Hace ya varios meses que el Gobierno de Chubut dictó la emergencia carcelaria en todo el territorio provincial, medida que fue replicada hace pocas semanas a nivel nacional, como consecuencia de la falta de capacidad en las instituciones penitenciarias. En la Provincia, en consonancia con lo que sucede en Argentina, hay mayor cantidad de personas privadas de su libertad que cupos para su detención, lo que genera una situación complicada.
Esta situación iría en contra de varios preceptos contemplados dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo central del sistema penitenciario argentino es la reinserción de las personas que son privadas de su libertad. Una mayor cantidad de presos que de lugares para su detención genera condiciones no óptimas para los reclusos. Además, a esto hay que sumar la falta de capacitaciones laborales y educativas que reciben las personas detenidas, que si bien en los últimos registros se ha manifestado un crecimiento en algunos aspectos, todavía son escazas.
Según los últimos datos del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, actualmente la Provincia cuenta con 587 cupos de detención, incluso teniendo en cuenta a las comisarías, mientras que la “ocupación efectiva”, es decir los presos, alcanza a las 664 personas. Esto quiere decir que actualmente hay un déficit en la relación cupo-ocupación efectiva de 77 lugares.
Si bien esta situación no es nueva, en las últimas semanas se vio agravada. Mientras los registros del 2 de enero de 2019 decían que Chubut contaba con 610 cupos y 617 detenidos, la última cifra oficial, del 1 de abril, dice que la Provincia tiene 664 personas privadas de su libertad y sólo 587 cupos. Esto quiere decir que además de subir considerablemente (crecimiento de 7,6% en tres meses) la cantidad de personas detenidas, también cayó el número de lugares disponibles: de 610 a 587 (-3,7%) un trimestre.
Al hacer un análisis más detallado de lo que sucede en las principales localidades de Chubut, vale destacar que en Comodoro Rivadavia hay 219 cupos y 256 detenidos; en Puerto Madryn hay 53 y 59, respectivamente; en Trelew, 248 y 279; y en Rawson 2 y 1. En tanto, la lógica es inversa en las ciudades de Esquel y Sarmiento, donde hay más sitios de detención que personas privadas de su libertad.

Motivos de detención

Al respecto de esta situación, cabe aclarar que las personas que están presas no necesariamente son culpables de haber cometido algún delito. Si bien nuestro ordenamiento jurídico establece que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, existen algunos elementos que pueden provocar que una persona, sin tener condena firme, pueda ser privada de su libertad.
Puntualmente, son tres los motivos que pueden provocar esto: probabilidad de que la persona en cuestión haya cometido el hecho del que se lo acusa, por lo que el juez en cuestión podría dictar su detención; peligro de fuga; y peligro de entorpecimiento.

Reforma del Código Penal

Otro de los temas a los que se podría hacer mención sobre la situación penitenciaria chubutense y nacional es al proyecto de reforma del Código Penal argentino. Puntualmente, entre otros ítems, la modificación en la ley en cuestión hace referencia al endurecimiento en la pena por determinados tipos de delitos y también en la eliminación de la libertad condicional en algunos casos.
Teniendo en cuenta, lejos de ir en búsqueda del objetivo de la reinserción social de las personas privadas de su libertad, el proyecto del nuevo Código Penal establece penas más duras y con menos motivaciones y beneficios para los reclusos.
Además, entrando de lleno en la situación de cupos de detención, las penas se extenderían y no habría salidas previas, por lo que la población carcelaria aumentaría considerablemente. Esto también se da en un contexto adverso, ya que en los últimos años no se han construido nuevos centros de detención ni tampoco se han hecho refacciones en los actuales.

Cada vez más personas acuden a la Defensa Pública

Como consecuencia de la situación económica que está atravesando nuestro país, que durante el año pasado registró una pérdida del poder adquisitivo de entre el 10 y el 15%, según el sector, cada vez más personas acude a la Defensa Pública.
Para explicar esto hay que entender que en Derecho Penal cualquier persona puede acceder a ser defendido por un representante del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, mientras que en los casos civiles para tener como abogado defensor a un miembro de este cuerpo se requiere que los ingresos familiares no superen la Canasta Básica Total.
De esta manera, si tenemos en cuenta que las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) evidenciaron un fuerte crecimiento en la cifra que refiere a la cantidad de personas que está por debajo de la línea de la pobreza, esto indica que cada vez más familias no pueden cubrir la Canasta Básica Total.

Emergencia carcelaria nacional

En la misma línea de lo que sucede a nivel provincial, en Argentina también se decretó la emergencia carcelaria a nivel nacional. Puntualmente, a fines del mes de marzo del corriente año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró esta medida por el término de tres años.
Además, se conformó una comisión especial que tendrá como objetivo elaborar políticas que puedan resolver el “déficit habitacional” en las prisiones federales, mejorar las condiciones de privación de la libertad e implementar medidas alternativas al encarcelamiento.
Además, desde la cartera en cuestión informaron que esta resolución está basada en que la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) “ha experimentado un incremento significativo en los últimos años”. En tanto, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274 personas, mientras que el SPF informó que al 13 de marzo pasado los individuos privados de su libertad ascendían a 13.773. A su vez, la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las 12.235 plazas, lo que significa una sobrepoblación superior al 12%.