Por Trivia Demir

La política doméstica sigue sin levantar vuelo en términos discursivos y el desgaste se hace sentir en el alto porcentaje de indecisos que superaría el 20% del electorado. A diez días de las PASO, hay ansiedad y sobre todo cruces innecesarios que no aportan seriedad a la institucionalidad. Más bien deja entrever un exacerbado modo de ejercer la política para fines personales que justifica cualquier tipo de desacreditación u operativo. Todo esto inquieta a quienes deberán someterse a un plebiscito público el próximo 7 de abril, porque las Primarias serán una radiografía inapelable de lo que opina el electorado chubutense.
Con un voto bastante polarizado y encima partido por una tercera fuerza, el descrédito solo contribuye a debilitar cualquier poder, porque en definitiva, asuma quien asuma contará con poco más de un tercio de apoyo. Un dato no menor en épocas complejísimas ya que la verdadera carrera comenzará a partir de la definición anticipada en las urnas, donde habrá que ver como se enfrenta el fuerte déficit provincial, los compromisos de aumentos salariales contraídos antes de las elecciones y los pagos de deuda que apremian por más de 11 mil millones este año. Con parte del país y del poder central, entretenidos en un proceso electoral larguísimo, donde para junio pese a haber ya definido Chubut sus nuevas autoridades, tendrá por delante tres elecciones más (si hay ballotage).
Si Mariano Arcioni logra reelegir es probable que se encaucen de manera menos traumática los meses que quedan de gobierno hasta finales de 2019. Pero si gana otra fracción, ese próximo semestre puede ser letal en término de conflictos administrativos y políticos.
Para el candidato a vicegobernador, Ricardo Sastre “las chicanas de la época previa a las elecciones, no sirven de nada. Y mucho menos marcar regionalismos dentro de la Provincia, cuando lo que se busca es unir, y crecer”. Además, el actual intendente de Madryn aclaró que “nosotros (por la fórmula de Chubut al Frente con Arcioni) desde el lugar que nos toca, estamos diciendo en forma constante lo que queremos para Chubut. No queremos más avasallamiento a nuestros derechos, ni más embates. Hay que terminar con las políticas que vienen desde arriba a decirnos que el impacto será en los que menos tienen. Es una locura llegar a pensar que esos pueden ser principios a la hora de hacer política. Que se lo expliquen a la gente, que les digan en la cara lo que piensan hacer y cómo van a hacerlo. Pero terminemos con los cruces inertes que lo único que hacen es poner trabas, y generar un nivel de desconfianza con pocos precedentes en la gente. Si todos dicen querer lo mejor para Chubut, que no sea solo un discurso”, sentenció ayer.
Es que la falta de proyectos sólidos ha reducido la campaña a avivar la conflictividad que subyace en el oficialismo, y aportar casi en exclusiva cuestionamientos a la actual gestión. Tanto es así que los slogan mismos de Cambiemos por ejemplo, arrancan sus propuestas en audio y videos, directamente criticando a la actual gestión, algo muy poco visto en la historia política territorial.
Lejos de toda ortodoxia y construcción, el posicionamiento de los principales candidatos se reduce a una ´comparativa interesada´. Relatos que en lugar de contribuir a la tranquilidad de los vecinos que deberían entender el ejercicio democrático de elegir sus representantes como una práctica esperanzadora, termina siendo una apuesta a ciegas al gladiador que mejor pegue.

