiendo suspenderse de oficio la suspensión del proceso y notificar a las partes intervinientes”.
Además, plantearon que la damnificada por una mala intervención médica ve “frustrado su derecho constitucional a ser reparada económicamente”, agregando que “jamás se le abonó reparación alguna, muy a pesar de su humilde condición económica y de lo costoso que significa vivir con la adversidad de una paraplejía y todo lo que ello implica”.

Más de una década

El mes pasado se cumplieron once años del episodio, cuya causa civil tuvo sentencia de primera instancia el 5 de marzo de 2014 y fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) el 7 de diciembre de 2016.
A su vez, desde la representación legal de la ciudadana señalaron que “la falta de cumplimiento de la sentencia de condena se basa, en primer lugar, en la exorbitante prerrogativa que le asigna la Ley I 209 al Estado Provincial para cumplir con las sentencias en su contra”, ya que “debe transcurrir un año desde que se aprueba liquidación judicial para poder iniciar ejecución contra el Gobierno Provincial”.

Vivir con limitaciones crónicas

Hoy en día, Fanny Huenchul continúa utilizando una silla de ruedas, con limitaciones funcionales en sus piernas, así como también en sus miembros superiores, producto de la “paraplejía espástica” que le fuera diagnosticada tras sufrir un colapso durante la intervención que le realizaron en el Hospital local en febrero de 2008.
Además, está incapacitada para tomar elementos con sus manos, perdió la capacidad del habla y solamente se expresa a través de determinados gestos; se trata de una serie de secuelas de carácter crónico, por lo que utiliza una planilla con letras y frases, las cuales señala con un lápiz que utiliza en su boca.

Más de 8 millones de pesos

Además, la problemática mayor para Huenchul, representada por el abogado Ricardo Gabilondo, es que “en los últimos años se han dictado leyes de Emergencia Económica por las cuales se han prorrogado estas dilaciones, en perjuicio de los justiciables que ven frustrado su derecho constitucional a ser reparados económicamente”, según indicaron desde el entorno de la vecina a través de un escrito, sumando a ello que “a pesar del tiempo transcurrido y que el Estado debería haber previsto la inclusión de la condena de autos dentro de las partidas presupuestarias de los últimos ejercicios, el condenado jamás ha abonado reparación alguna ni ha formulado propuesta alguna para honrar la sentencia resarcitoria”, que ascendería a poco más de 8 millones de pesos.

Un decreto extendió la Emergencia

Por otro lado, el abogado de Huenchul planteó trabar una medida cautelar, teniendo en cuenta “la pérdida de vigencia de la última Ley de Emergencia Económica (VII 81), la cual preveía que la emergencia se declaraba por el plazo de doce meses a partir de su sanción, ocurrido el 9 de enero de 2018, por lo que el plazo de la emergencia se cumpliría el 9 de enero de 2019”.
Sin embargo, dos días antes de que se cumpliera el año, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del 7 de enero de 2019, publicado en Boletín Oficial, prorrogó el estado de Emergencia hasta el 8 de enero de 2020, dejando a Huenchul en la misma situación frente al monto que su abogado exige le sea otorgado como resarcimiento.