Argentina recibió un nuevo revés judicial en la jornada de ayer en la discusión judicial por la expropiación de YPF. Puntualmente, lo que sucedió fue que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el pedido para que la demanda en cuestión se resuelva ante los tribunales de nuestro país, al confirmar la jurisdicción estadounidense.
De esta manera, Argentina se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar hasta 3.000 millones de dólares en el juicio que mantiene actualmente con el fondo Burford. Por su parte, el expediente de la causa volverá al tribunal de Loretta Preska en el segundo distrito sur de Nueva York, heredera de Thomas Griesa, quien fuera verdugo para nuestro país en el juicio que había iniciado anteriormente el “fondo buitre” Paul Singer.
Todo comenzó el último 22 de mayo, cuando el gobierno norteamericano, a través del procurador federal Noel Francisco, resolvió recomendar a la Corte que el juicio que se le sigue al país por la manera en la que se reestatizó la petrolera permanezca en los tribunales norteamericanos. Argentina sabe de qué se trata esto, teniendo en cuenta que una situación similar se dio en el “juicio del siglo” que nuestro país perdió contra los holdouts y “fondos buitre” durante la segunda gestión presidencial de Cristina Fernández.
La Corte le había pedido al gobierno de Donald Trump su opinión el 7 de enero pasado y desde Buenos Aires se interpretó al hecho como un buen augurio. De hecho, se especulaba con que las muy buenas relaciones entre el presidente de Estados Unidos y Mauricio Macri harían que, al menos, la administración norteamericana retrasara la decisión hasta que el clima financiero se estabilizara y el país pudiera volver a los mercados para tomar deuda y liquidar el pasivo que deje la causa. Sin embargo, el solicitante general no sólo emitió su opinión negativa en mayo, que es algo que Argentina descartaba, sino que además lo hizo de manera rápida y contundente. Francisco podía haber esperado hasta principios de noviembre para dar su dictamen, pero no lo hizo.
El hecho de haber adelantado los tiempos hace comenzar a correr también el reloj de la Corte que tiene ahora cuatro semanas para anunciar su decisión, mientras que el gobierno de Macri esperaba que la resolución de la causa pasara a 2020. Para el segundo semestre del año ya se sabrá cuánto deberá pagar el país.

Inicios de la causa

Vale recordar que esta causa judicial se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio casos judiciales con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazi creó en el país europeo, pero que al momento de la reestatización ya había abandonado.
El Grupo Petersen las había presentado en concurso en los tribunales de Madrid, luego de la reestatización de YPF en 2012 y al no poder pagar las cuotas de la operación pactada para el ingreso del grupo argentino a la petrolera. Petersen había contraído la deuda con el compromiso de liquidar el ingreso a partir de los giros de dividendos, pero una vez que se reestatizó la empresa, el Gobierno prohibió la distribución de ganancias. Como el Grupo Petersen no contaba con los dólares para seguir con los pagos, y ante la imposibilidad de tomar deuda en el exterior a tasas razonables, presentó Petersen Energía y Petersen Energía Inversora en concurso en Madrid.
Es en ese momento en que entra en acción Burford. Compró la causa a la Justicia española en menos de 30 millones de dólares, reclamando por la manera en que el Gobierno nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de privatización definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
Durante la reestatización, el gobierno de Cristina Fernández no le dio importancia a este punto y el Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones, luego de que en el recinto el entonces ministro de Economía Axel Kicillof descartara cualquier problema posterior afirmando. “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”, dijo en su momento el entonces titular de la cartera económica nacional. Esta frase es ahora una de las argumentaciones centrales de Burford en la causa que tiene que definir la Cámara de Apelaciones de Nueva York.