En las últimas semanas la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio el visto bueno a la implementación de los juicios por jurados. En Chubut se presentaron oportunamente sendos proyectos vinculados a la legislación de este mecanismo que está contemplado en la Constitución Provincial, sin embargo, en la Legislatura de Chubut las iniciativas no prosperaron y ahora habrá que esperar al próximo turno legislativo.
En ese contexto, y habida cuenta de su permanente contribución para avanzar en la implementación de juicio por jurados en Chubut, El Diario dialogó con el abogado Alfredo Pérez Galimberti, quien fuera titular del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, y desde entonces afirma que el mecanismo de juicio por jurados, fortalece a la democracia, y genera un acercamiento entre la ciudadanía y la Justicia.

El Diario: ¿En qué consiste un juicio por jurados?

Alfredo Pérez Galimberti: Es el modelo de juicio penal para crímenes de la Constitución. Esto significa que los delitos de más alta lesividad deben finalizar en un juicio oral, público y contradictorio en el que el juez garantiza la formación del proceso y la producción de la decisión, la cual queda en manos del pueblo como titular de la soberanía popular. Las cuestiones técnicas son analizadas por el juez y los abogados de las partes, y se le plantea al jurado situaciones de hecho para que finalmente definan si la Fiscalía ha probado su caso, más allá de una duda razonable.
Este es un alto estándar probatorio, que lo que hacen es fijar la carga del error y si el estándar se fija muy alto seguramente habrá muchos culpables absueltos y muy pocos inocentes condenados; si el estándar se fija muy bajo probablemente pueda haber inocentes condenados. Este estándar ha tenido ciclos de construcción hasta llegar a esta fórmula de la duda razonable, que tiene que ser algo que se imponga como algo insuperable. Es muy difícil la precisión y en cada juicio los jueces le dan al jurado una idea de cómo puede ser esto, pero en general tiene que ver con una fuerte convicción basada en la evidencia y no en los sentimientos.

ED: ¿Cómo se designan los jurados?

APG: El sistema es aleatorio. Hay una selección que se hace por sorteo, con un número determinado de jurados respecto del padrón. Si la Provincia tiene 500.000 personas en condiciones de ser jurado en las diferentes localidades habrá un número de 5.000 jurados disponibles. Luego del sorteo se hace una depuración y las personas que no pueden integrar el jurado son quitadas de ese padrón, por ejemplo, los abogados, los policías, los escribanos, o aquellos que de alguna manera representen a la autoridad. El jurado tiene que ser un panel horizontal donde no haya personas que tengan poder sobre las otras.
Cuando un juez necesita un jurado se comunica con la Oficina Judicial y se produce un sorteo para escoger finalmente a 12 titulares y dos suplentes. Estas personas van pasando y se hace la selección a través de una serie de preguntas que tienen que ver con valores que les impidan tomar decisiones imparciales, por ejemplo, personas que ya estén convencidas de que la Policía siempre se equivoca o personas que estén convencidas de que la Policía nunca se equivoca, en un caso en donde hay una situación que tiene que ver con algún empleado policial.
Lo que se busca es imparcialidad y que las personas que integren el jurado lleguen libres para decidir, con la evidencia a la vista. Lo que tiene que guiar la decisión del jurado es la evidencia y nada más que la evidencia.

ED: ¿Este mecanismo puede provocar un acercamiento entre la Justicia y la ciudadanía?

APG: Sin dudas. Hay que mirar las decisiones que ha tomado el jurado en muchos casos vinculados al femicidio. Las leyes no cambian, pero la percepción social de las conductas tiene sus variaciones y son mensajes que envía la ciudadanía y hay que atenderlos.
Ya no hablamos del jurado como una abstracción, sino que estamos discutiendo en concreto el funcionamiento del jurado, que ya está funcionando en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza. Lo que tenemos son experiencias concretas para ir analizando.

ED: ¿En estas provincias se han registrado mejorías con la implementación de los jurados?

APG: Sí. Hay estudios empíricos realizados en Neuquén por dos investigadoras norteamericanas, quienes están haciendo entrevistas a los jurados cuando finalizan su desempeño. Se hacen mediciones respecto a la satisfacción y a la comprensión en la difícil tarea de juzgar que tienen los ciudadanos luego de integrar el jurado.
Además, hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con la gobernabilidad y con la democracia participativa, que es que el hecho de tomar decisiones en conjunto y que cada uno tenga un voto, que es el sentido de la deliberación que hace el jurado, es una herramienta de formación ciudadana para la formación de políticas públicas, que es algo que no tenemos. Esto representa una democracia que va más allá de poner un voto en la urna cada dos años, una democracia donde haya ciudadanos que no solamente estén preparados, sino que también estén dispuestos a discutir las políticas públicas del Estado y a demandar la concreción de estas políticas públicas.
En Estados Unidos, por ejemplo, todos los años participan más de un millón de personas, y esto hace que las personas tengan el ejercicio del poder por un breve momento en un caso y puedan mensurar la dimensión que significa impartir justicia. Además, está esta idea de explicarse unos con otros y llegar a decisiones racionales sobre la evaluación de evidencias objetivas.