Por Trivia Demir

El poder es una enredadera que no tiene invierno. No importa cuando comiencen a caer las hojas, lo que importa es que el control no merme. ¿Qué se esconde detrás de las internas entre Cambiemos y el Poder Judicial? Es una buena pregunta para saber quién es quién en el mapa de las opciones. Probablemente de este otro poder se supone que puede surgir el peor escollo para la oposición. Ahora sí, ´si gana el kirchnerismo, no queda nada en pie´, reflexionan los legalistas.
Así las cosas, dicen los entendidos que el oficialismo irá a fondo con el control del Poder Judical que no siempre es sinónimo de Justicia. Y aunque no se conoce en detalle el plan de reforma judicial, una cosa es segura: no hay reforma posible a favor de las mayorías populares sin tocar el fondo de los enormes privilegios que convierten a los miembros del Poder Judicial en una verdadera casta política y los ubica a años luz del común de la población.
Hablamos de órganos judiciales como la CSJ, integrada por 5 jueces, que es una de las instituciones más antidemocráticas de la República. Con mandatos vitalicios, potestades de emitir fallos que afectan la vida de millones de personas y pocos controles.No en vano, desde hace un par de años, el índice de credibilidad en el Poder Judicial bajó pronunciadamente en lo que va del mandato de Macri. Según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en 2015 era de 19,7%, y a fines de 2017 de 11,7%. Estas percepciones no son antojadizas. Evidentemente el vecino ´de a pie´ sabe mucho más de lo que subestiman los funcionarios y la realidad expone lo que no funciona, mucho más que las reflexiones mediáticas. De hecho, la población ve cómo la llamada Justicia deja impunes a los ricos y poderosos, mientras condena sin demora alguna a quienes no gozan de ese poder económico.

La casta de los ´designados´

Basta considerar que a los integrantes del Poder Judicial jamás la población los vota. La designación es un poder del presidente, con el acuerdo de la Cámara de Senadores, previa selección que confecciona el Consejo de la Magistratura. Ese Consejo (que tampoco está compuesto por voto popular), es el que se encarga de controlar a los jueces, imponer sanciones y llevar adelante su destitución. Su mandato es vitalicio. Los jueces de CSJ y de los tribunales inferiores de la Nación “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”, así lo establece la Constitución Argentina. En muchos casos, la buena conducta “te la debo”. Pero allí siguen, porque la Constitución, ese cuerpo legal cuya última reforma fue producto de un acuerdo entre peronistas y radicales en 1994 (quienes le concedieron la posibilidad de reelección a Carlos Menem), así lo dictamina.
Un juez de la Corte Suprema puede llegar a cobrar $340 mil al mes (bruto). O sea, en todo un año más de $ 4 millones. Son los funcionarios públicos mejor pagos del país. Un ex juez de la Corte Suprema, cobra una jubilación de $377 mil. Actualmente el Estado gasta solamente por 13 ex jueces, más de $3 millones de pesos por mes. Sólo 13 ex jueces cobran lo mismo que más de 400 jubilados que perciben el haber mínimo.
Sus salarios son intangibles, es decir que no pueden ser reducidos. Así también lo establece la Constitución Nacional. Amparados en esta figura, fue la misma CSJ la que estableció en 1996 la exención del pago del impuesto a las ganancias. Hoy sólo pagan este impuesto los nombrados a partir de 1° enero del 2017.
¿Puede haber independencia con semejantes privilegios y teniendo los niveles de autonomía que mantienen -y defienden- aunque los vientos políticos cambien? Es difícil…

La reforma que arde en puerta

Dicen que la idea pasó de estar flotando en el aire a garabatearse a trazo grueso en un borrador que circuló por algunos despachos oficiales y judiciales. Pero todo indicaría que el Gobierno Nacional, de salir victorioso en las próximas elecciones, buscará ampliar la Corte Suprema de Justicia y llevar a 9 miembros su integración. El diagnóstico del que parte la “mesa judicial” que asesora a presidente Mauricio Macri es certero: con esta conformación y con la mayoría circunstancial que (por intereses diversos) confluyó para resistir lo que entienden por interferencias de la Casa Rosada, sólo pueden esperar malas noticias.
En el oficialismo ya la rotulan como una Corte “opositora”. Por eso es que el principal objetivo será el de “romper” ese bloque, con la certificación de que hoy los puentes de diálogo con el cuarto piso del Palacio de Tribunales están virtualmente quebrados. El punto de inflexión fue la forzada marcha atrás al pedido del expediente por la causa “Vialidad” que involucra a Cristina de Kirchner, lo que también derivó en el recrudecimiento de la tensión interna con el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz.

