Uno de los flagelos más grandes que sufre actualmente nuestro país es el de la violencia institucional, que está totalmente naturalizada por los argentinos, teniendo en cuenta que el 99% de quienes experimentaron algún tipo de agresión por parte de las fuerzas de seguridad no realizaron la denuncia, argumentando que “no tiene sentido” o porque carece de “importancia”. Además, contrario al discurso imperante difundido en la mayoría de los medios de difusión de nuestro país, el 56% afirmó que no aprueba que se reprima la protesta social, mientras que el 67% dijo que no avala que los uniformados retiren a los vendedores ambulantes de la vía pública. En tanto, los principales de las agresiones de estas características fueron los jóvenes.
Puntualmente, estos datos surgen de la encuesta acerca de las percepciones sociales sobre las fuerzas de seguridad, elaborado por el Observatorio de Seguridad (OBSE) del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
De acuerdo a los datos del relevamiento, el 22% de los encuestados dijo haber sufrido en los últimos 12 meses algún tipo de violencia por parte de fuerzas de seguridad. Sin embargo, el reparto de agresiones se concentra en los jóvenes de 15 a 29 años: el 41% afirmó haber experimentado algún grado de violencia de las fuerzas estatales mientras que esa cifra cae al 12% para los de 30 años o más.
El ranking de agresiones propinadas por las fuerzas de seguridad lo encabeza el lenguaje inapropiado: el 60% dijo haberlo sufrido. Sin embargo, el ítem de respuesta múltiple, consigna también que: el 44% recibió insultos; 34%, pedidos de coimas o extorsión; 30%, intimidación; 29%, hostigamiento; 24%, gases lacrimógenos o balas de goma; 22%, amenazas; 21%, hurtos; 21%, discriminación; 13%, golpes o lesiones; 10%, hostigamiento por condición de género; 8%, robo (con violencia); 4%, ataques sexuales y 3%, secuestro.
En cuanto a la falta de denuncia, el 32% no la realizó porque consideró que “no tenía sentido/no iba a tener consecuencias”. El 29% porque no le dio importancia a las violencias experimentadas y el 16% por miedo.

Castigo a los jóvenes

Al respecto de esto, la investigadora y coordinadora del OBSE, Gabriela Seghezzo, afirmó que “los datos sirven para entender cómo el discurso securitario hegemónico construye a la inseguridad como problema social”. “En la medida en que esa construcción asocia cierto tipo de delitos protagonizados por sectores populares deja por fuera grandes ilegalidades, delitos de cuello blanco, pero también otras formas de desprotección social quedan fuera del discurso hegemónico”, explicó.
El efecto más concreto de esta dinámica que desplaza la inseguridad social para hacer eje en la inseguridad ciudadana es, según detalló la investigadora en una entrevista con Página 12, que “esta asociación de los sectores populares con los delitos genera intervenciones, que se proponen como soluciones, y ejercen violencia sobre esos grupos, donde los más castigados son los jóvenes”.
Para Seghezzo un dato significativo del relevamiento es el altísimo rechazo a realizar denuncias después de haber sufrido algún grado de violencia. “Muchos dicen no haberla hecho porque no tiene consecuencias y un segundo grupo porque ni siquiera percibe esas situaciones como un problema. Está tan naturalizado que no se vislumbra como una situación disruptiva, por lo que no habría nada que denunciar. Estamos tan acostumbrados a ciertas prácticas, que cuando las tenemos enfrente no las percibimos como problemáticas”, enfatizó.
Otro dato muy relevante para la coordinadora del Observatorio, es que “en el clima punitivo y la dinámica política que está absolutamente dispuesta a prácticas violentas de las fuerzas de seguridad, uno tendería a creer que esas prácticas están legitimadas. Pero no es cierto, sobre todo en algunos casos. El 56% no está de acuerdo con que se reprima la protesta social, y el 67% con que se reprima a los vendedores ambulantes. Si en la configuración de aquel que sufre la violencia se lo representa como un trabajador, es difícil que haya legitimidad del uso de la violencia sobre ellos, y ese es un dato interesante porque contrasta con el discurso de los políticos que se llenan la boca hablando de que la gente quiere castigo y sanción, y una policía fuerte para intervenir sobre aquellos que están desordenando la vía pública”. Seghezzo remarcó que el 97% de los encuestados privilegió asignarle a las fuerzas de seguridad un rol de asistencia a la ciudadanía y no el de la dinámica punitivista.
“Lo que podríamos afirmar es que, en el AMBA, las intervenciones violentas contra estos dos sectores mencionados no están legitimadas. Dato relevante cuando estamos frente a una contienda política y un discurso securitario que afirma que hay que limitar las manifestaciones y que no debería haber vendedores ambulantes. Todos estos datos permiten pensar el modo en que se construyen ciertas ‘sensaciones’ y problemas públicos, y como la violencia policial es efecto de esa construcción”, concluyó.

Falta de capacidad penitenciaria en Chubut

Vale recordar que hace ya varios meses que el Gobierno de Chubut dictó la emergencia carcelaria en todo el territorio provincial, medida que fue replicada hace pocas semanas a nivel nacional, como consecuencia de la falta de capacidad en las instituciones penitenciarias. En la Provincia, en consonancia con lo que sucede en Argentina, hay mayor cantidad de personas privadas de su libertad que cupos para su detención, lo que genera una situación complicada.
Esta situación iría en contra de varios preceptos contemplados dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo central del sistema penitenciario argentino es la reinserción de las personas que son privadas de su libertad. Una mayor cantidad de presos que de lugares para su detención genera condiciones no óptimas para los reclusos. Además, a esto hay que sumar la falta de capacitaciones laborales y educativas que reciben las personas detenidas, que si bien en los últimos registros se ha manifestado un crecimiento en algunos aspectos, todavía son escazas.
Según los últimos datos del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, actualmente la Provincia cuenta con 587 cupos de detención, incluso teniendo en cuenta a las comisarías, mientras que la “ocupación efectiva”, es decir los presos, alcanza a las 664 personas. Esto quiere decir que actualmente hay un déficit en la relación cupo-ocupación efectiva de 77 lugares.
Si bien esta situación no es nueva, en las últimas semanas se vio agravada. Mientras los registros del 2 de enero de 2019 decían que Chubut contaba con 610 cupos y 617 detenidos, la última cifra oficial, del 1 de abril, dice que la Provincia tiene 664 personas privadas de su libertad y sólo 587 cupos. Esto quiere decir que además de subir considerablemente (crecimiento de 7,6% en tres meses) la cantidad de personas detenidas, también cayó el número de lugares disponibles: de 610 a 587 (-3,7%) un trimestre.