La jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel absolvió a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala, por el delito de usurpación y abigeato impulsado por Benetton y la provincia de Chubut. Esta había sido la causa madre utilizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para acusar a la comunidad de terroristas de la RAM, argumento rechazado por la magistrada. “Ellos siempre dijeron que no pertenecían a la RAM y no tengo motivos para no creerles”, sostuvo Estefanía, quien también ordenó la conformación de una mesa de diálogo para que sea el Estado provincial –junto a todas las partes involucradas- quien resuelva la cuestión territorial para esta comunidad originaria. A su vez, ordenó al Consejo de la Magistratura local que inicie una investigación por mal desempeño contra el fiscal Oscar Oro, el primer impulsor de la denuncia contra la Pu Lof.

Faltaron pruebas

La jueza Estefanía leyó la sentencia durante cuatro horas. De los imputados sólo estuvieron Fernando Jones Huala, Sergio Ruiz Huenchupan y Andrea Millañanco. Al momento de decretar la absolución de todos los imputados por el delito de usurpación (sí les endilgó a los integrantes de la comunidad una apropiación parcial del campo, sin permanencia constante, aunque sin ningún tipo de tipificación penal), la jueza enumeró algunas de las irregularidades que se cometieron durante la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, que le sirvieron a la magistrada para decretar la absolución.
“El día que se detuvo a los integrantes de la comunidad (27 de mayo de 2016) no se les secuestró teléfonos ni vestimenta para compararlas con las fotos del día de ingreso al campo, se imputaron personas a las que luego no se le realizó acusación formal, las autoridades policías y el MPF primero hablaron de violencia y luego sostuvieron que desde la comunidad había disponibilidad al diálogo; no se pudo probar si hubo robo de ganado, no se ofrecieron pruebas para entender cómo pudo haberse cometido ese delito. Y a modo de reflexión digo lo siguiente: advierto sobre posibles violaciones a pactos internacionales (por cómo se llevó adelante el conflicto), sostuvo la jueza.

Sin mesa de diálogo

La defensa había trabajado sobre la hipótesis de la criminalización de la protesta pero la magistrada rechazó ese planteo. Aun así, sostuvo que debería ser el Estado quien resuelva la cuestión territorial para las comunidades originarias. Por eso ordenó la conformación de una mesa de diálogo –como la que se había armado en octubre de 2016, clausurada intempestivamente por el gobernador Mario Das Neves-, donde se sienten todas las partes. Estableció un primer plazo de 90 días para los primeros informes sobre esa negociación.

Presiones de Bennetton

Durante las audiencias del juicio, fueron varios los testigos de la policía de Chubut quienes confesaron que recibían presiones directamente de “La Compañía” para avanzar contra la comunidad. El comisario de El Maitén, Víctor Osvaldo Veloso, declaró que “se había sentido presionado por La Compañía para hacer cosas ilegales”. Cuando le repreguntaron “de qué cosas hablaba”, el agente insinuó los pedidos de la empresa para detener a Jones Huala “bajo distintos métodos”.

RAM y Jones Huala

De las 96 causas vinculadas a la RAM difundidas por Bullrich, 84 eran NN. Es decir que no tenían autores identificados. Del conjunto de denuncias, 18 estaban relacionadas directamente a la Pu Lof en Resistencia Cushamen, que es el territorio donde desapareció y murió Santiago Maldonado. Una causa madre y 17 conexas para articular toda la persecución hacia Facundo Jones Huala y vincular a esa comunidad mapuche con la RAM.
En su sentencia, la jueza Estefanía sostuvo que no había elementos para hablar de la RAM, que los integrantes de la Pu Lof siempre rechazaron ser de esa organización y que incluso se habían armado más de 50 legajos de investigación paralelos para acusarlos. Por eso solicitó que también sea investigado el fiscal Oscar Oro.
(Página 12)

Gobierno de Chubut