Recientemente, un sujeto de apellido Dejodas fue condenado a la pena de cinco años de prisión por el delito de “promoción y facilitación de la prostitución”, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, nueve en total.
El edificio, que simulaba ser una casa particular en Roberto Gómez al 200, ya había sido señalado en denuncias a la línea telefónica municipal, al tiempo que el caso tomó estado judicial una vez que, desde la Dirección Nacional de Migraciones con sede en Puerto Madryn, su titular, Lourdes Schlemminger, denunció haber recibido llamadas anónimas de una mujer en crisis, que advertía que en dicha dirección había una mujer oriunda de Paraguay, la cual estaba siendo explotada con fines sexuales tras haber sido engañada; una metodología similar a la utilizada en el edificio de Villegas 516, donde cuatro mujeres paraguayas habían sido engañadas para trabajar como empleadas domésticas en Buenos Aires, pero recalaron en Madryn, donde sufrieron la misma suerte.

La pareja, condenada

Se trata de un nuevo “VIP” desarticulado en las afueras del casco céntrico, a metros inclusive de la infame “Rosadita”, otra vivienda varias veces allanada en la que hubo pruebas certeras de que allí se ejercía la prostitución, con una gran afluencia de clientes, inclusive de un empresario local vinculado a la pesca y señalado en una de las causas de narcotráfico más resonantes a nivel local.
Junto a Dejodas, fue también condenada su pareja, una mujer de apellido Ruiz, quien deberá realizar cien horas de trabajo comunitario, en beneficio del Estado o de instituciones de bien público; la misma, según la Justicia, fue “partícipe secundaria” del delito sobre las nueve mujeres paraguayas en situación de vulnerabilidad.

Un lugar “conocido”

Luego de que la denuncia realizada desde Migraciones diera origen a la causa, personal de Prefectura, de la Policía Federal con asiento en Madryn y de la Policía del Chubut realizaron varios procedimientos, en los que constataron que las mujeres vivían en el lugar, ejercían la prostitución y vendían bebidas alcohólicas, aparentemente sin habilitación.
El sitio era atendido por una persona trans, mientras que el propietario, Dejodas, descargaba mercadería en el “VIP” y se retiraba; todo ello, a bordo de un utilitario Renault Kangoo, según se desprende de los detalles de la causa.
La pareja del condenado vivía en una casa de la calle Colón al 600 junto a un pequeño de tres años de edad, y de acuerdo al expediente, la operatoria del prostíbulo comenzaba a las once de la noche, horario en que llegaban las mujeres, y terminaba a las 8 de la mañana.
Cobraban 500 pesos la media hora a los clientes, 1.000 la hora y doscientos pesos por “tomar una copa” con las prostitutas; como suele ocurrir con este tipo de espacios, no había un cartel con indicaciones, sino que a partir del “boca en boca”, los clientes tocaban el timbre y luego ingresaban.

Entrevistaron a las víctimas

Luego del primer allanamiento, que se realizó en 2016, los efectivos hallaron varios elementos de interés para la causa, entre ellos el contrato de alquiler, del cual la pareja del condenado era locataria, además de preservativos y dinero en efectivo.
Se constató que las mujeres vivían en el lugar y que el mismo estaba en condiciones inhumanas de habitabilidad.
Una agente civil de la Prefectura Naval Argentina ofició como intérprete de las víctimas, varias de las cuales hablaban guaraní, al tiempo que las mismas también fueron entrevistadas por la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas.

Qué encontraron en los operativos

En uno de los allanamientos posteriores, los uniformados constataron la presencia de Omar “Cura” Segundo, a quien le secuestraron dinero; en ese momento había en el lugar nueve mujeres y doce hombres, varios de ellos clientes, además de Dejodas, el dueño del inmueble.
Allí también secuestraron preservativos, algunos de ellos usados y tirados dentro de un tacho; gel íntimo, cocaína, tarjetas con indicaciones del lugar y hasta el carné de discapacidad de una de las mujeres que aparentemente era obligada a prostituirse, además de una importante cantidad de bebidas alcohólicas.

La mujer dijo que “vendían pescado”

En una de sus declaraciones, Dejodas puntualizó que “no todo es verdad” y aseguró que las mujeres podían decidir las condiciones de trabajo, reconociendo que utilizaba el inmueble para regentear un VIP.
Los jueces Enrique Guanziroli, Nora Cabrera de Monella y Mario Reynaldi entendieron que la pareja alquiló y utilizó la vivienda para el delito de promoción de la prostitución, donde el hombre decidía quién trabajaría allí y en qué días y horarios, entre otras cuestiones.
Además, el condenado sostuvo en otro pasaje de su declaración que “tenía que cuidar a las chicas para que no les pase nada”, aduciendo que, frecuentemente, se contactaba con la empresa de remises ubicada frente a la Terminal de Ómnibus para que se llevara a algún cliente que se había “pasado de copas”, además de señalar que personal policial concurría todas las noches al lugar, solicitaba documentos a los presentes y luego se retiraba.
La pareja de Dejodas, por su parte, dijo que ambos “vendían pescado” y que el dinero hallado en uno de los allanamientos pertenecía a dicha actividad, agregando que su concurrencia al prostíbulo era para “vender cosméticos a las mujeres”.

