EL DESAFÍO DEL ESTADO ES ATENDER LAS DEMANDAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Elaboran la primera ley de cierre de minas de la Argentina

En la Argentina, estados provinciales y operadoras se encuentran debatiendo un borrador buscando crear la primera Ley de Cierre de Minas. El país se caracteriza por un vacío legal en este aspecto y hoy por hoy la industria extractiva debate una normativa destinada a atender el complejo proceso que demanda el cierre de las faenas mineras, luego de la explotación de los recursos no renovables.
Carolina del Valle, directora nacional de Producción Minera Sustentable, señaló que los actores de la actividad pugnan por la implementación de un sistema de “garantía financiera” que cumpla el rol de un “seguro para evitar pasivos ambientales”. En Latinoamérica, Chile y Perú avanzaron en este sentido.
“La sustentabilidad es una línea de trabajo que se implementó en los últimos años en la minería argentina, apostamos a un modelo de desarrollo que contenga a las futuras generaciones. Ello implica diálogo, consenso y especialmente debemos generar confianza en la sociedad”, afirman las autoridades.
Del Valle confió que por delante quedan desafíos sociales y ambientales, en este escenario el sector industrial “ha comprendido en toda su dimensión la necesidad de trabajar en una línea de sustentabilidad en la minería”, ya que “así lo hace el mundo y los países referentes de la región, pues para potenciar el desarrollo minero es necesario ir por este camino”, destacó.

Equilibrio

Mientras tanto en Argentina, el Estado, empresas y comunidades buscan alcanzar el equilibrio con el que cuentan diferentes regiones como Australia, Canadá, Chile y Perú.
Pero uno de los desafíos que el sector minero tiene por delante es el desarrollo de la industria en todo el territorio nacional. “Santa Cruz es rica en recursos de distintos tipos y tiene una buena recepción de la minería”, dijo Del Valle y observó que en paralelo, Chubut muestra una contracara a su provincia limítrofe, ya que allí está prohibido el uso del cianuro por una normativa provincial. “Las provincias tienen sus aspectos legales específicos, son dueñas de los recursos y tienen la potestad para decidir por sí solas. Desde Nación apoyamos la explotación de los recursos”, detalló a noticiasmineras.com.
Así dadas las cosas, sostuvo que actualmente no hacen foco en “lo que refleja la anti-minería”, sino en “mejorar lo está a nuestro alcance y tiene que ver con la información, transparencia y las mejores prácticas industriales de cara a la sociedad”.

Cierre de minas

En este camino para que la minería se vuelva amigable con el medio ambiente y las comunidades, el Cierre de Minas se ha convertido en un punto central.
Los proyectos en Argentina hoy están maduros, pues necesitan de un flujo de inversión para reactivar la actividad, pero el contexto del país no es favorable para el inversor, por lo que los cierres de las faenas se aceleraron.
Alejándose de las variables económicas, Carolina del Valle explicó que Nación, provincias y operadoras, hace dos años y medio, trabajan en un proyecto de “Ley de Cierre de Minas” y una “Guía de Buenas Prácticas”.
Buscan que las compañías incorporen el cierre ni bien iniciadas las operaciones. “Se busca implementar criterios de planificación temprana, pensar el post cierre no sólo para alcanzar la estabilización física y química, sino apuntar al desarrollo local de las comunidades”.
Así es que las provincias y operadoras (representadas por CAEM) brindaron sus aportes al actual borrador que busca transformarse en ley. “Este borrador está en manos del Consejo Federal Minero (COFEMIN) y se resuelven temas específicos como la garantía financiera, que es el punto de mayor debate”, explicó.
Mientras, salió a luz una Guía de Buenas Prácticas de Cierre de Minas para que empresas y estados cuenten con información a mano para evaluar los cierres y generar una planificación correcta para evitar los pasivos ambientales.
Pero el financiamiento para el cierre de minas es una problemática no sólo en Argentina, sino que también ocurre en el plano internacional. “Hay países que tienen legislación al respecto, como Canadá, mientras que otros tienen un vacío legal, pero practican un sistema de garantía financiera. En Argentina los pasivos ambientales que tenemos datan de años atrás, cuando la actividad tenía otra mirada. Hoy se buscan reglas claras para trabajar de cara a las comunidades”, concluyó Carolina del Valle.

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