El rol de los medios

De allí la necesidad imperiosa de poner en escena mediática a este enredo de egos personales e intereses sectoriales acotado, para contribuir a desentrañar las mejores opciones. En ese marco, y al filo de las elecciones provinciales considerando que estamos a diez días de las PASO, por lo menos esta semana avanzó un poco el acuerdo por la ley de financiamiento político. Fue este miércoles luego que el Senado volvió a aprobar en comisión un dictamen de la ley de financiamiento político que contempla la bancarización de los aportes de campaña, la habilitación a recibir aportes privados y un cupo de publicidad para los medios digitales de producción nacional.
El despacho se firmó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales y reemplazó el que se había consensuado en noviembre y estaba en condiciones de aprobarse en el recinto. En una sesión fugaz, los líderes del PJ y Cambiemos acordaron con sus pares desestimar esa versión y realizar varios cambios en un plenario para aprobarlo el 10 de abril.
No son modificaciones sustanciales: el texto final mantiene la autorización a recibir aportes de personas jurídicas de hasta el 2% de los gastos permitidos, mientras que la Cámara Electoral definirá el tope de ayuda posible de este sector, hasta ahora inhabilitado a contribuir. El 30% de los aportes totales de los partidos deberán destinarse a capacitación.

Los aportes sindicales

El debate reabierto será por la inhabilitación de los sindicatos a contribuir en las campañas, incorporada en el dictamen de noviembre y cuestionada por el sindicalista Guillermo Pereyra, de Neuquén. Pedirá modificar ese inciso en la sesión, el peronismo acompañaría, pero Cambiemos sostendrá el rechazo y la votación será pareja.
El peronista Guillermo Snopek, en tanto, propone prohibir «contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren imputadas en un proceso penal en trámite». Un tema sensible, porque muchos empresarios de la construcción tienen cuentas pendientes en la justicia y quieren ayudar a diferentes candidatos presidenciales sin correr riesgos.
El kirchnerismo no participó del debate en comisión y rechazaría la ley, por no aceptar la incorporación de aportes privados. El dictamen de rechazo lo presentó Magdalena Odarda, rionegrina y del Frente Progresista, pero aliada de Cristina en casi todas las votaciones. Mientras que José Mayans (Formosa) y Mario País (Chubut), compañeros de Pichetto pero cercanos a la expresidenta, objetaron una decena de artículos y votarían en contra.

Algo para los medios argentinos

La novedad incorporada la semana pasada es que el 60% de la publicidad digital de campaña fondeada con «recursos públicos» deberá ser destinada a «sitios periodísticos digitales», el 35% de alcance nacional y el 25% provincial. Se trata de un pedido que hicieron al Senado y a la Casa Rosada, ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentina) y la Asociación de Periodismo Digital (APD) y fue bien receptado por todas las fuerzas políticas.
El objetivo es evitar que las multinacionales Google y Facebook, que contratan una mínima dotación de personal en el país y en el caso de la firma de Zuckerberg ni siquiera pagan impuestos, se lleven el grueso del presupuesto público. Con un agravante: ambas plataformas son el vehículo por el que se distribuyen las fake news que distorsionan los sistemas democráticos y las votaciones. Se trata de una legislación de avanzada y que podría replicarse en otros países. De hecho, este martes el Parlamento Europeo en una votación histórica sancionó una norma que obliga a estos gigantes, que concentran el 80 % de la publicidad mundial, a pagar a los medios europeos por el contenido de ellos que distribuyen.

Más control de redes

Además, a pedido de la Cámara Nacional Electoral, el proyecto la habilita a crear un «registro de las cuentas de redes sociales, sitios de internet y demás canales digitales de comunicación de los precandidatos, candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias». Intentará combatir las “fake news”.
Esta regulación de las plataformas digitales no terminó de quedar definida, porque las senadoras Olga Brizuela y Doria (UCR) y María Fiore (Interbloque federal) recordaron que sólo aceptan pagos por tarjetas de crédito y las agrupaciones no tienen como facturarlo. «Hay que pedirlas en Irlanda», bromeó Alfredo Luenzo (Chubut), uno de los promotores del aporte a los medios digitales. «Hay que aclarar que sean de producción propia, no un repetidor de contenido», diferenció el periodista de profesión. Todo esto que hace a las urgencias inmediatas de campaña y sobre todo a los procesos electorales que requieren ser difundidos lo más ampliamente posible para conocimiento del electorado, por ahora se seguirán discutiendo en el recinto. Pero en definitiva, habría ley. Habrá que ver…

Fuentes: NA, Parlamentario, LPO, propias