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La situación económica-financiera de Chubut no resiste grandes análisis. Basta tener en cuenta que la deuda de Chubut pasó de 7.426 millones de pesos en 2015 a 37.483 millones en 2018, producto de la disparada del dólar. Y que para fines de este año deberemos cancelar nada menos que 13 mil millones de pesos, casi lo que se pagó en los tres años anteriores (20 mil millones). Con estos números no hace falta explicar porque el gobierno tuvo que optar por el escalonamiento de sueldos, por no poder afrontar los gastos corrientes en tiempo y forma. Ante este escenario la lógica señalaría que por respeto a los agentes públicos con los que se trata de cumplir en cuotas, por consideración con los empleados en ´negro´ que no se terminan de regularizar por falta de fondos, en virtud de la “emergencia económica” que rige en la provincia, y sobre todo en honor al pacto fiscal firmado con Nación para achique del Estado y reducción del gasto, es poco acertado seguir incorporando gente en organismos ´privilegiados´ que cuentan con cierta autonomía financiera y sobre todo excepcionalidad política. Ni hablar si además de seguir ingresando gente, se hace de manera poco clara, sin concurso y/o con fuertísimos indicios de nepotismo como sería el caso que expone el Tribunal de Cuentas de Chubut.

Mal ejemplo

Este organismo que se debe encargar de “controlar la legalidad del gasto público” de acuerdo a su propia naturaleza declarada (Ver www.tcchubut.gov.ar ) y que ya de por sí arrastra el pesado estigma de no haber detectado ninguno de los casos de corrupción que hoy están siendo juzgados, no ha parado de incorporar personal de 2015 a la fecha, y con muchos casos de ingresos que se consideran ´acomodados´ por medio de negociaciones entre autoridades con amigos, vinculados o parientes directos.
El hecho ha generado un malestar general por los manejos absolutamente discrecionales que se denuncian, al punto que actualmente todo el personal del Tribunal impulsa un juicio por cobro de diferencias salariales que solo cobraron los cinco (5) miembros del Tribunal (entiéndase por presidente rotativo y vocales).
Si bien habría un grupo de gente que de buena fe logró un ingreso por concurso de oposición, habría otro buen número que habría sido beneficiado estrictamente por parentesco o vínculos políticos.

¿Exámenes arreglados?

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En 2017, ya fallecido Mario Das Neves y con el gobierno a cargo de Mariano Arcioni, los miembros del Tribunal de Cuentas decidieron bajo Acuerdo Registrado bajo el N° 44/2017 el ingreso de 16 postulantes “en virtud del Plan Estratégico” aprobado por acuerdo 528/16. (Ver documento 1)
Para esto, generaron cinco vacantes y realizaron ascensos escalonados según criterios propios no especificados. Por esta movida fueron ascendidos a Profesionales A, los contadores Gloria Pérez, Paola Mores, Maria Crespo, David Rodríguez y Elizabeth Sanabria. Mientras que fueron ingresados. Y promovieron a Profesionales B, a las contadoras Silvia Fernandez Schaab, Natalia Guglielmi y María Vernetti.
Mientras que por Acuerdo N° 45/2017 ingresaron 16 nuevos empleados. Los contadores Virginia Fretes, María Bovcon, Valeria Cannon, Antonella Cominetti, Ana Farías, María Gómez, Agustina González, Sonia Marquez, Malvina Martínez, Gabriela Muñoz, Daniela Portillo, Adriano Romay, Daniela Sandoval, Daiana Sevald y Viviana Youglar.
Los contadores públicos son los únicos que rendirían ´examen de ingreso´ en el organismo, por convenio entre el presidente del Tribunal de Cuentas, el histórico contador Sergio Camiña y Colegio de Ciencias Económicas, a modo de la “primer escuela práctica”. Esto es porque la mayoría de los contadores que se reciben en territorio no logran ingresos laborales rápidos por falta de actividad en la provincia. El tema en cuestión es que pese a haber exámenes en el Tribunal, serían apenas figurativos, ya que el mismo examen sería el mismo a través de los años con lo que los que los profesionales que ingresan se los irían pasando a los que quieren ingresar. Todos profesionales con una fuerte seguridad laboral y muy altos salarios por supuesto.

¿Beneficiados personales?

