El proyecto de financiamiento político obtuvo dictamen de mayoría -con 40 firmas- este jueves en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación.
La iniciativa, que recibió media sanción del Senado la semana pasada, fue debatida en menos de dos horas y el oficialismo pasó a la firma el dictamen, que tuvo el acompañamiento de Argentina Federal. En tanto, el Frente para la Victoria-PJ presentará un dictamen propio.
Desde el seno de Cambiemos, los cívicos Paula Oliveto, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli firmaron en disidencia total, dado que la CC-ARI se opone a habilitar que las empresas puedan aportar a las campañas. Sin embargo, todavía no está definido cómo votarán en el recinto cuando el proyecto se trate en particular, es decir, artículo por artículo, pero facilitarán la aprobación de la ley. Con disidencias parciales lo hicieron Graciela Ocaña (Pro), Javier Campos (CC-ARI) y Vanesa Massetani (Frente Renovador).
El encuentro tuvo momentos picantes, protagonizados por chicanas entre legisladores kirchneristas y el macrista Fernando Iglesias, que interrumpieron la reunión en dos ocasiones.
En el comienzo, Pablo Tonelli (Pro) destacó que una de las modificaciones “más importantes” del proyecto es “la admisión de los aportes de personas jurídicas”, ya que actualmente se permiten los aportes, pero para “el desarrollo institucional” de los partidos, no para las campañas.
El titular de Asuntos Constitucionales mencionó la incorporación de que un 30% del fondo partidario permanente esté destinado a la “formación, promoción y desarrollo” del liderazgo político de las mujeres. El legislador confesó que no le “gusta” porque le parece una “cláusula machista” que es “decir que las mujeres no están capacitadas”.
También subrayó que se extenderá el plazo de duración de las campañas electorales -pasará de 35 días antes de las elecciones a 50-, y la prolongación de 15 a 25 días previos a la elección para que el Gobierno no pueda “hacer anuncios de obras o cualquier decisión que pueda tener contenido electoral”.
El oficialista además señaló que se reduce del 10% al 5% el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales, y “se contempla y regula la publicidad electoral digital” algo que, opinó, “constituye una novedad y tiene una importancia que al día de hoy se explica por si sola”.
Otro de los puntos que ponderó fue el referido al aporte para impresión de boletas por parte del Estado, que pasará del 1,5 por elector al 2,5. Finalmente, Tonelli manifestó que la ley prevé “sanciones más severas” y “tiende a incrementar y mejorar el control de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de la opinión pública respecto del gasto que los partidos políticos hacen”.
“Fomenta un notable y bienvenido incremento en la transparencia”, afirmó el diputado, al permitir la “bancarización total de los aportes, la manifestación de la voluntad de aportar y establecer el límite preciso”.

Auditoría

A su turno, Silvia Lospennato (Pro) enfatizó que la actual norma hace “muy difícil el cumplimiento” en la rendición de cuentas de los partidos, por eso celebró que se amplíe el número de auditores y expresó: “Se refuerzan mucho los roles de auditoría, que es una demanda que tiene hace muchos años y es muy justa por parte de la CNE”.
La secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos aseguró que esta es “una ley que surge de un consenso muy amplio, que fue trabajada muy a conciencia”, incluso con el aporte de los jueces electorales. “Seguramente haya algunas diferencias, pero en el 90% tiene una mirada técnica, que se ha privilegiado”, agregó y abogó por que se inicie el proceso electoral de este año con una “ley más clara y transparente”.

Marco legal

Desde el FpV-PJ, la rionegrina María Emilia Soria recordó que el Gobierno envío el proyecto de financiamiento el 20 de junio del año pasado, luego de conocerse la causa de los “aportantes truchos” de Cambiemos, y “luego de haber fracasado” en Diputados “encontró la ventana de la Cámara alta”. “En un año electoral, fue cocinado un poco a los cachetazos (en el Senado)”, lanzó.
La legisladora calificó de “bochornoso” que “el único argumento sólido para fundamentar el aporte de empresas sea que ‘esto ocurre’ y hay que darle un marco de legalidad”. “Cambiemos pretende mostrar las modificaciones propuestas como soluciones a todos los problemas que enfrentan los partidos”, cuestionó.
Y continuó diciendo que Cambiemos es el espacio con “mayores vínculos y transacciones con los grupos económicos”, ya que los datos de la CNE “hablan por sí solos” en este sentido. Mencionó entonces que, en 2017, la alianza gobernante “recibió en aportes privados 41 millones de pesos”.
Luego hubo cruces y chacanas entre el oficialismo y la oposición, pero finalmente Cambiemos se alzó con el dictamen que habilita el tratamiento de la iniciativa el próximo 8 de mayo. (Fuente: Parlamentario)