Se suspendió el juicio oral y público en la causa que tiene como imputados al comisario Omar Alejandro Pulley, Guillermina Ferreira Almada, Juan Carlos Cuellar Gamboa, y los ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Municipal, Antonio Zúñiga, Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos. La audiencia continuará el lunes 18 de marzo, a las 8 horas en los tribunales de Comodoro Rivadavia, y se prevén 12 jornadas de debate para el caso con 150 de testigos.
Ayer lunes 11, se plantearon cuestiones previas como la nueva integración del tribunal y la designación de una nueva jueza; y el estado de salud de uno de los imputados, Antonio Zúñiga.

“Pérdida de memoria”

Durante la audiencia, el imputado Zúñiga no pudo identificarse con su nombre ante el tribunal, por lo que su defensor explicó que su pupilo “con su esposa se mudan de la ciudad y que tuvo un golpe fuerte, en agosto del año pasado, que le hizo perder la memoria”. Al tiempo que presentó un certificado médico y solicitó su atención en el Cuerpo médico Forense el pasado viernes. Aduciendo que “le indicaron una serie de estudios complementarios”, por lo que solicitó que “el debate a su respecto no se inicie”.
A su vez, el fiscal general Martín Cárcamo, respecto de este planteo, adelantó que solicitó la intervención del Cuerpo Médico Forense para que evalúe esta situación. Y dijo que es imposible suspender el debate respecto de Zúñiga, “sería dispendioso reeditar el debate para él con la numerosa cantidad de testigos, lo saludable es que el debate se realice con la totalidad de los imputados”.

Recusación de una Jueza

Respecto del planteo de la recusación de la jueza Tassello, quién se excusa; luego se designa a la doctora García, se debe conceder el plazo de Ley a la defensa para proceder al análisis sobre si la nueva jueza integrante del tribunal no ha intervenido, como fiscal o como jueza en la investigación.

Finalmente, el tribunal compuesto por los jueces Gladys Olavarría, Jorge Odorisio y Mónica García resolvió suspender el inicio del debate hasta que las partes se pronuncien sobre la designación de la doctora García como nueva integrante del tribunal hasta el próximo 15 de marzo; suspendiendo el inicio del debate hasta el próximo 18 de marzo.
Respecto del estado de salud del imputado Zúñiga ordenaron a la Oficina Judicial que mantenga al tribunal informado acerca de los estudios que se está realizando.

Los hechos

Los hechos ocurrieron desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 2 de julio de 2016; según la acusación, en Francia al 500 funcionaba un departamento VIP, propiedad de Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, en el cual al menos cinco mujeres ejercían servicios sexuales.
El dinero percibido era abonado a Ferreira Almada, a la vez que Cuellar Gamboa brindaba condiciones de seguridad interna. Asimismo, siempre según el relato fiscal, el comisario Omar Alejandro Pulley, como Jefe de la Seccional Primera, estableció vinculación personal con los ocupantes de dicha morada, a pesar de tener conocimiento de la actividad ilícita que allí se desplegaba.
Desde el 28 de agosto de 2014 y hasta aproximadamente el 28 de agosto de 2015, Pulley habría aceptado los ofrecimientos de dineros o dádivas formulados por Ferreira Almada y Cuellar gamboa para omitir los controles al lugar, brindar protección policial al lugar y asesorar en la empresa criminal. Percibiendo por dicha tarea una pistola tipo reliquia y dinero en efectivo remitido por Ferreira Almada a Pulley por la empresa Via Cargo.
La investigación preparatoria ha permitido acreditar la materialidad de los hechos y la autoría de los encartados, a la vez que el fiscal aseguró que existe base probatoria suficiente para la elevación del caso a juicio.
Calificando legalmente los mismos como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real”, en calidad de coautor para Cuellar Gamboa. Respecto de Ferreira Almada como “facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación económica de la prostitución, al menos 5 hechos en concurso real” como coautora; “en concurso real con cohecho activo, el menos 4 hechos en concurso real”, en calidad de autora. En tanto que para Alejandro Pulley como “cohecho pasivo, al menos 4 hechos, en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de autor. Estimándose una pena entre 7 y 9 años de prisión para Cuellar Gamboa, de 10 a 12 años de prisión para Ferreira Almada y de 4 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Pulley.
La otra parte consistente en legajos conexos con acusación formulada el pasado 4 de agosto de 2017. Antonio Zuñiga desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 5 de diciembre de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia habría ejecutado actos administrativos contrarios a la Ley de profilaxis, asimismo ilegalmente habría omitido hacer actos de su oficio en su calidad de funcionario público. Fue nombrado en febrero de 2013 como subsecretario de Seguridad Municipal, debía cumplir con la Ordenanza 10577/12 que le exigía el cumplimiento de la Ley de Profilaxis que exige la erradicación de la prostitución y la venta de bebidas alcohólicas. Zuñiga habría emitido libretas sanitarias para reemplazarlas y facilitar que mujeres ejercieran la prostitución de manera encubierta en los locales comerciales Bagatel, El Duke, Belgrano I y II y Zulu.
Según el MPF y lo aportado por testigos, Zúñiga durante este período asesoró, brindó información y coordinó las inspecciones a los locales, donde omitió controlar y manipuló el contenido de las Actas de Inspección donde no consignó irregularidades.
El segundo hecho aconteció, de acuerdo a la acusación, el entre el 1 de febrero de 2013 y hasta el 5 de diciembre de 2016 los coimputados Antonio Zúñiga, Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos, funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Seguridad municipal, valiéndose de la condición de ser la autoridad de aplicación, en claro ejercicio abusivo de sus funciones, exigieron dinero bajo apercibimiento de clausura a los titulares de departamentos VIP y prostíbulos radicados en el centro de la ciudad. El dinero era percibido de manera periódica y reiterada; y su exigencia era para permitir el normal funcionamiento y el ejercicio de la prostitución ajena de manera ilegal. Se corroboró que estos dineros, así como los elementos decomisados de manera ilegal en los VIP, fueron convertidos por los coimputados en provecho propio y en favor de terceras personas. También la acusadora imputó la protección por parte de Zúñiga y Velázquez del VIP de la calle Francia propiedad de los coimputados Ferreira Almada y Cuellar Gamboa.
Encuadrando jurídicamente estas conductas como “exacciones ilegales agravadas en carácter de consunción, bajo la modalidad de delito continuado; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en calidad de coautores; en concurso ideal con “incumplimiento por omisión” para Zúñiga y Velázquez como coautores y Barrientos como partícipe secundario de las exacciones ilegales agravadas. Estimándose una pena de 7 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Zúñiga y Velázquez; y de 3 años de prisión para Barrientos.