En la ciudad de Rawson, en la audiencia del día lunes 3 de junio, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento de personas, en la cual se pudo establecer e identificar al estafador de alquileres.
Posteriormente, y por acuerdo expreso manifestado libremente en audiencia, las cinco víctimas de estafas junto a la Fiscalía consintieron la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, la que fue concedida por el plazo de dos años y medio debiendo el imputado cumplir algunas reglas de conducta; primero, la devolución del total del dinero obtenido ilegalmente, una suma total cercana a los 40 mil pesos. Parte ya había sido secuestrada, con lo cual se puso a disposición de la fiscalía y la otra la tiene que integrar el imputado antes de este día viernes. Ese dinero le va a ser devuelto por el Ministerio Público Fiscal a cada una de las víctimas en el monto exacto por lo que habían sido defraudados.

Trabajo comunitario

También se tuvo en cuenta que el imputado no registra ningún tipo de antecedente condenatorio, ni vinculación con otras causas en trámite, además se pudo constatar un domicilio en Trelew, aunque alterna con su lugar de trabajo fuera de la provincia, pero se estableció como obligación mantener el domicilio actualizado.
Además, va a cumplir cuarenta horas de trabajo comunitario en beneficio de alguna entidad bien público para reparar el daño social ocasionado por su accionar.
La fiscalía representada por el fiscal general Fernando Rivarola tuvo en cuenta también la levedad de los delitos que se le imputaron dentro de la escala de una estafa. Cabe mencionar que, si incumple con las reglas de conducta que le impuso el juez Sergio Piñeda, se le puede revocar el beneficio y eventualmente la pena que se le imponga nunca podrá quedar en suspenso conforme lo que dice el código. Si la revocación es por comisión de un nuevo delito en ese caso no tiene posibilidad de acceder a una pena en suspenso, con los antecedentes tenidos en cuenta todo indicaba que en un eventual juicio, no obstante la cantidad de hechos que se le imputaban tenía posibilidades de obtener una pena en suspenso y por eso se consintió la suspensión de juicio a prueba. El imputado fue asistido por el defensor público Damian D’antonio.