Mientras el año electoral sigue promediando sus distintas etapas, la economía provincial vuelve plantear interrogantes que no habían sido resueltos, que quedaron apenas postergados por la ebullición de las campañas pero que siguen pendientes: una deuda de más de 1.000 millones de dólares, que será necesario refinanciar, además del creciente déficit por la diferencia entre los gastos y los ingresos, configuran el mapa del “segundo semestre” chubutense.
No parece haber diferencias sobre la “receta” de salir a renegociar la deuda provincial, que el gobernador Arcioni plasmó en un proyecto de ley enviado esta semana a Legislatura en busca de autorización.
Su ex adversario en la pelea por la gobernación, Carlos Linares, se había expresado durante la campaña a favor de refinanciar el endeudamiento, que sólo en lo que queda del año exige responder con más de 80 millones de dólares (unos 3.600 millones de pesos), mientras que lo peor queda de aquí al 2023, cuando esperan los vencimientos más gruesos.
Las demás expresiones políticas, con matices, pusieron el acento en posiciones más duras: los partidos de izquierda plantearon la negativa a asumir el pago hasta tanto se determine el origen y en qué se gastaron 1.000 millones de dólares, mientras que Gustavo Menna cuestionó la “mala administración” de los últimos años.
Fue para decir que con ingresos muy por encima de los 400 millones de dólares en regalías petroleras, la provincia no sólo no creció en infraestructura, sino que además quedó fuertemente endeudada al punto de ahogar hoy sus finanzas públicas.
Es llamativo que el origen de la deuda siempre tuvo justificativos en la construcción de obras de infraestructura, las que sin embargo no son fáciles de identificar cuáles ni dónde están construidas.
En 2010, cuando el entonces gobernador Das Neves se distanció de la administración kirchnerista por su proyecto de ser presidente de la Nación, avanzó en la creación del “Fideicomiso financiero Chubut” por 150 millones de dólares.
Por ese instrumento, quedan vencimientos por más de U$18 millones este año y otros U$12,5 millones el año próximo. Según el detalle al que tuvo acceso esta columna, no se observan vencimientos para los próximos años, por lo que puede estimarse que el 2020 será el último para terminar con esta deuda.
¿Qué obras se hicieron con este endeudamiento? Sería un gesto de responsabilidad política que al momento de tratar la reprogramación de vencimientos, se dé a conocer un informe a toda la sociedad con el detalle de proyectos financiados.
El segundo instrumento es el llamado “BODIC”, colocado en dos tramos, por el entonces gobernador Buzzi, entre 2013 y 2014, por un total de 220 millones de dólares. En este caso, los vencimientos previstos para la segunda mitad de este año suman U$27,9 millones en el I y otros U$11,1 millones para el II. Es decir, unos 35 millones de dólares para el resto del año. Para 2020, el BODIC II exigirá afrontar otros U$23 millones,
Para 2021, el BODIC II insumirá unos U$5,9 millones no observándose más vencimientos en la planilla anexa al proyecto, por lo que podría suponerse que en este caso la deuda se terminó de pagar, ya que fue tomada en menor plazo. Los proyectos con los que se justificaron estos bonos fueron “10 centros de encuentro” y “2 hospitales públicos”, uno para Trelew y otro Comodoro. También al momento de aprobar la refinanciación, será necesario y urgente un detalle sobre las obras realizadas y los montos realmente invertidos (para ganar tiempo, se puede ir precisando que uno de los hospitales, el que correspondía a Comodoro Rivadavia, nunca comenzó a ejecutarse).
En 2016, al inicio de la actual gestión de gobierno, iniciada por el fallecido gobernador Mario Das Neves y concluida por Mariano Arcioni, se aprobaron dos nuevos endeudamientos. El BOCADE (para cancelación de deudas del Estado, por 650 millones de dólares) y el BOPRO, por otros 50 millones de dólares. El BOCADE insumirá en el segundo semestre 2019 unos U$24,1 M. Llamativamente, este monto se destina exclusivamente a pagar interés, con cero amortización de capital. El BOPRO demandará U$6,4 millones. En total, en lo que queda del año, la provincia debe afrontar U$80,5 millones, sumando capital e intereses.
Para los próximos años, la mayor parte de la deuda queda entre el BOCADE y el BOPRO, hasta totalizar los 1.005,3 millones de dólares. Una vez más: también en este caso, la refinanciación de deuda debería hacerse con un detalle de qué tipo de obras se han financiado con tamaño monto, que ha comprometido además las regalías petroleras hasta el año 2026.
(Fuente: Adn Sur)