Camioneros, periodistas y políticos podrán portar armas en la vía pública, incluso en sede parlamentaria, según el nuevo y controvertido decreto firmado por el presidente Jair Bolsonaro.
El decreto diverge del anunciado el martes por el propio presidente en Palacio del Planalto, donde citó que éste alcanzaría solamente a coleccionadores de armas, tiradores profesionales y cazadores. En la nueva versión se autoriza que el presidente de la República, vicepresidente, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes puedan trasladarse con armas. También se contempla a periodistas que realizan cobertura de hechos policiales, abogados y agentes de inteligencia, entre otros grupos.
Fueron eliminados, además, una serie de requisitos para la autorización de la portación previstos en la legislación actual. En la resolución presidencial se autoriza la venta de hasta mil cartuchos a cada propietario de armas contra los cincuenta que eran permitidos hasta el martes.
La flexibilización de la portación de armas es una de las promesas de campaña de Bolsonaro, que en los mítines solía saludar al público con las manos en forma de pistola.
Ya el 16 de enero, el mandatario había cumplido con una de sus principales promesas de la campaña electoral y firmó un decreto que flexibilizaba la venta de armas a civiles, tal como “el pueblo lo decidió” en un referendo en 2005.
El líder de la ultraderecha brasileña y capitán de la reserva del Ejército hizo alusión a ese referendo de 2005, en el que el 63% de los brasileños se pronunciaron en contra de que se prohíba la venta de armas a civiles, lo cual en la práctica nunca se cumplió del todo y fue obstaculizado por diversas normativas. “Como el pueblo decidió con ocasión del referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma”, había afirmado.