El Gobierno nacional adjudicó ayer 18 áreas para la exploración de petróleo y gas en la plataforma «continental» argentina, también denominada «offshore». Un grupo de 13 empresas planea invertir 724 millones de dólares. La medida desató la presentación de una serie de recursos de amparo que van desde la cuestión de la soberanía por la presencia de una compañía británica en la cuenca Malvinas, hasta el riesgo ambiental y afectación de otras actividades económicas como la pesquera.
Se publicó este viernes en el Boletín Oficial la resolución que hace oficial la concesión de 18 áreas para la explotación petrolera offshore. En Tierra del Fuego impulsan distintas acciones de amparo que van desde la cuestión de la soberanía por la presencia de una firma británica hasta el riesgo ambiental y para la actividad económica.
A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la adjudicación de bloques de la plataforma marítima para el desarrollo de la explotación petrolera.
De acuerdo a la Resolución 276 de la secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui, tras el concurso se adjudicaron 18 áreas offshore que quedaron en manos de empresas y consorcios de empresas, entre las que se cuentan la estadounidense Exxon Mobil,la francesa Total, la británica Tullow, la noruega Equinor, YPF y la holandesa Shell. También se declaró «desierto» el concurso en relación a otras áreas que no recibieron oferentes.

Petróleo para británicos

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Las adjudicaciones no quedaron exentas de cuestionamientos. Es que la presencia de una firma británica con una concesión en cercanías de las Islas Malvinas no es sólo materia de polémica, sino además de presentaciones judiciales que abarcan la cuestión de la soberanía.
La primera presentación colectiva la encabezó el intendente de la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego) y candidato a gobernador, Gustavo Melella, quien este miércoles 15/05 pidió una acción de amparo ante el Juzgado Federal de esa ciudad.
“Lo que está ocurriendo es muy grave. El Gobierno Nacional ha asumido una postura de desentenderse de la cuestión de soberanía y cumplir los puntos del nefasto acuerdo Foradori Duncan, en el cual el Gobierno Nacional se compromete a despejar cualquier traba para el desarrollo británico en el Atlántico Sur”, aseguró.

Peligro inminente

De acuerdo a la prensa fueguina, el amparo es contra el decreto 872, que es el que convocó a concurso público internacional para adjudicar permisos de exploración y explotación del ámbito Costa Afuera Nacional.
Al respecto, Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande, sostuvo en declaraciones periodísticas: “Lo primero que hay que analizar es si existe la situación de peligro inminente, y si se requiere de una previa vista al Estado nacional o no. Calculo que el fiscal federal, ante la premura del caso, se expedirá de inmediato para que podamos tomar una decisión de fondo sobre la medida cautelar”.
Melella, por su parte, dijo que “nos estuvieron asesorando la exEmbajadora en Londres Alicia Castro y organizaciones vinculadas a la cuestión Malvinas para llevar a cabo esta presentación judicial en defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales”.

Medida cautelar

“También se está pidiendo una medida cautelar de no innovar con el objeto de frenar el efecto ejecutorio de este decreto e impedir la adjudicación de los permisos a empresas que tienen vinculaciones con el gobierno ilegítimo británico de Malvinas. Creemos que esto es un impacto directo contra los derechos soberanos argentinos sobre nuestras islas”, subrayó.

Operan con el gobierno kelper

Según denunció el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Tullow, adjudicataria de 3 áreas, tuvo licencias otorgadas por el gobierno kelper en la Cuenca Malvinas Sur y su directora hasta 2018, Anne Drinkwater, en paralelo, «asesoró al gobierno colonial isleño en hidrocarburos, elaborando para sus autoridades una hoja de ruta para el sector hasta el 2018». La OETEC agrega que la ejecutiva luego pasó a la noruega Equinor, tras el concurso argentino, que se hizo de 4 áreas en soledad y de otras en asociación con otras firmas, entre ellas, YPF. 2 de las áreas obtenidas se encuentran en la Cuenca Oeste.
«Entre las dos cuencas existe continuidad geológica, con lo cual los resultados de la exploración bajo el paraguas del Concurso N°1 serán determinantes para la campaña prospectiva al sur y este de las Malvinas, por cierto, en manos de Rockhopper», firma que se quedó con las licencias británicas de Tullow, advierte la OETEC.

La pesca en peligro

Por su parte, el gobierno fueguino también hará una presentación, según se informó este viernes. La gobernadora Rosana Bertone incorporó la cuestión ambiental y el impacto que la actividad petrolera tendría en la industria pesquera.
Desde el Ejecutivo fueguino sostuvieron que la decisión se funda en el riesgo que estas actividades supondrán para la industria pesquera y los recursos naturales argentinos y en la arbitrariedad manifiesta en la omisión de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente.
Asimismo, se solicitará que tomen intervención los estamentos de control del Estado y todos aquellos que puedan ver afectada sus actividades reguladas dentro de la Zona Económica Exclusiva llevando a cabo la realización de las audiencias públicas correspondientes en las Comisiones respectivas del Congreso de la Nación.

“Ataca nuestra soberanía”

En tanto, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, adelantó vía la red social Twitter que «vamos a presentar un amparo para ir en contra de esta decisión, ya que a nosotros siempre nos van a encontrar en el mismo lugar, defendiendo una Patria justa, libre y sobre todo soberana».
«Nuevamente el gobierno nacional ataca nuestra soberanía con la adjudicación de áreas de exploración de gas y petróleo de la plataforma continental argentina a empresas británicas. No podemos permitir que se siga ignorando la legislación nacional que protege nuestros recursos naturales. No podemos mirar hacia otro lado mientras las petroleras británicas siguen explorando y explotando en la plataforma continental argentina», disparó Vuoto.

Pais reclamó a Faurie proteger la soberanía y los recursos naturales

El senador nacional Juan Mario Pais reclamó esta semana al canciller Jorge Faurie el rechazo a cualquier tipo de acuerdo que implique una afectación a la “soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus recursos naturales”, al tiempo que ratificó la “ilegalidad manifiesta” de los permisos pesqueros otorgados por el gobierno kelper.
En el marco de la comparecencia del ministro Faurie ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Pais insistió asimismo en el derecho que la legislación argentina da a la provincia de Tierra del Fuego en la cuestión Malvinas. “La propia ley de provincialización de 1990 y su modificación de 2009 estableció que las Islas Malvinas y las demás islas del Atlántico Sur son parte del territorio de la provincia, por lo cual entiendo que el Gobierno y el pueblo fueguino tienen que tener un protagonismo en la toma de decisiones de política exterior en la materia”, remarcó.
El senador chubutense reiteró ante Faurie la necesidad de proteger los recursos nacionales y recordó que oportunamente formuló severas críticas al comunicado conjunto firmado en 2016 por las autoridades británicas con la administración macrista, que buscaba “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. “Una acción de esta índole implicaría un reconocimiento de facto de derechos británicos sobre el territorio argentino”, aseguró.