Por Trivia Demir

Las definiciones electorales de octubre tendrán un significado importante en términos de pacto social, y dependerán en gran parte del rol de la justicia. Es que mal se puede pensar en reconstruir la confianza pública en la política si no se aclaran las causas que siguen abiertas, y que ponen en el banquillo a gran parte de la cúpula del poder político y empresario de los últimos años.
Este mes se dio un paso importante en uno de estos casos, aunque posiblemente la espuma mediática fue bajando al ritmo de las alianzas y contraalizanzas que acercó tanto la grieta que por momentos llegan a confundirse sus márgenes. La semana pasada, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió elevación parcial para que vaya a juicio oral la causa de los cuadernos por las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Fue por un escrito, que la fiscalía -a cargo de Stornelli y del fiscal Carlos Rívolo- pidió mandar a juicio por como jefa de una asociación ilícita a la expresidente Cristina Kirchner, y como organizadores de esa banda al exministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y al financista Ernesto Clarens. A José Lopez, el ex secretario de Obras Públicas condenado por enriquecimiento ilícito que se convirtió en arrepentido, la fiscalía lo consideró un miembro más -pese a la que la Cámara Federal lo consideró a la hora de los procesamientos un organizador-.
«López, (los exfuncionarios de Planificación) Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Nelson Lazarte, (el chofer) Centeno, (los empresarios de Electroingenieria) Gerardo Ferreyra, Germán Nivello y (el ex director de Yaciretá) Oscar Thomas resultaron ser miembros porque, a diferencia de otros imputados, cumplían ciertas directivas dependiendo del rubro en el que se encontraban. Sobre todo de los organizadores, quienes al esquematizar parte de la asociación tenían más conocimiento acerca de las demás actividades que se desarrollaban», afirmó.

Los coimeados y los coimeros

El fiscal apuntó además por haber pagado coimas a los empresarios: Angelo Calcaterra, Hector Sánchez Caballero, Juan Carlos De Goycoechea, Armando Loson (presidente del Grupo Albanesi, empresa rosarina), Nestor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Raul Vertua, Benjamin Romero, Jorge Balan (presidente del Industrias Secco, con base en la zona sur), Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raul Copetti, Rubén Aranda, Carlos Mundín, Miguel Angel Marconi y Claudio Glazman.
Mientras que por haber recibido dinero (cohecho pasivo) se pidió mandar a juicio al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y asesor Hugo Larraburu; y los ex funcionarios de Planificación Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas, junto al remisero Hernán del Río.
«En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo», sostiene el dictamen.
En el marco de todo este proceso y de la dura pelea por «recuperar» bienes de la corrupción, Bonadio firmó también la semana pasada el decomiso de las propiedades situadas en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz, que integraban la red de lavado atribuida al secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Como parte de los 1355 inmuebles, autos, máquinas viales y aviones contabilizados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan en «la ruta del dinero K», estas propiedades eran rematadas el pasado miércoles. Al igual que las máquinas viales que Casanello entregó a Vialidad Nacional y los aviones que terminaron en manos del ministerio de Seguridad, los inmuebles fueron decomisados en el marco de la quiebra de Austral Construcciones.
Según publicó La Nación, los departamentos serían ofrecidos con precios base de entre 73.000 y 130.000 dólares, un 30% por debajo del valor de mercado, como suele hacerse en los remates. Si se vendieran todas las unidades en el precio base, el dinero acumulado rondaría los 2.5 millones de dólares.

