El juez de garantías de Neuquén, Gustavo Ravizzoli, excusó del delito de usurpación a integrantes de la comunidad de Campo Maripe, que ocupaban tierras cerca del yacimiento petrolero de Vaca Muerta.
“Más allá de que la cuestión es litigiosa, sensible y especialmente compleja, no se puede concluir de modo alguno a quién pertenece el espacio que está en disputa hoy”, señaló el magistrado al fundamentar su fallo.
Asimismo, manifestó que hay un proceso civil abierto en el cual se definirá la posesión de las tierras en cuestión.
Al final de la lectura de la sentencia, la abogada que representa a la comunicad, Micaela Gomiz, expresó a la prensa que “es absolutamente valorable que un fallo dé muchísimos argumentos jurídicos que toman el derecho indígena tanto constitucional y convencional, tanto a nivel nacional e internacional”.
“El juez ha sostenido que no se pudo comprobar un dolo necesario para el delito de la usurpación, la comunidad actuó absolutamente convencida de que es dueña del territorio, que posee ese territorio de manera tradicional, de manera comunitaria como una posesión indígena”, explicó Gomiz.
Además, señaló que “el Poder Ejecutivo tiene que llevar adelante el relevamiento de la ley 26.160, para dar certeza jurídica de cuál es la ocupación que tiene la comunidad Campo Maripe, porque la absolución de hoy no va a resolver el conflicto de fondo”.
En la tarde de ayer se conoció la sentencia histórica de la Justicia, que absolvió a los acusados por entender la vinculación cultural y ancestral del terreno con la comunidad, por lo que no se pudo demostrar que los acusados actuaron con dolo (cometer voluntariamente un delito). Ravizzoli, además, expresó que no puede determinar a quién pertenece la propiedad de ese espacio.
«Se pudo valorar que estamos frente a un conflicto social y en aplicación de toda la normativa que resguarda los derechos de las comunidades indígenas. El juez ha decidido absolver considerando que existe una vinculación con el territorio, filosófica, espiritual y material, y esto le quita el dolo de usurpar un terreno que no le pertenece», consideró Emmanuel Guagliardo, uno de los abogados defensores de la comunidad junto con Micaela Gomiz.
«Ha quedado claro que la comunidad ha actuado en resguardo de lo que considera que es su propiedad comunitaria indígena», agregó el letrado al finalizar la audiencia.
Desde que inició el juicio, las audiencias tuvieron amplia concurrencia de organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Al conocerse la absolución, se vivió un clima de emoción y festejos que colmó la sala.