Las sucesivas devaluaciones registradas a lo largo de 2018 provocaron un drástico cambio regresivo en la distribución de los ingresos entre el trabajo y el capital, lo que trajo consecuencias negativas a los salarios, la actividad económica y el empleo. Los últimos indicadores disponibles reflejaron el modo en el que la fase recesiva está afectando al empleo y a los ingresos. A quienes peor les fue están los trabajadores que dependen de la administración provincial de Chubut, como de otras provincias del sur, donde el deterioro del poder adquisitivo fue de más del 10%, cuya contraparte fue una distancia más que holgada (entre ocho y 16 puntos) respecto al límite establecido con el pacto.

Caída libre

El proceso de contracción del poder adquisitivo del salario medio verificado desde 2018 es el más profundo y duradero desde la salida del régimen de la Convertibilidad, allá por 2002. En los primeros meses de 2019, tanto las revisiones salariales como los nuevos acuerdos firmados no consiguieron revertir esta tendencia. En tanto, esta situación se evidenció fuertemente en Chubut, teniendo en cuenta que fue la provincia en la que más cayó el salario real durante el 2018, por lo que los trabajadores de la provincia patagónica evidenciaron una variación negativa en el poder de compra superior a la del resto de los argentinos.
Asimismo, el total del trabajo registrado en el sistema de seguridad social presentó una marcada tendencia declinante en 2018 y en los primeros meses de 2019. Esto es una señal especialmente preocupante porque, al menos desde el año 2012 este universo de trabajadores no había mostrado variaciones porque, al menos desde el año 2012, este universo de trabajadores no había mostrado variaciones negativas sostenidas en las fases contractivas.
Al respecto, un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) reveló que la reducción del trabajo registrado se produjo, principalmente, por la dinámica negativa del empleo asalariado registrado en empresas privadas (que es la modalidad que ofrece la protección laboral más amplia).
Así las cosas, la reducción del empleo privado se explica, fundamentalmente, por la decisión de las empresas de no cubrir las vacantes generadas por las desvinculaciones voluntarias de trabajadores (jubilaciones, cambios de trabajo o salidas del mercado laboral), ni las que se producen por despidos.
El informe de la alta casa de estudios también precisó que el proceso de destrucción de empleo es mucho más intenso en los puestos de trabajo de menor calificación, lo que implica que la contracción de la actividad económica está impactando con distinta intensidad en los diferentes segmentos de la estructura ocupacional, profundizando así la inequidad.

Peores condiciones laborales

Los indicadores generales del mercado de trabajo del cuarto trimestre de 2018 (último dato disponible) mostraron un marcado empeoramiento de las condiciones del mundo laboral. La tasa de desempleo presentó el mayor crecimiento desde la crisis de 2001-2002. Esto se originó en la contracción de la población ocupada, que se retrajo a pesar de que el empleo no registrado mostró un comportamiento contra-cíclico (se expandió). En consecuencia, se podría afirmar que, de no ser por el empleo informal, la tasa de desempleo podría haber subido aún más.
El desplome del poder adquisitivo de los ingresos laborales, la contracción del nivel de empleo y la ausencia casi total de políticas públicas que permitan mitigar las consecuencias de la recesión son los principales factores que explican el crecimiento de la pobreza en el segundo semestre de 2018 y, en particular, en el cuarto trimestre de dicho año.
Hasta el momento, las políticas laborales que se utilizan habitualmente para morigerar el impacto de la recesión presentan una incidencia y una cobertura prácticamente inexistente. Un claro ejemplo de esto es el programa REPRO, destinado a preservar los puestos de trabajo existentes, reporta una cantidad de trabajadores que representa sólo el 22% de la cantidad de beneficiarios que tenía en 2009 (cuando impactaba la crisis financiera global), y menos de dos tercios de los que tenía en 2016.
Por su parte, el Programa Empalme, que tiene como objetivo insertar a beneficiarios de programas sociolaborales en empleos registrados, cuenta con menos de 5.000 beneficiarios, según los últimos datos oficiales disponibles.

