El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una batería de reformas, incluyendo un importante recorte de los impuestos, para frenar el malestar social en el país, tras cinco meses de protestas de los “chalecos amarillos”.
“No quiero incrementos de impuestos y quiero una bajada para quienes trabajan, reduciendo significativamente el impuesto sobre los ingresos”, declaró el mandatario francés en una conferencia de prensa de dos horas y media de duración en el Palacio del Elíseo.
Estos recortes fiscales, que ascenderían a 5.000 millones de euros, se financiarían mediante la supresión de las exenciones de impuestos a las empresas y la reducción del gasto público.
El gran debate mostró que existe entre los franceses “un profundo sentimiento de injusticia fiscal”, sostuvo Macron en referencia a una gran consulta nacional de dos meses, en la que 1,5 millones de franceses opinaron sobre cómo mejorar la situación del país.
Fue precisamente una subida de los impuestos sobre los combustibles lo que detonó en noviembre la revuelta de los “chalecos amarillos”, un colectivo que protesta cada sábado en todo el país.
Esta revuelta de franceses que reclaman una mejora del poder adquisitivo y expresan el hartazgo de las clases populares con dificultades para llegar a fin de mes se ha convertido en la peor crisis de su presidencia.
Macron abogó también a favor de un aumento de las pensiones y del cierre de la elitista Escuela Nacional de Administración (ENA), un semillero de presidentes franceses que, según sus críticos, forma a una clase dirigente desconectada del pueblo. De sus aulas salieron los presidentes Valery Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, François Hollande y el propio Macron.
“Tenemos que trabajar más, lo he dicho antes”, afirmó Macron, hablando detrás de un escritorio con las banderas “tricolor” de Francia y de la Unión Europea en los costados. Y detalló: “Francia trabaja mucho menos que nuestros vecinos. Debemos sostener un debate real sobre este asunto”.
El mandatario francés dijo también estar dispuesto a “abandonar” su plan de reducir en 120.000 el número de funcionarios de los 5,5 millones que tiene la administración francesa, una de sus reformas más impopulares que el año pasado sacó a miles de manifestantes a las calles.
En cuanto al Impuesto sobre la Fortuna (ISF), una tasa que suprimió poco después de llegar al poder en 2017 para mejorar el atractivo del país y evitar que las grandes fortunas se establezcan en el extranjero, el jefe de Estado defendió su decisión de haberla eliminado.
Desgastado por meses de protestas y la falta de resultados tangibles, Macron busca apaciguar la ira social pero también dar un nuevo impulso a su quinquenio. Su popularidad cayó en picada desde que asumió el poder hace dos años.