Por Trivia Demir

El gran debate político que viene en serio, no es solo garantizar gobernabilidad y consensuar un proyecto previsible de gobierno que no genere esa permanente sensación social de que hacen lo que se les antoja con los destinos del país y de la provincia. Es empezar a encarar una transformación de un sector público que ha quedado obsoleto, agrandado y encarecido al extremo de producir enorme déficit público. Tal vez un tema que los más entendidos consideran que pasa más por reformas o ´modernización´ que convierta a las mismas estructuras en eslabones eficientes, que en un achique de la cadena.
Cómo sea, muy pocos gobiernos han encarado profundamente, o han podido avanzar lo suficiente en un proceso de reforma del sector público.
Este es ya un tema insoslayable que no pocos entendidos vienen cuestionando: ¿Por qué razón tenemos este desmadre de gasto público consolidado y, como contracara, la correspondiente presión impositiva que hace inviable cualquier idea de crecimiento?
Según Roberto Cachanosky “Un dato muestra el grado de ineficiencia por sobredimensionamiento del Estado. La Argentina tiene 23 provincias y con CABA 24 distritos, para una población de 44 millones de personas, en comparación con 50 que tiene Estados Unidos, con 326 millones de habitantes, con lo cual cada unidad administrativa a nivel estadual es de 1,8 millones de personas en el primer caso y de 6,5 millones en el segundo, que es lo mismo que decir que en la mayor economía del mundo cada distrito es 3,6 veces más eficiente que su par en el extremo sur del continente”.
“En los Estados Unidos hay 3.143 condados, que son los equivalentes a nuestros municipios, con un promedio de 62 por subestados. En Argentina hay unos 2.300 municipios para 23 provincias, es decir, hay un promedio de 100 por esos grandes distritos. Esto significa tener más intendentes, concejales, empleados municipales y jueces de infracciones, entre otros, en términos relativos”, afirma el economista.
Si la cuestión se analiza por costos y gasto, el experto explica en una comparación con España (porque tiene una población apenas superior a la de la Argentina, 47 millones de habitantes”, que “La Cámara de Diputados de Argentina tiene un presupuesto anual equivalente a 208 millones de euros, al tipo de cambio de $45 por euro; y 257 diputados, es decir un costo promedio por legislador en la Cámara baja de 67.400 euros por mes, en sueldo propio y de sus colaboradores, teléfonos, secretarias y movilidad, entre otros. España tiene 350 diputados y un presupuesto es de 91 millones de euros que arroja una relación por legislador de 21.700 euros por mes. Es decir, el costo por diputado argentino es 3 veces mayor que el de un diputado en España”.
O sea, una estructura insostenible con un gasto insostenible. Ante esto, es evidente que ningún sector de la política puede hacerse el distraído ante la debacle económico financiera que afronta el país y porqué nuestra productiva provincia de Chubut. En todo caso, los líderes, pueden decidir si tomar esta posta ahora o dejar que otras facciones se apropien de esta bandera y capitalicen luego electoralmente esos logros que mejoran la calidad de vida de la gente. Pero que hay que empezar a pensar en una transformación profunda del Estado, no hay ninguna duda.

Hay voluntades

En línea con una mirada que supere la mera coyuntura proselitista y busque modificar el sistema que acorrala a nuestro país, y nuestras provincias, por estos días el director ejecutivo del CEDyAT, Fabián Ruocco detalló las bases de un acuerdo al que han suscrito más de 300 expertos de 32 universidades nacionales, 17 universidades privadas, 50 asociaciones civiles y profesionales, centros de gestión, fundaciones, ONG´s, unidades de vinculación tecnológica y sindicatos del sector público junto con 18 instituciones del sector público nacional y provincial de los tres poderes. El columnista explica que “más allá de los resultados electorales próximos, será necesaria una visión superadora para abordar una problemática largamente postergada respecto al tamaño y eficacia de la administración pública del Estado, motivo de preocupación y debate.
El Estado existe para dar respuesta a problemáticas de alta complejidad ya sean ambientales, sociales, económicas, regionales o internacionales. Sin embargo, nos encontramos ante un Estado lento, burocrático y desactualizado. Deberíamos preguntamos: ¿qué es lo que no funciona bien? Este interrogante exige salir de los lugares comunes que la mediocridad nos ofrece como respuesta reactiva, y fomentar la colaboración y participación intergeneracional, mientras se nutre a la próxima generación de profesionales en ascenso para que sean agentes de transformación en sus lugares de trabajo.
Como contraparte, se plantea la necesidad de funcionarios públicos altamente preparados, competentes, imparciales, íntegros y comprometidos con los valores democráticos. Efectivamente, existe una disparidad entre la velocidad de innovación y nuestra capacidad para desarrollar nuevos sistemas acordes al avance que permitan a la ciudadanía aprovechar al máximo estas aceleraciones y amortiguar sus peores efectos. Las nuevas tecnologías tampoco ofrecen en este caso, por sí mismas, el remedio contra la ignorancia”.

Buscando transformar

Según el titular de CEDyAT “Un numeroso y plural grupo de académicos, profesores, expertos, investigadores y consultores en materia de Administración y Gestión Pública, venimos impulsando un conjunto de compromisos concretos orientados a la mejora sustancial de las políticas y de las realidades que hacen al funcionamiento de lo público en todos los Poderes del Estado y en todos los niveles de Gobierno -nacional, provincial y municipal-.
Elaboramos una propuesta de consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI, que propone:
1. Cumplir con la Constitución Nacional en el régimen de funcionarios públicos, garantizando igualdad de derecho de todos a ingresar al servicio civil mediante concursos abiertos y transparentes, terminando con la por adhesión política, amiguismo, nepotismo o corporativismo.
2. Construir un Servicio Civil Profesional de Carrera, basado en la acreditación de la idoneidad y el buen desempeño.
3. Planificar estratégicamente, y con sustentabilidad financiera, los planteles de personal, programando dotaciones de personal con visión estratégica y responsabilidad fiscal, asegurando la continuidad de los servicios en las áreas críticas de la Administración.
4. Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de funcionarios directivos de carrera.
5. Cumplir principios de empleo digno y decente, terminando con todo tipo de discriminación negativa y precarización o subcontratación laboral, abierta o encubierta.
6. Invertir en capacitación y actualización tecnológica, con una formación continua, actualizada e innovadora en la dimensión técnica, profesional y ética.
7. Jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública, con una gestión profesional para el desempeño laboral del funcionariado.
Este acuerdo ha sido suscrito por más de 300 expertos de universidades nacionales y privadas, asociaciones civiles y profesionales, centros de gestión, fundaciones, ONG´s, unidades de vinculación tecnológica, sindicatos del sector público, e instituciones del sector público nacional y provincial de los tres Poderes”. Con esto se busca que el flujo de nuevas ideas evite el estancamiento en el pasado. “Invitamos al diálogo franco, abierto y plural para arribar a acuerdos que persistan en el tiempo acorde a los nuevos escenarios” invita la unidad de vinculación CEDyAT. (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica www.cedyat.org) Un tema para seguir de cerca si se quiere apuntar a soluciones concretas de nuestra realidad.
En fin, en la dialéctica del gran dilema nacional diría Honorato de Balzac, “la burocracia es un mecanismo gigante operado por pigmeos”, a lo que le retrucaría Paul Masson y “los funcionarios son como los libros de una biblioteca: los que están en lugares más altos son los que menos sirven”. Habrá que ver…

Fuentes: NA, Infobae, Parlamentario, propias