A la par de la falta de rigurosidad selectiva que caracterizaría nada menos que al órgano de contralor más importante de la Provincia, que a propósito pese a la planta de profesionales que detenta, se le pasó por las narices todas las irregularidades que generaron once causas judiciales por corrupción con dineros públicos, aparecen también los ingresos ´a dedo´.
Entre los presuntos ´ingresos acomodaticios´ más resonantes que han trascendido figurarían el doctor Daniel Vázquez amigo del doctor Tomás Maza que lo ´importó´ de Salta dada la oportunidad laboral que surgió en la Asesoría Letrada, y el ingreso del presunto ´apadrinado´ por Camiña, el ingeniero Nélson Castro en la Asesoría Técnica, ambos siempre sin concurso.
Entre otros empleados ingresados sin conocerse concurso figuran casualmente parientes de funcionarios del área. Por ejemplo afirman que previo a jubilarse la contadora Claudia Cia habría logrado el ingreso de su hija la arquitecta Roberts, mientras que también ingresó el hijo del presidente y vocal Sergio Camiña, Mariano Camiña. Pese a la inexperiencia en el área, a este joven le habrían asignado de entrada un sueldo de $ 80.000 (ochenta mil pesos) que es lo que gana una de las categorías más alta y de mayor antigüedad. Esto debido a que por acción de su padre, se determinó hace un tiempo, un plus denominado “de productividad” que tiene como tope el 100% de la remuneración de los agentes ´selectos´, mientras que la mayoría de los demás trabajadores llegan apenas a un 20 o 30%.
A la par también ingresó Juan Vallejos, hijo de la actual Secretaria General del TC, doctora Irma Baeza y del expresidente rotativo Juan Carlos Vallejos. El joven abogado sin antecedentes laborales, estaría aprendiendo el oficio en el área de la mano de su madre para asumir próximamente como Pro-Secretario, ya que la actual ocupante Rosa María Risso Patron se jubilaría en breve.
Como si fuera poco, entre las últimas negociaciones por ´cargos´ habría ingresado el cuñado del dirigente radical Mario Cimadevilla, ocupando un cargo de sereno en reemplazo del hijo de la actual esposa de Camiña, quien pasó de sereno a la planta administrativa. Todos ellos “sin curso y por la ventana”, mascullan en voz baja en la administración pública provincial.

Complicidad política y algo más

¿Porque se pueden dar todas estas anomalías sin que salte ningún sector político a reclamar? Sencillamente porque todos los sectores negociaron sus propios miembros e ingresos, que de alguna manera garantizaría el blindado del statu quo y las negociaciones en otras áreas del estado pasadas, presentes y futuras, especulan los entendidos.
De hecho, los últimos tres miembros ingresados representan exactamente eso: un muestrario de acuerdo con los tres bloques legislativos. Por el PJ-FPV que regentea el diputado Blas Meza Evans, ingresó el doctor Alfredo Martín Meza en representación de la mayoría parlamentaria; por el dasnevismo duro y apadrinada por el diputado Jerónimo García ingresó la contadora Liliana Elizabeth Underwood en representación de la primera minoría parlamentaria; mientras que por Cambiemos ingresó el hijo del exsenador Mario Cimadevilla, el contador Antonio Cimadevilla en representación de la segunda minoría parlamentaria. Los tres fueron designados “Vocales Titulares del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut, mediante Resoluciones de la Honorable Legislatura de la Provincia N° 18/2019-HL; 74/2019 P. Y 75/2019-P HL”. Sumándose a los vocales existentes, el histórico Sergio Camiña, fuertemente vinculado a Cristóbal López según antecedentes profesionales en Comodoro Rivadavia, y el doctor Tomás Maza. Dos de estas tres designaciones recientes fueron objetadas judicialmente porque “tanto Underwood como Cimadevilla no reúnen las condiciones exigidas por la Constitución del Chubut arts. 220; ley Orgánica del Tribunal de Cuentas art. 2, que ambos instrumentos exigen como requisito para ejercer la función de Vocal de dicho organismo, acreditar siete (7) años de estar matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut”, interponiendo acciones de amparo por considerarse “vulneradas garantías y deberes de jerarquía constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y el Estatuto Profesional para Graduados en Ciencias Económicas de Chubut”. En fin, todas importantes irregularidades administrativas, éticas y políticas para revisar, en el organismo estatal que debe garantizar precisamente la transparencia y la legalidad de Chubut.