En pleno año electoral, el oficialismo logró sancionar en el Congreso una nueva ley de financiamiento político. Con 147 votos positivos y 69 negativos, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados tras la media sanción del Senado gracias al acompañamiento del massismo y del bloque Argentina Federal.
La nueva ley permite a las empresas privadas figurar como aportantes en las campañas electorales y comenzará a estar vigente en las próximas semanas. La reforma de la ley electoral habilita las contribuciones de los privados con un tope por empresa del 2% del total permitido por la Justicia para esa campaña.
La reforma aprobada también disminuye del 10% al 5% el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.
El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa porque «restablece el financiamiento mixto de los partidos» en campañas», «evita la informalidad» al prohibir las donaciones anónimas, y le devuelve a «los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario» de las agrupaciones políticas.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados salió al cruce de las críticas sobre una supuesta «privatización de la política», como sostuvieron el FpV y la izquierda, y dijo que ese tipo de argumentos «esconden una hipocresía» porque en los hechos las empresas siempre «terminan contribuyendo a las campañas».