Los diputados Gustavo Fita, Alejandra Marcilla, Viviana Navarro y Blas Meza Evans (PJ-FpV), presentaron formalmente el pedido de juicio político a la ministro de Educación Graciela Cigudosa. La nota fue elevada a la presidencia de la Legislatura, que ejerce el diputado José María Grazzini, para que ponga en marcha el proceso, y así lograr la destitución de la funcionaria por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo y eventualmente por la comisión de delitos en el desempeño de sus funciones.
Los legisladores exponen que la Ministra de Educación ha tenido a su cargo el mantenimiento de los establecimientos escolares, con distintas asignaciones presupuestarias. Con motivo de la falta de reparaciones y de sospechas de corrupción en las obras que debían realizarse, la Ministra fue convocada a la Legislatura Provincial pero no concurrió aduciendo que debía asistir a un encuentro protocolar en la ciudad de Córdoba, que en nada contribuía al mejoramiento de la educación en la Provincia y por ende carece de valor justificante.
Más adelante advierten que Cigudosa notificó a la Legislatura de su ausencia una hora y media antes del horario establecido para la interpelación. En tanto, el 27 de marzo se realizó la sesión especial a la que la Ministra no concurrió, fijándose una nueva fecha con una antelación de cinco días, para el lunes 1 de abril, “ese día nos reunimos y la Ministra hace llegar un certificado médico indicando que padece hipertensión arterial, por lo que nuevamente no podrá concurrir. Otra vez lo hace sobre la hora de la sesión”, indican en el escrito presentado.

Sospechas de corrupción

En el encuentro del 1° de abril, fecha dispuesta para la nueva interpelación también frustrada, el diputado Alfredo Di Filippo (Convergencia), hace una seria denuncia sobre la existencia de “coimas” en las obras de mantenimiento de escuelas.
En ese contexto, recuerdan que el 10 de marzo pasado, el diputado provincial Eduardo Conde realizó una clara descripción de presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas. Señaló que existen serias sospechas sobre el procedimiento de esas contrataciones y solicitó que el Ministerio Público Fiscal intervenga en el tema. El mismo diputado y por las mismas razones, fue el que impulsó la interpelación legislativa de la Ministra de Educación de la Provincia.
En los argumentos vuelven a la alocución del diputado Alfredo Di Filippo, y citan que este manifestó entre otras aseveraciones, que en una reunión en la residencia del Gobernador, “pedí que hagan un relevamiento de los problemas. Y le digo: Hay algo más grave, les estás haciendo certificar las obras a las directoras de escuelas…Y algo más grave están cobrando coimas. Cobra coimas un muchacho que yo conozco”, afirmó en esa ocasión el legislador.
A partir de estas denuncias públicas, los legisladores aseguran que han recibido numerosas informaciones vinculadas a sobreprecios y a empresas vinculadas a presuntos hechos de corrupción. Así las cosas, el diputado Conde, como la diputada Marcilla y Meza Evans, presentaron sendas denuncias penales que hoy se encuentran en etapa de investigación a cargo del fiscal General Omar Rodríguez.

Contrataciones

Entre las reparaciones que fueron adjudicadas mediante contrataciones directas, se expone la situación sobre cuatro empresas, Lada Construcciones, Ramida SRL, Jorge Santucho y Calypso. Dos serían de los mismos propietarios, Richard Daniel Schmidt y Brígida del Carmen Moreno. Solo Lada Construcciones se habría dedicado al rubro construcción, Ramida habría estado a cargo del alquiler de baños químicos, Calypso a la venta de alfombras y revestimientos y Jorge Santucho sería un monotributista, inscripto el 1 de febrero de 2019.
Según advierten los legisladores, gran parte de la operatoria de las reparaciones de escuelas se encuentran registradas en el expediente del Ministerio de Educación Nº 212/19. En los concursos de precio amañados entre las 4 “empresas” ya citadas existen sobreprecios exorbitantes que no podían pasar desapercibidos para los funcionarios actuantes.
A modo de ejemplo citan que en muchas de las escuelas se suplantaron las luminarias comunes por lámparas led. Estas lámparas se presupuestaban entre 2600 y 3300 pesos cada una. El precio de mercado de las mismas no llegaría a los 1.000 pesos y compradas al por mayor se conseguirían a menos de 500 pesos cada una, según las especulaciones de los diputados que citaron otro ejemplo, el del presupuesto de tapas de inodoro por 1.200 pesos cada una, cuando las mismas costarían la mitad en comercios de la zona y a precio minorista.
En los casos analizados por los diputados denunciantes, la totalidad de los trabajos encomendados no se habrían terminado, situación que habría puesto a los directivos de escuelas en una compleja situación, dado que eran estos quienes debían abonar las tareas realizadas o no, por orden de la Ministra.
El relevamiento se realizó en escuelas de la zona del valle, y afirman que se están realizando averiguaciones en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y otras localidades de la provincia.

Juicio político

Los legisladores de la oposición interpretan que “la Ministra ha incurrido en una falta grave de acuerdo a lo previsto por nuestra Constitución Provincial”, enumerando las faltas de la funcionaria provincial, y haciendo especial hincapié en los términos constitucionales que establecen las causales para el pedido de juicio político,
A decir del artículo 9 de la Constitución: “constituyen causales para promover la acción y ulterior separación del cargo para Gobernador, Vicegobernador y sus Ministros: a) Incapacidad sobreviniente. b) Delitos en el desempeño de sus funciones. c) Falta de cumplimiento a los deberes de su cargo. d) Delitos comunes”.