Abel Reyna, exdelegado del IPV en Comodoro Rivadavia, declaró este lunes en el juicio donde se le acusa de actos de corrupción. Al exfuncionario se le imputa haber cometido fraude para beneficiar a personas con la adjudicación de viviendas, haber recibido coimas y también está acusado de pedir favores sexuales a una mujer, madre de un chico discapacitado.
Reyna negó todos los cargos que se le imputan, y no aceptó preguntas por parte de Fiscalía, y entre otros aspectos aseguró que “cuando yo me hago cargo de la delegación, tenía referencia de anteriores delegados que me habían manifestado que había un personal complicado y que había algunos con quienes tener especial cuidado”, dijo en alusión a Echegaray y Ortiz, dos empleados que declararon como testigos en su contra.
En ese marco, el exdelegado del IPV, negó además haber solicitado alguna vez favores sexuales a cambio de beneficios en materia de viviendas.
En la audiencia se escuchó además a la última testigo, se incorporó la prueba documental y finalmente la declaración del imputado. El próximo jueves 4 de abril, se concretarán los alegatos finales de las partes.
El juicio es presidio por la jueza Mónica García, en representación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal General, por la querella, María Laura Martensen, abogada patrocinante del IPV, y la defensa de Reyna, es ejercida por el abogado Guillermo Iglesias.

Testimonio

La última testigo, en este juicio, sostuvo que conocía a Reyna por trámites que estaba haciendo en el IPV, y “después me atendía él, yo iba por la parte de atrás”, dijo al afirmar que el exdelegado le pidió su número de teléfono y la citó en un hotel. Ella afirma haber acudido a la cita y allí Reyna le habría pedido tener relaciones sexuales a cambio de otorgarle una vivienda, aseguró que le entregaron una casa en Stándar Norte.
Por su parte el imputado Reyna accedió a declarar diciendo que en el momento que asume como delegado local del IPV se encontró con empleados difíciles. Y hasta algunos lo boicoteaban, aseguró.
En cuanto a la operación del otorgamiento de la vivienda a la testigo que había declarado antes, dijo que fue autorizada por las autoridades en Rawson, y negó haber tenido relaciones íntimas con la testigo.

La acusación

Abel Reyna, está acusado de haber cometido delito en su rol como delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, en Comodoro Rivadavia. Se le acusa de realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.
Se le responsabiliza de organizar un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían.
De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas.
La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.