Manos a la obra

Afirman fuentes seguras que la alquimia que prepara Cambiemos para la Corte en un eventual segundo mandato puede ser más amplia: además de sumar cuatro sillas al máximo Tribunal, que deberá también repartir con la oposición, aspira a un combo de modificaciones tanto en la Procuración General (todavía sin poder nominar a un jefe de los fiscales) como en la Defensoría General de la Nación. No es secreto que a su titular Stella Maris Martínez buscan empujarla hacia una jubilación, aunque por ahora sin demasiado éxito. El proyecto de ley en desarrollo busca esquivar mayorías agravadas y que pueda ser aprobado por la mitad más uno de los presentes cada Cámara en el Congreso. El reparto futuro de sillas sería una segunda instancia de negociación aunque con el claro objetivo de minar la dinámica que adquirió en los últimos meses la sucesión de fallos adversos de los que el Gobierno se entera cuando se publican.

Alerta temprana

En el cuarto piso de Talcahuano 550 están al tanto de estos movimientos y del intento del Gobierno de colocar como “fronting” del proyecto al líder de la bancada peronista en el Senado Miguel Ángel Pichetto. El rionegrino se negó de plano y el oficialismo decidió arriar las velas –con prudencia- hasta tanto pueda asegurarse una continuidad y recupere las energías. El contrapunto que generó el pedido del expediente de la causa “Vialidad” terminó de desmoronar la poca comunicación que existía entre la Casa Rosada y la cabeza del Poder Judicial. Sin brújula, el Gobierno le apuntó a Alberto Fernández como artífice de la jugada de la Corte cuando en realidad el hombre del kirchnerismo que mejor comunicación tiene con el cuarto piso de Tribunales es Eduardo “Wado” De Pedro. Causaron mucha molestia las declaraciones oficiales contra el cuarteto que amagó con frenar el inicio del juicio oral. Pero el detrás de escena dejó heridas más profundas al interior de la Corte y la sensación de que la mayoría podría adoptar medidas más drásticas para graficar qué tan intensos son los cortocircuitos. Se sumó a que percibieron trabas en la circulación de los casos análogos por reajustes a jubilados derivados del caso Blanco y los de Ganancias a pasivos.

Cal, arena y oro

La respuesta de la Corte a la artillería que le dispensó el Gobierno por el caso de Cristina fue tan imperceptible como dañina: el mismo día del inicio del debate oral firmaron un fallo fuera de agenda en el que reconocían que determinadas sumas pagadas a personal del Ejército deben considerarse remunerativas y bonificables, como parte del sueldo. Existe un paper interno del propio Gobierno que reconoce que el universo de casos impactados por la sentencia podría trepar a los $80 mil millones de costo fiscal. Eso sin tener en cuenta lo que se deberá erogar por el caso de la coparticipación de Santa Fe, próximo a culminar. Y, adicionalmente, lo que representará como golpe político para la Casa Rosada que la Corte declare próximamente la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en la demanda que entabló Barrick Gold. Dentro del cronograma de sentencias previstas, será un revés que repercutirá en la política minera que propició el oficialismo.
En la Corte también tomaron nota de las declaraciones de Fernández –ya precandidato presidencial- cuando aseguró que no propiciará una ampliación del máximo Tribunal. Sus dardos estuvieron dirigidos a una eventual modificación en el Consejo de la Magistratura, siempre eje de controversias por su funcionamiento. Coincidió con una “mini-rebelión” de senadores del PJ que se negaron a aprobar una serie de pliegos que habían sido elevados tras el proceso de selección y que formaban parte de un pacto no escrito que podría trabar el resto de las designaciones que el Gobierno tiene en carpeta. Dentro de la Comisión de Selección están cuestionando el modo en el que se eligen los jurados, de los que depende quién queda y quién no en carrera.
La Corte recordó que desde hace un año cuenta con un dictamen de la Procuración en el caso que cuestiona la constitucionalidad de la actual conformación del Consejo de 13 miembros. Todo esto será el debate fuerte detrás de bambalinas de aca a octubre. Habrá que ver…

Fuentes: LID, NA, IP, AF, Parlamentario, propias