La Legislatura de Chubut rechazó el veto al Fondo Ambiental Provincial

La Legislatura Provincial rechazó ayer el veto del gobernador Mariano Arcioni hacia la Ley del Fondo Ambiental Provincial, más conocida como “Canon pesquero”, proyecto impulsado por el diputado chubutense Alfredo Di Filippo, titular del bloque Convergencia.
Lo que sucedió días atrás fue que el titular del Poder Ejecutivo había dictado un decreto (Nº 590/19) por cual se vetó totalmente un proyecto de ley que había contado con la aprobación unánime de los diputados provinciales. Esta norma, que no obtuvo el visto bueno de Arcioni, lo que busca es fijar un mecanismo de “certificados de deuda” y, en caso de existir sumas impagas, totales o parciales, o pagos fuera de término, esos certificados serían un instrumento ejecutivo más que suficiente para su ejecución.
En el detalle de la ley impulsada por el legislador Di Filippo, se faculta al Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut a recaudar y a ejecutar el cobro de deuda de los morosos del Fondo Ambiental Provincial. Este concepto fue, justamente, el fundamento de Arcioni para vetar la normativa, ya que consideró que las cuestiones jurídicas en materia impositiva en Chubut deben recaer sobre la Dirección General de Rentas, como organismo autorizado para certificar deudas y ejecutar su cobro. No obstante, en lugar de vetar sólo esa parte de la ley, al tratarse de uno de los artículos esenciales de la misma, el titular del Poder Ejecutivo decidió rechazar la norma en su totalidad.
Vale recordar que la Ley I N° 620, que fue la que creó el Fondo Ambiental Provincial, fue aprobada en mayo de 2018 y sufrió varias modificaciones posteriores. En un principio la norma preveía imponer el valor de un dólar por la descarga de cada cajón de langostino de las flotas costeras o fresqueras, en cualquiera de todos los puertos distribuidos en todo el territorio provincial.
Posteriormente, la Legislatura de Chubut aprobó unánimemente que el canon sea a razón de un litro de gasoil por cada cajón de langostino, y para los barcos con licencias provinciales tendrían el beneficio de pagar el 50% de ese valor. De lo recaudado a través de este mecanismo, se preveía que la repartición sería mitad para el Gobierno Provincial y el restante 50% se dividiría entre los municipios costeros que deben afrontar los pasivos ambientales que genera la industria pesquera, la cual genera una gran cantidad de residuos sólidos y líquidos. Al respecto, cabe aclarar que esta es otra temática que todavía no se ha resuelto, ya que en algunos municipios aseguran que estos restos no son tratados en su totalidad como corresponde.
Asimismo, la norma del Fondo Ambiental Provincial no determinó en ningún momento que sucedía si no se pagaba con los montos correspondientes, antes mencionados. Tampoco hizo referencia nunca a cómo se ejecutaría la deuda acumulada, designando al Ministerio de Ambiente como agente recaudador.
En tanto, los cambios introducidos hace poco más de un mes por el diputado Di Filippo, facultaba a esta cartera provincial a certificar la deuda de los barcos que no pagaran el “canon pesquero”. Además, ésta debía dar aviso a la autoridad portuaria correspondiente para que proceda a suspender los servicios portuarios al sujeto que mantenía un pasivo con el Ministerio, negando futuros desembarcos hasta que acredite y compruebe haber saldado su pasivo.

Justificación del veto

Por su parte, el veto del gobernador Arcioni estuvo justificado y fundamentado en otras normativas provinciales. Puntualmente, en su explicación el Poder Ejecutivo de Chubut esgrimió que “la recaudación de las rentas provinciales es de competencia del Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Rentas, dicha competencia se origina en el artículo 157 de la Constitución Provincial, la ley de Ministerios I N° 566, el Código Fiscal y la Ley de administración Financiera de la Provincia”.
Además, la sección que fundamentó el rechazó a la ley aprobada unánimemente por la Legislatura de Chubut se consideró que la misma “no prevé un procedimiento específico que disponga vías procesales compatibles con los principios de debido proceso y derecho de defensa de los contribuyentes, los que deben reglar el procedimiento determinativo de deudas de naturaleza tributaria”, y bajo esas circunstancias, en Ejecutivo de Chubut consideró que “el Proyecto de Ley tal como fue sancionado infringe normas de jerarquía constitucional y se encuentra en pugna con la Ley de Ministerios, la Ley de Administración Financiera y el Código Fiscal de la Provincia”.
Ahora, la Legislatura dejó firme la norma que no podrá ser vetada en lo que resta del periodo legislativo, porque se aprobó con más de los dos tercios de los presentes. Di Filippo sostuvo que hay diferentes organismos que son agentes de retención, y que el fondo ambiental no es un impuesto, y por lo tanto no se lo debe enmarcar en que la recaudación del mismo le corresponde a Rentas.

Ampliación del ejido municipal de Rawson

En la sesión que se realizó en la víspera en la Legislatura Provincial también se aprobó la ampliación del ejido municipal de la ciudad de Rawson, proyecto impulsado por los diputados Di Filippo, Adrián López y Blas Meza Evans. Al respecto, el titular del bloque Convergencia dijo: “Es muy importante para Rawson. Esto le dará un gran desarrollo”.

Preocupa la caída de prestaciones de SEROS

El diputado David González (PJ-FPV) quien preside la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo, propuso una convocatoria de la Legislatura, para el próximo día miércoles, a las 11 horas, a las autoridades de la Obra Social estatal SEROS-Chubut a fin de considerar con los legisladores de distintos bloques la complicada situación institucional y social vinculada con la problemática asistencial, debido a cortes de servicios profesionales por distintos prestadores (médicos, bioquímicos, entre otros) reclamando correspondientes pagos a la obra social provincial.