Se venden los aviones de Lázaro

Además de descreimiento y hartazgo social, la lentitud en la enajenación de los bienes de la corrupción y el narcotráfico generan pérdidas millonarias para el estado. Además de inmuebles, por estos días cierra también la convocatoria a compulsa para la subasta del primero de los dos aviones de Lázaro Báez incautados al ser detenido desde abril de 2016 en la denominada causa por “la ruta del dinero K” donde está sospechado en otros expedientes por su vinculación patrimonial con la ex presidenta CFK. El avión en cuestión es un Rockwell Commander, modelo 690, matrícula LV-MBY cuyo precio base es de 110 mil dólares, casi la mitad de la tasación realizada un año antes por los que los técnicos de la ex Onabe, a cargo del operativo, advierten que cuanto más se demore la enajenación de los bienes recuperados de la corrupción mayor será la pérdida para el estado por el deterioro de los mismos. En marzo el TOF4 ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la subasta pública e inmediata. Las aeronaves incautadas son propiedad de la firma Top Air SA del empresario detenido: una Learjet, modelo 35A, número 418 (matrícula LV-BPL), que fue valuada en U$D 575.000, y una Gulfstream Commander-Rockwell, modelo 690-B, número de serie 11.412 (patente LV-MBY), valuada en U$D 211.300. El detalle es que estas valuaciones habían sido realizadas en junio de 2018 y, ahora, para las compulsas en marcha fueron retasadas observándose una importante disminución en su cotización.
A su vez, según informó Infobae, Bonadio confiscó dos estacionamientos ubicados en Palermo y Belgrano, las oficinas que usaba Muñoz en el barrio porteño de Villa Urquiza -donde permanecía estacionado un automóvil Ford A- y una propiedad situada fuera del país y que no pertenece al círculo de testaferros de Muñoz: se trata de un departamento en el estado de La Florida, que tiene a su nombre el financista Ernesto Clarens, arrepentido en el caso.

Boca cerrada, pero no tanto

El decomiso de la propiedad de Clarens y precisamente en La Florida, Miami, trajo algo de ´pánico escénico´ a algunos amigos de los dineros públicos en Chubut. Es que tal como trascendió hace tiempo, el mito de los billetes de 500 euros sacó a la luz operatorias y protagonistas impensados de la mano del financista devenido en «arrepentido», Ernesto Clarens, quien aportó ante la Justicia firmes datos sobre la obsesión del círculo íntimo kirchnerista por esos billetes. Para explicar cómo conseguía los billetes detalló en su momento que «Generalmente hablaba con un corredor, Vallarino», contestó Clarens cuando el fiscal Carlos Stornelli le preguntó de dónde provenían los billetes de 100 dólares y 500 euros que cambiaba a los empresarios en sus oficinas de la calle Maipú 311 de la ciudad de Buenos Aires. Clarens aportó más datos sobre esas operaciones de cambio. Dijo que él se encargaba de cambiar de pesos a euros las coimas que le traían los empresarios, tajada para él mediante. Y que todo comenzó con una orden que le adjudicó a Daniel Muñoz, el secretario privado del entonces presidente Néstor Kirchner . «En determinado momento, Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar», rememoró el financista. Ante la pregunta de los fiscales, Clarens sostuvo que obtenía los euros para sus operaciones de ciertos y muy contados lugares de la City porteña. «Normalmente era en cuevas y en algunas ocasiones con la mesa de dinero del banco Finansur, que hacía de nexo con alguna casa de cambio».

El chubutense que nunca falta

Afirman los sabuesos que si eso es todo lo que contó, Clarens calló más de lo que dijo. Primero, porque evitó identificar los bancos que importaron esos billetes. Tampoco nombró las casas de cambio. Y, por último, apenas señaló al Finansur, el banco de Cristóbal López que quebró en marzo pasado, para un mes después ser allanado en busca de información sobre el origen de los dólares que José López procuró luego depositar en un falso convento.
Íntimo amigo, socio comercial y vecino del banquero Jorge Brito, Clarens evitó además identificar por nombre y apellido a los banqueros, cambistas y cueveros involucrados en la operatoria delictiva. Salvo a uno: Vallarino.

¿Quién sería «Vallarino»? Según reconstruyó el diario porteño La Nación, Jorge Marcelo Vallarino, era ejecutivo de 55 años que afronta serios problemas judiciales, económicos y comerciales desde hace años que lo llevaron a la quiebra y, en junio de este año, al remate de una propiedad.
Clarens y Vallarino tienen en común un dato singular: la torre ubicada en la calle Maipú 311 de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, a solo tres cuadras de las oficinas de Austral Construcciones, en el pasaje Carabelas al 200 –el primer punto de encuentro entre Clarens y los empresarios-, y a cuatro cuadras del Obelisco. Allí, en el piso 11, Vallarino aparece asociado a la firma NSG System SA y a la sociedad de bolsa Tyasa; y en el piso 20, a Paviv SA y a Soluciones Electorales SA, rebautizada luego Inversiones en Energía Argentina SA.
En las dos primeras firmas, Vallarino figuró en NSG System SA y en la firma Panter SRL nada menos que asociado al siempre vigente exmultiempresario chubutense Jorge Aidar Bestene. Cosas de mundo pequeño nomás.

Fuentes: Infobae, Punto Biz, Border Política, La Nación, propias