La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública, encabezada por el fiscal Omar Rodríguez, realizó ayer un procedimiento en el Ministerio de Educación que conduce Graciela Cigudosa y solicitaron distinta información necesaria para llevar adelante una investigación sobre el mantenimiento de escuelas, a partir de una denuncia de legisladores de la oposición.
En el procedimiento se llevaron de la cartera educativa las resoluciones de aproximadamente 7 millones de pesos una y otra de 1 millón de pesos donde otorgan a los fines del mantenimiento y refacciones de las escuelas. Además, también se pidieron las carpetas con documentación de las empresas que intervinieron en las obras
Rodríguez junto con un grupo de colaboradores, se presentó en la sede de Rawson para requerir documentos firmados con municipios y comunas rurales para la reparación de escuelas. Indicó que su trabajo será verificar si se cumplió con la ley de contratación, y cómo se seleccionaron esas empresas.
El fiscal tomó contacto con el subsecretario de Coordinación, Raúl Care y con el responsable del área legal de la cartera educativa, Enrico Brullo, quienes pusieron a disposición de la Justicia toda la información reclamada.

En la Oficina Anticorrupción

Por otra parte, el gobierno hizo saber que el lunes 8, la ministra de Educación, Graciela Cigudosa, presentó un escrito en la Oficina Anticorrupción en donde detalla la modalidad de contratación utilizada para las refacciones, que se ampara en la Ley II N 76 y el Decreto N° 777/6 (Art. 4).
En la nota remitida al fiscal adjunto, Mario Fernando Romeo, se entregó un listado minucioso de los establecimientos incluidos en el plan de mantenimiento y refacción; la explicación de la memoria descriptiva que se debió completar por cada edificio y los requisitos que cumplimentó cada oferente, sumado al método de pago de los trabajos ofrecidos.
De este modo, el Ministerio de Educación colabora plenamente con las distintas requisitorias judiciales para que pueda avanzar con la investigación.

Denuncia ante Miquelarena

Cabe recordar que el pasado 29 de marzo, los diputados del PJ-FpV, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla, formalizaron una denuncia penal ante el Procurador General, Jorge Miquelarena para que se investiguen presuntas irregularidades en contratación de empresas en la reparación de escuelas, hechos que motivaron críticas intervenciones y denuncias en la Sesión Especial del miércoles.
El texto de la denuncia penal presentada expresa que “el 10 de marzo pasado el diputado provincial Eduardo Conde realizó una clara descripción de presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la reparación de escuelas. Señaló que existen serias sospechas sobre el procedimiento de esas contrataciones y solicitó que el Ministerio Público Fiscal intervenga en el tema.

Di Filippo en la Residencia

El mismo diputado y por las mismas razones, impulsó la interpelación legislativa de la Ministra de Educación que se frustró por la ausencia de la Ministra, pero en la sesión, el diputado Alfredo Di Filippo denunció, en su alocución en el recito, “la existencia de coimas en las contrataciones”.
La denuncia continúa indicando que “en esa oportunidad el diputado Di Filippo manifestó entre otras aseveraciones: “que en una reunión en la residencia estaban Pérez Catán, Rafa Cambareri y el Gobernador, entonces ahí le recordé el tema de las escuelas, pedí que hagan un relevamiento de los problemas. Y le digo: Hay Algo más grave, les estás haciendo certificar las obras a las directoras de escuelas…Y algo más grave están cobrando coimas. Cobra coimas un muchacho que yo conozco…le dije el nombre y Cambareri me dijo: Si, lo tenemos registrado, lo tengo controlado….”.
“A partir de estas denuncias públicas hemos recibido numerosas informaciones vinculadas a sobreprecios y a empresas vinculadas a presuntos hechos de corrupción”, se indicaba en el escrito que los legisladores remitieron al Ministerio Público Fiscal.

Vinculación familiar

La denuncia penal ante el Procurador, que originó el procedimiento de ayer de secuestro de documentación del Ministerio de Educación, expresa en otro tramo que “las empresas vinculadas a los hechos descriptos son Lada Construccion SRL y Ramida SRL propiedad o vinculadas a Daniel Smith, curiosamente con el mismo domicilio, Pedro Martínez 172 de la ciudad de Rawson, con estrechos vínculos con el marido de la Ministra de Educación. Lo peor de la situación es que las sospechosas contrataciones no han resuelto los problemas edilicios y ello impide que numerosos establecimientos escolares hayan iniciado el ciclo lectivo”, reprochaban los legisladores.

Medidas

En la denuncia presentada a la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal los diputados exigen que “atento las manifestaciones públicas efectuadas se llame a prestar declaración al diputado Eduardo Conde y Alfredo Di Filippo”.
Por consiguiente, “a tenor de los dichos del diputado Di Filippo, se llame a prestar declaración al Sr. Rafael Cambareri. Se ordene la presentación de la totalidad de los expedientes vinculados a las obras de reparación de establecimientos escolares desde fines del año 2018 hasta el presente.
Y solicitan que se reserve la identidad de las docentes que emitieron los audios. Se tenga presente la restante prueba ofrecida y las medidas sugeridas y que procedan a la apertura de la investigación”.
A raíz de esto, la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública se hizo presente en la sede del Ministerio de Educación y secuestro una serie de documentación vinculada a los hechos denunciados.

Gobierno de Chubut