Un pedido desesperado

Uno de los elementos incautados en el marco del caso es un billete de cinco pesos, con la leyenda, escrita a mano: “Ayuda, soy Celeste , me tienen en Roberto Gómez, no me deja salir el dueño de Madryn, soy de Paraguay, ayúdenme”.
El billete fue entregado por una mujer a un efectivo policial en un kiosco de revistas de la ciudad.
La Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas, tras las entrevistas, dio cuenta de las graves consecuencias psicológicas del sometimiento sexual al que eran expuestas las víctimas: “Se identifican con su captor, quedando a expensas de sus decisiones sobre sus cuerpos y vidas, y manteniendo un lazo de fusión que atenta contra su libertad de acción y decisión”.

Síndrome de Estocolmo

Al mismo tiempo, el informe advirtió un cierto “aval” o “tolerancia” de las víctimas hacia el propietario del VIP, precisando que “hubo contradicciones en los relatos cuando se preguntó cuánto ganaban, lo cual permite inferir que trataban de encubrir al reclutador” y añadiendo que “conocían a la esposa del reclutador y según sus palabras, ’ella es muy buena’” y que “nunca pudieron decir que eran reclutadas, sino que se les ofrecía una casa, dinero y comida”.
Al igual que lo ocurrido en el prostíbulo de Villegas 516, varias veces allanado hasta que la presión social obligó a la Justicia a clausurarlo, las víctimas en este caso, también tenían un bajo nivel de escolarización, y la mayoría no había terminado la escuela primaria. Sólo una contaba con secundario completo.
De acuerdo a la investigación, cobraban la mitad de la ganancia por la venta de “copas”, es decir, cien pesos por cada una, además de que “preguntadas por si podían elegir negarse a atender a un cliente, manifestaron que eran obligadas”; sumado a ello, trabajaban los siete días de la semana.

Dos detenidos “emblemáticos”

De este modo, Dejodas se suma a Aborsky, otro ciudadano con residencia en Puerto Madryn condenado, en este último caso, a nueve años de prisión por el delito de trata de personas, luego de que se constatara que tanto él como una mujer, de apellido Amarilla y prófuga hace varios años, regenteaban el “VIP” de la calle Villegas al 516, ubicado a metros de varios establecimientos escolares, donde retenían a cuatro mujeres oriundas de Paraguay, y las obligaban a prostituirse.
Lo llamativo es que, hasta el momento, no se hubiera constatado de manera fehaciente que existiera una “ruta” de trata de personas consolidada entre el país vecino y la ciudad de Puerto Madryn, a la vista de dos causas resonantes que evidencian un flagelo que está lejos de ser erradicado.

Engañadas

En el caso de Aborsky, las mujeres habían sido ofrecidas por un contacto que el sujeto, que vivía en la ciudad del Golfo, poseía en Paraguay.
Tras ser “vendidas” desde aquél país, fueron subidas a un micro bajo la promesa de que trabajarían como empleadas domésticas en Buenos Aires; sin embargo, fueron trasladadas en micro de larga distancia, sin que se percataran de ello, a la ciudad de Madryn, donde ni bien arribaron, fueron llevadas al “VIP” y allí, obligadas a prostituirse.
El lugar fue varias veces allanado, incluso luego de que la causa culminara con la sentencia a prisión de su propietario, constatándose de que seguía funcionando como un prostíbulo a pesar de estar bajo la órbita de la Justicia comodorense, es decir, decomisado.

Una más y van

Otros lugares similares como “La Rosadita”, ubicada sobre el pasaje José Menéndez, también fueron varias veces blanco de procedimientos policiales y judiciales, pero continuaría funcionando.
La presencia de este tipo de lugares no es algo nuevo, y hasta un concejal se animó a decir, hace algunos años, que había “unos cien VIPs” en Madryn, lo cual luego no pudo comprobarse o ser respaldado con documentación; sin embargo, se trata de un circuito que funcionaría en varios espacios disfrazados de otro tipo de inmuebles, como viviendas particulares y “bares”; en definitiva, “whiskerías”.
Otra causa por trata de personas, que inició en 2015 a partir de la denuncia de un jefe policial, también culminó con una agente policial detenida e incluso aspirantes exonerados de la Fuerza, antes de que ingresaran, tras una serie de allanamientos en prostíbulos disfrazados de viviendas, entre ellos, uno ubicado en 9 de Julio al 400, en pleno centro de la ciudad.