El Senado pretendía debatir ayer en comisión una ley de regularización del trabajo en negro, pero se postergó ante el faltazo de la CGT. Los empleos asalariados no registrados sumaron 4.850.000, de acuerdo con las cifras del INDEC. El «blanqueo laboral» propicia una condonación de deudas fiscales y de la seguridad social a los empleadores que tengan «trabajadores en negro». La norma impulsada por la Casa Rosada crea un «perdón total” tanto en el plano penal, administrativo y judicial, de modo que el empleador quede totalmente eximido de cualquier sanción en función de las normas vigentes.
Según el INDEC, los últimos datos del mercado laboral no registrado indican que en enero se contabilizaron aproximadamente 12.112.500 trabajadores registrados, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Producción y Trabajo.
Sobre el total de los trabajos registrados, 6.170.000 empleos corresponden al sector privado, en función de los datos que surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En cuanto a los puestos de trabajo asalariados no registrados, el dato oficial más actualizado hace referencia al tercer trimestre del año pasado. En este período, según el Indec, los empleos no registrados sumaron 4.850.000, en tanto que los cuentapropistas llegaron a 4.960.000.

Circulo vicioso

La iniciativa, que lleva como título «Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral» comprende de 21 artículos y se esperaba que ayer comenzara el debate en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, pero no prosperó. Se trata del mismo texto que el ministro Dante Sica venía negociando con la CGT desde el fracaso del proyecto de Reforma Laboral que su antecesor, Jorge Triaca, había enviado al Parlamento y que fue fuertemente rechazado por las centrales sindicales.
Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, indicó que «es estrictamente necesario un blanqueo laboral, puesto que gran parte de la informalidad se genera y es producto del empleo no registrado».
Esto se debe a que al tener empleados no registrados, que se estima rondan el 50%, el empleador debe generar el dinero en negro o informal para poder hacer frente a esos gastos, por lo que debe necesariamente tener ingresos no facturados, convirtiendo esto en un círculo vicioso sin fin.

Perdón para los empleadores

Conocido el texto del nuevo proyecto, el abogado laboralista, Juan Carlos Cerutti, señaló que «es grato ver que han corregido los errores que pudieron observarse en el proyecto anterior que no se logró aprobar».
«En el actual se trata de un proyecto único, que no pretende introducir ni modificar ninguna norma laboral que pueda ser interpretada como flexibilización laboral», remarcó. «Es clara la pretensión de incluir al régimen legal a millones de trabajadores que hoy no están registrados (totalmente en negro) o lo están parcialmente», agregó Cerutti.
El blanqueo es por 365 días, sin distinción de mayor o menor condonación de deuda. Se condona el 100% de cualquier deuda que por seguridad social, sindical o de obra social pudiera generar el reconocimiento de antigüedad o salario.
Se computa un máximo de 60 meses de antigüedad para las relaciones que se denuncien nuevas. Se condona, por 24 meses, el pago del 100% de los aportes a la seguridad social por las nuevas relaciones blanqueadas. Es decir que no le genera a la Empresa un gasto mucho mayor.

Juicios laborales

En cuanto a los juicios laborales se reducen notablemente sus montos por empleo no registrado. No computan los montos de multas de la ley 24.013 para los honorarios de peritos ni abogados. Por lo que dejan de ser tan atractivos.
En tanto, Daniel G. Pérez, titular del estudio que lleva su nombre, puntualizó que «uno de los temas complejos en este proyecto, es el plazo de un año para regularizar. Cual será el comportamiento de los actores interesados a lo largo de ese año, teniendo en cuenta que solo pueden ingresar al régimen las relaciones iniciadas con anterioridad a la promulgación de la ley. Este es un tema central», advierte Pérez.

Adhesión de las provincias

Sebastián M. Domínguez, Socio de SDC Asesores Tributarios, indicó que habitualmente los proyectos de este tipo «invitan a las Provincias, CABA y los Municipios a adherirse al mismo».
Sucede que si no lo hacen, las Provincias y CABA pueden realizar ajustes del impuesto sobre los ingresos brutos, los Municipios ajustar tasas, entre otros. Esto puede conspirar contra el blanqueo porque los ajustes, multas e intereses pueden ser relevantes.
«En consecuencia, es importante que se incluya en la ley la invitación y negociar políticamente con los gobiernos subnacionales la adhesión al blanqueo», advierte el experto. Respecto de los impuestos nacionales, el proyecto indica que la AFIP se abstendrá de realizar ajustes impositivos.
No existe una definición en la ley 11.683 sobre que son «ajustes impositivos». Ademas la abstención, no implica que no corresponda el impuesto, motivo por el cual sería conveniente que la ley directamente exima o condone los impuestos nacionales vinculados a las relaciones laborales que se regularicen.
«Por la redacción, no queda muy claro si se refiere solamente a que si se ingresa en el blanqueo hay que regularizar todas las relaciones laborales ya que de lo contrario se pierden los beneficios o si tambien se refiere a que en el futuro no se podrán tener relaciones laborales no registradas o deficientes», apunta el experto. «Entendemos que se quiere contemplar el primer caso comentado sin condicionar a las relaciones laborales futuras», agregó.

Borrón y cuenta nueva

Desde un punto de vista de los principios, es razonable que el Estado diga: «Regularicen las relaciones laborales, les perdonamos las deudas pero a partir de ahora deben registrar correctamente a todos los trabajadores».
Pero esa razonabilidad, pierde sentido en la Argentina que conocemos. No obstante, interpretando lo que mencionamos, entendemos que la ley debería contemplar parámetro para el decaimiento del beneficio.
«Puede suceder que un empleado sostenga que contaba con un celular para su uso personal y que eso implica una mayor remuneración. Esa mayor remuneración al no estar declarada haría caer el blanqueo por más insignificante que sea», advirtió Domínguez.
En consecuencia, entendemos que el blanqueo laboral debería tener un parámetro similar al que se introdujo en el blanqueo impositivo o Sinceramiento Fiscal previsto por la Ley 27.260.
Por Decreto se introdujo que si se detectaban bienes no declarados por una cifra menor a $305.000 o al 1% del valor total de los bienes exteriorizados, el mayor, no decaían los beneficios del blanqueo.

El faltazo irritó por igual al oficialismo y la oposición

La CGT pegó el faltazo este martes de forma sorpresiva al plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado, que se disponía a iniciar el tratamiento de un proyecto sobre blanqueo laboral presentado por el sanjuanino Roberto Basualdo e impulsado por el Gobierno.
Tanto los secretarios generales de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña, como los integrantes del consejo directivo habían sido invitados al plenario por el senador Daniel Lovera (PJ La Pampa), pero se ausentaron sin justificación, lo que fue irritó por igual al oficialismo y la oposición.
“Veníamos con toda la intención de sacar dictamen. El proyecto fue consensuado con la mayoría de las fuerzas políticas y en reuniones previas con el ministro de Producción, Dante Sica”, expresó el radical Julio Cobos, quien lamentó la ausencia de la CGt y agregó: “Se que las condiciones en el país no son las mejores para la toma de empleo, pero necesitamos sumar fuerzas”