Al cierre de esta edición, el Supremo de Brasil debatía si el expresidente de Brasil Lula da Silva debe ser excarcelado en respuesta a dos peticiones de habeas corpus presentadas por sus abogados con el argumento de que el juez Sergio Moro (ahora ministro de Jair Bolsonaro), el primero que le condenó, fue parcial.
El análisis de la petición empezó en la sede del tribunal, en Brasilia, cuando prácticamente nadie lo esperaba y tras días de tira y afloja entre los propios miembros del tribunal. La decisión corresponde a cinco jueces del Supremo. El tribunal retoma un debate que comenzó hace meses y lo hace días después de que su defensa reclamara que los diálogos de Moro con los fiscales de la Lava Jato revelados por The Intercept Brasil fueran incorporados a sus argumentos. Lula lleva 14 meses preso.
Los abogados del expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) reclaman que el llamado caso del tríplex sea anulado. Lula, de 73 años, está condenado a ocho años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero por haber aceptado que una empresa constructora que tenía grandes contratos públicos hiciera unas obras en un apartamento playero de tres pisos que prácticamente nunca utilizó. Está condenado a otros 12 años de cárcel en un segundo caso similar y se enfrenta a un puñado de investigaciones judiciales más. El exmandatario y su partido sostienen que el encarcelamiento es fruto de una conspiración para arrebatar el poder a la izquierda.
Dos de los jueces que deben decidir sobre el asunto ya votaron en contra de la libertad del petista antes de que el debate de este caso fuera interrumpido a petición del uno de los magistrados. Los dos jueces que ya emitieron el voto lo podrían teóricamente cambiar antes de que el tribunal acordara el fallo. Desde la semana pasada se especula en Brasil si el habeas corpus del expresidente entraría en el orden del día de este martes en vista de que el Supremo, que tiene el poder de decidir la agenda sobre la marcha, comienza en nada un receso hasta agosto.