Esta semana volvió a tomar protagonismo la denominada Causa Embrujo dado que la Cámara de Apelaciones de Trelew, rechazó la probation para seis de los imputados en la causa. El fiscal Alex Williams, calificó el fallo como “un hito en la jurisprudencia provincial” y adelantó que a fines de junio comenzaría el juicio.
El fiscal Alex Williams puso de relieve la decisión de la Cámara al remarcar que a partir de este fallo, “los particulares que ayudan a los funcionarios públicos a cometer defraudación contra el Estado no tienen derecho a juicio a prueba”, dijo y aseguró que muchas veces “tenemos que investigar y el sistema no te acompaña. No te ayuda”. Lo cual se vio revertido por esta resolución.
Con la decisión de la Cámara de Trelew, pone de relieve que no se pueden circunscribir los delitos de corrupción únicamente a funcionarios, porque la corrupción es un sistema que funciona con la participación de dos o más partes, no solo funcionarios desleales, sino todo aquel que contribuya al delito.
A partir de ahora se espera que prontamente se inicie el debate oral y público, que de acuerdo a las expectativas de los fiscales se produciría en el mes de junio, lo que estará supeditado a las audiencias ya programadas por la Oficina Judicial.

La causa

En la Causa Embrujo se debatirá la responsabilidad de los acusados, Diego Correa, Diego Luters, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado y usurpación de título público.
Los fiscales tienen previsto presentar más de 130 testigos y más de 200 documentos como prueba si se concreta el debate. Desde el principio de la investigación, y habida cuenta de cúmulo de pruebas que se han procesado en esta causa, los fiscales no solo han pregonado llevar a juicio a la totalidad de los imputados, sino que esperan una clara sentencia condenatoria.
“Es necesario que se juzgue a las doce personas, porque cada uno cumplía un rol específico dentro de la maquinaria de la corrupción. Ahí vamos a poder determinar cómo había un jefe, cómo distribuían las instrucciones, cómo cometían los hechos delictivos y cómo colaboraban estos partícipes que no tienen pena de expectativa alta, pero sí participaban directamente con Correa y el grupo”, argumentó oportunamente el fiscal Omar Rodríguez.
De ser hallados culpables de los delitos que se les imputa, todo indica que Diego Correa y Diego Luters llevarían el mayor peso de la prueba.
Los fiscales son optimistas en el sentido que existe muchísima información y evidencia que puesta a consideración en el juicio, redundaría en las condenas que se estiman y eso incluiría prisión efectiva.
“La situación de Diego Correa como jefe y en función de todo lo que se le reprocha, tiene un piso de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, como también los distintos miembros de la banda como por ejemplo Luters para quien hemos pedido seis años -siempre de mínimo- y de ahí en más puede ser que suba la pretensión”, advirtió oportunamente Rodríguez.

Revelación, a un año del escándalo

La Causa Revelación, tiene características propias, y claramente diferentes respecto de Embrujo, y los fiscales consultados hacen hincapié en que haya claridad al respecto.
Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz han sido objeto de acusaciones varias en ocasión de aceptar que se les otorgara el beneficio de la probation a los empresarios de la construcción involucrados en la causa de su investigación. Pero lo cierto es que la mayoría de esos cuestionamientos provinieron de los legisladores de la oposición que se presentaron como querellantes, y a decir de los propios fiscales, poco han aportado a la investigación.
Incluso hubo una circunstancia que resultó llamativa conforme avanzó la labor de los fiscales, por caso la decisión de Iniciativa Ciudadana de retirase de la querella.
Al parecer desde ese colectivo ciudadano consideraron que con los empresarios fuera del debate oral y público que se espera llegue hacia fin de año, su interés en la causa desapareció.
Lo que al parecer no se ha tomado en consideración plena es que los exfuncionarios públicos involucrados en esta causa, tenían altas responsabilidades y administraban millones de los fondos públicos de la provincia. Si bien, será menester de un tribunal determinar si hubo allí delito o no, por lo pronto la acusación es muy grave ya que según los investigadores, resulta superlativa la cantidad de personas que participaban, “recaudaban a través de coimas de empresarios para pagar sobresueldos a funcionarios”, dijo esta semana el fiscal Marcos Napoli.

Empresarios con probation

En febrero último, se conoció los empresarios involucrados en la investigación accederían al beneficio de la probation. Esta semana se conoció que 14 empresarios evitarán el juicio oral y público.
De acuerdo con los plazos estimados, el mes próximo, los fiscales presentarán la tesis acusatoria contra exfuncionarios y un puñado de empresas que no aceptaron la probation con la finalidad de demostrar su inocencia en el juicio.
Las obras y los montos de dinero que estas demanden, se han determinado en función del proceso penal en curso. Sin embargo, no se descarta que con el tiempo, el Estado busque otro resarcimiento en el fuero civil, ya que las empresas que acceden a la probation, obtienen ese beneficio por haber reconocido que fueron parte del entramado de corrupción.

Los acusados

Que los empresarios acepten probation, implica que reconocen que hubo delito, ahora resta que los fiscales prueben que los exfuncionarios acusados en la causa fueron los responsables de cometer esos delitos.
En febrero último, los fiscales de la causa “Revelación” terminaron la investigación y fueron autorizados a presentar la acusación en junio próximo. Por no tener ya posibilidades de entorpecer la investigación, se concedió la libertad a los exfuncionarios provinciales Pablo Oca, Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero y Alejandro Pagani, además del periodista de Comodoro Rivadavia Jorge Ninin.
Todos estuvieron detenidos, y luego con arresto domiciliario y ahora esperan el juicio oral y público en libertad, pero no pueden salir del país ni mantener contacto entre ellos y testigos del caso.
La pena mínima que podría caber a Oca, Cisterna, Carpintero y Pagani, sería de cinco años de prisión. Para Ninin, la calificación legal que lo involucra en la asociación ilícita que se investiga, prevé penas mínimas de tres años por lo que la convierten en excarcelable habida cuenta que no tiene condenas previas en su contra.
Otros dos imputados en esta misma causa permanecerán detenidos. Es porque se encuentran involucrados en otros procesos penales como por ejemplo las causas “Embrujo” y de la Lotería. Se trata de Diego Luters con arresto domiciliario y Diego Correa detenido en un pabellón de la Alcaidía de Trelew. Ambos dirigían la secretaría privada del ex gobernador Mario Das Neves al momento de cometerse los ilícitos.