Ayer se dio a conocer la sentencia condenatoria de tres años de cumplimiento efectivo para Abel Reyna, un ex delegado del Instituto Provincial de la Vivienda en Comodoro Rivadavia, durante la gestión del ex gobernador Martín Buzzi.
Reyna fue declarado penalmente responsable de los delitos de “cohecho en concurso real con concusión, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público, dos hechos en concurso real”.
Imponiéndole la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos o empleo público. Absolviéndolo por los delitos de tráfico de influencia y falsedad ideológica en perjuicio de la Administración Pública.
La jueza consideró probados el primer, el tercer y el quinto hecho imputados, el de las maniobras ilegales para otorgar viviendas en el Plan 81 viviendas del barrio Ciudadela. El pago de un particular a Reyna y Darío Acosta para que se le otorgara una vivienda; y la entrega irregular de una vivienda a cambio de sexo. También la entrega irregular de viviendas a sus colaboradores Acosta y Medina Consoli. La jueza también sostuvo que Reyna encubrió la actuación de Ricardo Trovant.
Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.
La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.
Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían.
De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda.
Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad.