En las últimas semanas el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas con las que presuntamente busca alivianar un poco los índices inflacionarios y los constantes aumentos que están evidenciando los bienes y servicios en nuestro país. Puntualmente, dentro de este paquete, uno de los ítems hacía referencia a las tarifas de servicios públicos, que en los últimos tres años y medio han crecido exponencialmente, producto de la quita de los subsidios y el “sinceramiento” de los precios.
Al hacer un análisis puntilloso de lo prometido desde Casa Rosada semanas atrás, resulta importante aclarar que una de las propuestas refería a la eliminación en los aumentos sobre las tarifas de electricidad, gas y transporte público para lo que resta del corriente año. No obstante ello, en algunos casos, se seguirán concretando algunas subas en los próximos meses.
En primer lugar el Ejecutivo nacional cumplirá con lo adelantado semanas atrás, teniendo en cuenta que los dos aumentos de electricidad anunciados para lo que queda de 2019 serán absorbidos por el Estado nacional. En tanto, con respecto al gas, el aumento aplicado desde abril y escalonado en tres meses (10% en abril, 9% en mayo y 8% en junio) será el último del año. Además, durante los meses de invierno habrá un descuento del 22% en el precio del gas, ya que los usuarios pagarán estos números en las facturas de los meses de verano, que son los de menor consumo. Esto, según los análisis elaborados por los miembros de la Casa Rosada permitirá “aplanar” la factura final entre los meses de invierno y verano. Al respecto, cabe aclarar que el costo de postergar estos pagos será absorbido por el Estados nacional, por lo que si bien los usuarios no pagarán los incrementos en las boletas, se harán cargo indirectamente.
En este contexto, el Gobierno Nacional también acordó con las operadoras mantener el precio de la telefonía celular de las líneas prepagas durante cinco meses, hasta el 15 de septiembre. La medida beneficiará a 35 millones de líneas activas. No obstante, dos de las empresas ya habían aplicado aumentos en los primeros meses del año: Movistar, 18% en promedio en marzo, y Claro, 15% en abril. En tanto, Personal tenía proyectados incrementos a partir del 16 de mayo.

Aumentos en las provincias y municipios

Este freno a los aumentos de tarifas se refieren solamente a los tramos de electricidad, gas y transporte que dependen del Gobierno Nacional. Vale destacar que no afecta a la distribución de gas y electricidad y el transporte público que dependen de los gobiernos provinciales y municipales, por lo que las tarifas y costos en Chubut y Puerto Madryn podrían incrementarse en el transcurso del año, pese a las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional.
“Si en los próximos meses un usuario ve un aumento en su factura de gas o electricidad, o en el precio del boleto de colectivo, se deberá a una decisión de su gobierno provincial o municipal”, advirtió el Ejecutivo nacional en un comunicado.

Baja de subsidios en la Patagonia

Vale recordar que, en su meta de llegar al déficit primario cero, la idea del Gobierno Nacional es seguir bajando los subsidios a la electricidad a unos 105.000 millones de pesos en 2019, de los actuales 117.000 millones que se destinan actualmente, lo que representaría un descenso del 10% nominal, es decir que no se tiene en cuenta la inflación, sólo el número.
En total, se estima que los subsidios a la energía totalizarán el año pasado unos 6.885 millones de dólares: 4.355 millones para electricidad, 2.253 millones para el gas natural que se consume en la Patagonia y 276 millones para el gas licuado del petróleo (garrafas o GLP).
En tanto, para este año está previsto que los subsidios a la energía se reduzcan en un 25% en dólares, hasta llegar a los 5.114 millones de dólares, de los cuales 2.565 millones están dirigidos a electricidad, 2.464 millones al gas y 84 millones al GLP. En tanto, según el propio Gobierno Nacional, un 70% de los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagarán en marzo menos de 1.275 pesos por mes.
Teniendo en cuenta todo esto, fuentes oficiales destacaron que los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires seguirán pagando menos por el mismo consumo de electricidad que en el resto del país, cono en La Plata, Santa Fe, Córdoba y la Patagonia, por ejemplo.
Actualmente, el costo de la generación eléctrica alcanza unos 450 pesos por mes para un usuario residencial que tiene un consumo de 300 kWh mensuales, o un 55% en la factura final. En tanto, el costo del transporte y la distribución es de 192 pesos para un usuario promedio de CABA, o un 23,5%, mientras que en impuestos se van unos 176 pesos, o un 21,5%.

Emergencia en Chubut

En este contexto, vale recordar que la Legislatura de Chubut deberá tratar un proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia y que se tomen medidas protectoras a las cooperativas provinciales. “El presente proyecto tiene por finalidad disponer medidas protectoras a las Cooperativas Prestatarias de Servicios Públicos, entendiendo imperioso resguardar y garantizar los derechos de los usuarios respecto a la calidad y sustentabilidad de los mismos, debiendo el Estado en forma subsidiaria y complementaria velar por su cumplimiento sea asumiendo la prestación o adoptando y las medidas que resulten convenientes”, afirmó Gabriela Dufour, la diputada provincial que impulsó la iniciativa. Puntualmente, la finalidad de este proyecto es declarar “en Emergencia en todo el ámbito de la Provincia del Chubut por el término de un año, la prestación de los servicios públicos esenciales de Energía Eléctrica y Agua Potable”.
En el proyecto de Declaración de Emergencia también se propone analizar y verificar las deudas generadas por dichas instituciones con la CAMMESA y la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Protección del empleo y situación laboral

“Durante el proceso de emergencia deberán evitarse efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, respetando siempre los derechos de los trabajadores en materia laboral, previsional y de obra social, como así también deberá garantizarse la plena vigencia en todo el ámbito de aplicación de los Convenios Colectivos de Trabajo previamente celebrados. Este principio de protección del trabajador no se aplicará a cargos políticos”, se puntualiza en el documento que deberán analizar los diputados provinciales.
Asimismo, se declara “la intangibilidad de fondos, recursos, bienes e insumos de las Cooperativas Prestadoras de Servicios Públicos que resulten afectados a la prestación efectiva de los Servicios Públicos Esenciales a su cargo, en virtud de los contratos de concesión delegatorios de las responsabilidades estatales correspondientes, durante el tiempo de vigencia de la presente Ley, suspendiendo las ejecuciones de sentencias, acuerdos conciliatorios, y toda intimación que condene a las Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero, debiendo disponerse de oficio la suspensión del proceso y la notificación a las partes a excepción de los créditos laborales; cualquiera fuere la naturaleza del crédito, Se suspenden las medidas cautelares y las medidas de ejecución, debiendo disponerse de oficio su inmediato levantamiento por el juez actuante”.