En 2010, Carlos Adrián Rocha cobró notoriedad pública cuando fue investigado como sospechoso de haber protagonizado un violento asalto a un locutorio de la avenida Portugal, cometido el 6 de noviembre de ese año, aunque después la Justicia ordinaria no pudo probar su participación.
Cinco años más tarde, fue condenado a prisión en suspenso en una causa federal por tenencia de drogas. Sin embargo, incumplió con las reglas de conducta y la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que sea capturado y trasladado a la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, donde debe empezar a cumplir con una condena de un año de prisión efectiva.

Qué tareas debía cumplir

En septiembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a Rocha a la pena de un año de prisión en suspenso, multa de doscientos pesos y costas, con la condición de “fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas, de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida, realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional, someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia, adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo”.

Su domicilio “no existía”

Además, Rocha tenía la obligación de realizar doscientas horas de trabajos no remunerados a favor del Estado o de una institución de bien público, como autor responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes en infracción al artículo 14 primera parte de la Ley 23.737, la que se encuentra firme.
Sin embargo, cuando la Policía Federal fue a dejar la cédula de citación y notificación a fin de labrar acta de compromiso por las condiciones de la sentencia, esta no pudo ser entregada porque la altura catastral denunciada no se correspondía con la residencia y los vecinos lo desconocían.
Se ofició a la Secretaría Electoral que informó que el último domicilio de Rocha era en calle Patagonia y Misiones sobre una altura que la Policía Federal no encontró porque la numeración catastral que estaba asentada no existía y que los vecinos desconocían al condenado. También dieron cuenta de lo mismo los efectivos de la Seccional Segunda.
De esa manera, la Fiscalía ordenó su detención y revocar la libertad condicionalidad del condenado.