Distribución de los ingresos

La fuerte devaluación del peso en 2018 fue uno de los factores determinantes de la fase recesiva actual. La depreciación de la moneda nacional provocó una abrupta aceleración de los precios de los bienes y servicios de producción nacional, que terminaron creciendo mucho más que los salarios.
Como resultado de este efecto, el poder adquisitivo de los ingresos laborales se contrajo, afectando el consumo y, por ende, al nivel de actividad. Este escenario de mayor aumento de precios que de salarios impulsó el crecimiento del excedente de las empresas privadas (analizadas en forma agregada).
No obstante ello, es factible que este incremento de los excedentes sea un fenómeno de corto plazo. En la medida que la recesión se extienda y se profundice, los beneficios tenderán a caer. En el cuarto trimestre de 2018, mientras que el valor agregado del sector privado cayó un 6%, las ganancias empresarias crecieron un 12%. Asimismo, la masa salarial real de los trabajadores del sector privado cayó un 12%; y el empleo asalariado, un 1%. Los precios fijados por los productores del sector privado en el cuarto trimestre crecieron un 58%; y el salario medio, un 31%.

Pérdida de poder adquisitivo

En 2018, la caída del poder adquisitivo del salario promedio de convenio fue una de las mayores desde 2002. De hecho, se estima que entre los meses de diciembre de 2017 y 2018, el salario de convenio real cayó un 11%. En tanto, hasta mayo de 2019, las revisiones salariales y los nuevos acuerdos firmados no lograron modificar sustancialmente la situación en la que se encontraba el salario real a fines del año pasado.
La remuneración media observada en mayo de 2019 se incrementó sólo un punto porcentual con respecto diciembre de Evolución del salario promedio de convenio a valores constantes 16 convenios colectivos de elevada cobertura (promedio ponderado). Esto se debe a que en mayo hubo muchos sectores que aún no acordaron el esquema salarial para 2019, y que el convenio más relevante en cantidad de asalariados (Comercio) presenta un incremento salarial muy moderado para ese mes (1%).
En consecuencia, los aumentos acordados hasta el momento no alcanzan para modificar el escenario de profunda contracción del poder adquisitivo que se verifica desde el último trimestre del año pasado.

Pérdida de poder adquisitivo en Chubut

Si bien es cierto que la mayoría de las provincias argentinas cerraron el 2018 sin déficit fiscal, el balance positivo en las cuentas de casi todos los distritos se explica por varios motivos, aunque los principales son el estancamiento o los bajos incrementos en los salarios y la reducción o ausencia de la inversión en obra pública. Esto permitió cumplir con el pacto fiscal firmado a fines de 2017 con el Gobierno Nacional, que les impidió a los distritos incrementar las erogaciones por encima de la inflación.
Puntualmente, un documento elaborado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal explicó que al término del tercer trimestre de 2018 sólo tres provincias habían superado la cota del 29,45% marcada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Específicamente, se trata de Neuquén, Corriente y San Juan, que registraron incrementos del 29,75, 32,83 y 36,16%, respectivamente.
Al respecto, resulta importante destacar que en la mayoría de los casos el gasto público está ligado a las paritarias acordadas con los empleados públicos. Como consecuencia de esto no es llamativo que en los tres distintos disidentes los desembolsos en salarios hayan cerrado en torno al 30% y sean el único caso en donde los estatales no perdieron contra la inflación, según explicó un trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
En contrapartida, donde peor les fue a los trabajadores que dependen de las administraciones provinciales fue en la mayoría de las provincias patagónicas (Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz) y Misiones. En dichos distritos, el deterioro del poder adquisitivo fue de más del 10%, cuya contraparte fue una distancia más que holgada (entre ocho y 16 puntos) respecto al límite establecido con el pacto.