El Gobierno provincial tampoco podrá comprar las pistolas de electroshock Taser, debido a planteos jurídicos que diversos sectores políticos y organizaciones elevaron al Gobierno Nacional respecto del efecto que provocan estas armas entre quienes reciben sus descargas eléctricas.
A pesar de esto, fuentes de la Policía del Chubut que responde al ministro de Gobierno, Federico Massoni, ratificaron que están decididos a comprar 25 pistolas de electroshock marca “Spark”, a un proveedor de Brasil que importa las armas de Estados Unidos.
La compra –acordada por Massoni en su momento con Patricia Bullrich- venía avanzada hasta que surgieron planteos legales de orden nacional que hicieron que se frenara el proceso.
Las pistolas costarán unos 2,4 millones de pesos y el Gobierno confía en poder adquirirlas una vez que se aclaren los planteos jurídicos que cuestionan la aplicación de estos métodos.
Según las fuentes, las 25 pistolas “Spark” hoy están en los Estados Unidos y el proveedor brasilero habría pedido determinadas garantías al Gobierno para importarlas. Estos planteos jurídicos también estarían generando dudas en otros proveedores que tenían previsto comercializar estas armas en otros puntos del país.

Protocolo de uso

Massoni quiere dotar a la Policía de Chubut que conduce Miguel Gómez de este polémico armamento que se presenta como no letal. En principio se adquirirían unas 25.
El secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, advirtió que con ese dinero se podrían comprar “tres o cuatro calderas” nuevas para escuelas que están con problemas eléctricos y de gas, como quedó reflejado ayer en la 742 de Comodoro Rivadavia.
Los especialistas de la Policía del Chubut sostienen que hay que concientizar al policía en el correcto uso de las armas y que se debe capacitarlo en el protocolo que quede establecido para ello. Sin embargo, coinciden en que entre utilizar un arma de fuego o la de electroshock para preservar la vida, esta última logra ese resultado.

Discusiones ideológicas

El ministro de Gobierno, Federico Massoni, es un acérrimo defensor de la iniciativa y ha dicho que no discutiría ideologías, y que al policía había que brindarle la posibilidad de “ir aumentando el uso de la violencia” sin llegar directamente al empleo del arma de fuego.
Desde la jefatura de la Policía, en tanto, aclaran que hay normas a las que ajustarse y que se tendrán que usar.
Las armas pueden descargar sobre una persona 50 mil voltios en 5 segundos, con una velocidad de 190 kilómetros por hora y tiene efectos sobre la salud, ya que provocan dolores intensos, contracciones musculares, espasmos y cambios de ritmo cardiaco, además de aturdimientos e incluso pueden llegar a dejar eventuales amnesias temporales.

Armas de electroshock

Por eso desde la Defensa Pública se elaboró un dictamen sobre el empleo de las armas de electroshock, firmado por Lucas Lancionti, German Kexel y Jorge Benesperi, en el que “se prevé que las armas serán utilizadas como último recurso cuando otros medios no violentos resulten ineficaces y que el control y uso de este tipo de armas será cuidadoso para reducir al mínimo el riesgo”.
Allí se exige que quienes utilicen las armas sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas idóneas para el ejercicio eficaz y reciban capacitación profesional continua, completa y periódica.

Rechazo de derechos humanos

De esa manera los efectivos de la Policía del Chubut deberán estar preparados para utilizar este tipo de armas incluso en asistencia médica inmediata luego de que la persona quede reducida con el electroshock.
La Defensa Pública recordó que Amnistía Internacional, American Civil Libertis Union y la editorial Reuters hacen referencia a un importante número de muertes sucedidas como consecuencia del uso de estas armas y a otra serie de situaciones perjudiciales para la salud de la población.
De hecho estima que son centenares los casos de muertes registrados en los Estados Unidos como consecuencia del empleo de Taser entre los años 2000 y 2017.
Una de las conclusiones del dictamen es que “la incorporación de nuevos tipos de armas sin un control adecuado puede resultar regresivo en materia de derechos humanos”.
Al conocer el costo de las pistolas Taser, el referente del Grupo Pro Derechos de los Niños, Roberto Llaiquel, dijo “se podría invertir en otros derechos y recordó que además de Aministía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expidió intentando buscar que se desalentara su uso por considerarla “una herramienta de tortura”. (El Patagónico)