LES INCAUTARON COMPUTADORAS Y CELULARES EN SUS DOMICILIOS PARTICULARES

Cómo fue la investigación que dio con los “bromistas” de la Politécnica

La semana pasada, la comunidad educativa de la Escuela Politécnica de Puerto Madryn vivió horas de angustia, luego de que se difundieran mensajes y un video en el que un presunto alumno, diagnosticado con una enfermedad terminal, amenazara con provocar una masacre en el establecimiento, teniendo como blanco a los compañeros que se habían burlado de su salud.
Casi en simultáneo, el Comando Radioeléctrico de la Policía recibió un llamado telefónico en el cual, la voz de un adolescente, advertía sobre la presencia de un artefacto explosivo en la institución; a pesar de que no se trataba de la primera vez en que este tipo de amenazas tenían lugar, el despliegue policial fue amplio, y las autoridades locales convocaron a la División Explosivos para registrar el edificio.
Amenazas en un pizarrón y requisas en las mochilas de alumnos, algunos de ellos de muy corta edad, fueron algunas de las postales que los estudiantes advirtieron el pasado viernes.
Sin embargo, horas después se conocería que todo se había tratado de una broma, ejecutada por dos menores que terminaron demorados, a partir de una investigación exhaustiva que demoró menos de dos días, y a través de la cual rastrearon cada paso que los individuos realizaron en las redes sociales, para culminar con dos allanamientos y el esclarecimiento del caso.

Operativo y despliegue

Según información a la que tuvo acceso El Diario, los operativos se iniciaron luego de que la directora del establecimiento radicara una denuncia penal en la Comisaría Primera.
Ello hizo que se pusieran en marcha las actuaciones por parte del personal de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, a cargo del comisario Cristián Vázquez.
También, participación otras divisiones como la Guardia de Infantería, el propio ministro de Seguridad Federico Massoni, el jefe de Área, comisario mayor Adrian Muñoz y los titulares de la Unidad Regional con asiento en la ciudad del Golfo.

Confesión falsa

El 19 de junio a las 14:15 horas, la directora de la Politécnica y una Supervisora denunciaron haber tomado conocimiento “por parte de la Red Social Instagran que, en un perfil que giraba bajo el nombre de fantasía ‘confesiones_madryn_’, un presunto alumno del establecimiento educativo mencionado anteriormente expresó textualmente: ‘confieso que tengo cáncer terminal y mi familia no lo sabe, el viernes a las 07:40 AM voy a ir con una Glock 9 mm al cole, Escuela Politécnica Taoa Tapa*…’ (sic)”.
El mensaje había sido plasomado en el enlace [https://www.instagram.com/p/BylgAT6BqpD/], pero la cuenta fue dada de baja tras las actuaciones.

Incautaron celulares y notebooks

Dos días después de realizada la denuncia, sobre las 16:30 horas, la División Policial de Investigaciones llevó adelante dos allanamientos y registros domiciliarios dispuestos por el juez penal Marcelo Orlando.
El primero de ellos, en una vivienda de la calle José Contín al 800, donde reside una familia con un apellido “conocido”, pero que no tendría parentezco alguno con personas de alta exposición mediática de la ciudad.
Allí, secuestraron un dispositivo móvil sobre el cual se creó la cuenta de Instagram, además se incautar una “netbook del gobierno”, es decir, una de las que se entregaban años atrás en el marco del programa nacional Conectar Igualdad.
El segundo allanamiento fue realizado en San Luis al 800, donde secuestraron “tres celulares, una netbook, una notebook y un CPU”.

Un error “amateur”

El esclarecimiento del caso fue posible, según trascendió, gracias al “amateurismo” de los individuos que realizaron las amenazas: una joven menor de edad y un mayor, quienes utilizaron sus propios teléfonos y dispositivos personales para elaborar las amenazas, dejando expuesta su dirección IP, a través de la cual fue posible rastrear sus últimos movimientos.
Inclusive, en uno de los domicilios, el padre de uno de los “bromistas” se había quejado del importante despliegue policial por lo que consideró una “travesura”, la cual mantuvo en vilo a la comunidad educativa de la Escuela 703 durante al menos dos días.
Lo que se conocería en los próximos días es cómo responderían, legalmente, las dos personas acusadas del delito de “intimidación”, ya que según lo anticipara el ministro Massoni, serían demandados y les exigirían compensar económicamente el costo de los procedimientos, que involucraron una gran cantidad de áreas y agentes afectados a las mismas.

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