En la segunda jornada de juicio oral y público que enfrenta Abel Reyna, el exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda en Comodoro Rivadavia que fue acusado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.
Los empleados del Instituto Provincial de la Vivienda que declararon coincidieron a afirmar que durante la gestión de Reyna funcionaba un IPV paralelo que atendía por calle Asturias.
Uno de ellos contó que era contratado y su tarea consistía en armar los listados de las personas con necesidades habitacionales para luego programar la agenda con las audiencias que debía atender el titular de la Delegación, pero con la llegada de Reyna todo ello cambió.

Testimonios

En el segundo día del juicio, la primera testigo fue una persona que ofició de testigo de actuación. El segundo testigo fue Nelson Turrillo, quién se desempeñó como gerente general del IPV quién se refirió a una nueva normativa que tendía a la descentralización de las Delegaciones en la provincia que les deba una mayor autonomía. También mencionó que se actualizó el padrón de datos, de postulantes, en todas las delegaciones de la provincia. A mayor necesidad social, mayor puntaje. Una vez publicado el listado de postulantes en los medios todas las impugnaciones se contestan de manera legal, agregó. También declaró sobre el caso puntual de la vivienda entregada a cambio de favores sexuales.
Varios empleados del IPV de Comodoro Rivadavia, fueron contestes en que en esa época habían armado un IPV paralelo, recibían a parientes, amigos y entenados. Afirmaron que desde Rawson, estaban enterados de todas estas cosas y que se trataba de una asociación ilícita. Todos los testigos empleados declararon que veían maniobras y toda la organización paralela.
Declaró un testigo que había sido de identidad reservada que había pagado 80.000 pesos a Acosta y que al poco tiempo le habían dado la vivienda. Y que luego le dijeron que eso no era regular entonces se presentó en la fiscalía.
Luego una testigo que impugnó los 81 Legajos de las viviendas del barrio Gas del Estado, y le explicó a la jueza todos los casos de ese barrio, que ninguno tenía el puntaje que había alcanzado ella. Recordó que habían manipulado los puntajes, que había gente que estaba acumulando puntos desde que había nacido y que eso hablaba de la manipulación de los legajos.
Ese IPV paralelo lo manejaba Reyna con esas personas a las que él les había dado cargos, coincidieron los testigos Ortiz, Batistina y Echegaray.
El defensor por su arte contrainterrogó a todos los testigos y a los empleados intentó sacar a relucir sumarios administrativos que habían tenido. Ortiz y Echegaray confirmaron que habían tenido sumarios y que los habían suspendido y habían pagado por ellos, pero que todavía se encontraban trabajando en el Instituto. El testigo Echegaray dijo que Trovant sabía de todas estas circunstancias.
El debate es presidido por Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.