La causa por el hallazgo de 110 kilos de cocaína de “máxima pureza” en 2013 Puerto Madryn sumó un nuevo capítulo, luego de que se conociera que el ciudadano español Alfredo Aranda Barberá, condenado por su participación en dicha operación, será expulsado a su país de origen, con la prohibición de volver a ingresar a Argentina.
Actualmente, desde que fuera detenido tras el hallazgo de la droga en la pesquera, se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria 6 de la ciudad capitalina; el 29 de marzo pasado cumplió la mitad de la pena a nueve años de prisión, por lo la condena llegarían a su fin el 28 de septiembre de 2023; la resolución fue firmada por el juez de Ejecución Penal, Enrique Guarziroli, en respuesta a un pedido realizado por la propia defensa pública de Aranda Barberá.
La causa que se constituyó como la más grande relacionada con el narcotráfico en Puerto Madryn, tuvo como condenados a Héctor Omar “Cura” Segundo, que permanece en libertad, además de Nicolás Seoane y Juan Burgos; en el caso del primero, un empresario local con aparentes lazos políticos en aquél entonces, la pena que recayó en octubre de 2017 fue la de nueve años de prisión, mientras que sobre Seoane pesó la misma condena. El taxista Burgos fue condenado a cuatro años, y el ex titular de la empresa local involucrada en el hallazgo, fue absuelto por no hallarse evidencia necesaria para su juzgamiento.

De Rawson a su país de origen

Desde fines de 2018, la Dirección Nacional de Migraciones había declarado que la permanencia del condenado en el país era de carácter irregular, ordenando su expulsión y prohibiendo que pudiera volver a ingresar a Argentina.
Al no tener antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia, Aranda Barberá podrá abandonar la “U6” para ser devuelto a España.
Además, Guarziroli solicitó a los organismos de Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional Argentina (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la propia Dirección Nacional de Migraciones, que “tomen debida nota en sus registros del impedimento de reingreso a la Argentina, y que, en el supuesto de que se tome noticia de que violó dicha restricción, deberá quedar detenido en calidad de ‘condenado comunicado’ a disposición de este Juzgado de Ejecución Penal, para continuar el cumplimiento de la pena”.

Libre “bajo caución” o en una celda

La notificación también se hizo extensiva a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a la cual se le pidió que remita dicha resolución “a su par del Reino de España” y “a los fines de ser entregado a sus autoridades una vez arribado a ese país, a las que también deberá comunicarse la presente decisión”.
Al arribar a su país natal, Aranda Barberá, que fue condenado a nueve años de prisión, se resolvería si el individuo podría quedar libre “bajo caución”, o bien purgar la segunda mitad de su pena en prisión; el límite para que se concrete su expulsión sería este mismo domingo.

Escoltado

En este sentido, el magistrado precisó que “se deberá coordinar los medios necesarios con la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal”, mientras que esta última deberá notificar a Aranda Barberá y, previamente a entregarlo a la DNM, se efectuará el último control de causas pendientes, además de que le regresarán sus efectos personales, documentos y dinero al condenado, que será trasladado bajo una fuerte custodia a una dependencia federal, hasta que finalmente emprenda el viaje hacia España.
Agentes de la PSA y de la Policía Federal Argentina (PFA) lo escoltarán hasta dicho país, donde será entregado a Interpol, al tiempo que el Consulado de España estará, en todo momento, al tanto de las actuaciones enmarcadas en el operativo.

Evaluó las características de la droga

Nacido en Valencia, Aranda Barberá, de 56 años, había aparentado estar interesado, según el fallo condenatorio, en una carga de langostinos que había sido acondicionada en la ciudad portuaria de Mar del Plata, con destino a Puerto Madryn, ciudad desde la cual se realizaría la exportación de la mercadería.
El documento establece que “su real inquietud encubierta y sus propósitos en exclusiva, eran la calidad y cantidad que presentaron los tóxicos y su valor en la plaza europea de destino”, para lo cual “abordó un largo viaje al sur y posteriormente al exterior, donde viajó inmediatamente, lo que explica que su interés nunca fueron los crustáceos, sino su compañía”.

Cómo se embaló la droga

Para la Justicia, el ciudadano español apostaba a que se tratara de un cargamento de drogas cuyo precio de venta fuera más importante que la calidad del estupefaciente, en este caso, cocaína.
El fallo continúa: “Esto reveló el verdadero cometido del fin y presencia en la zona de Aranda Barberá, que no era llevar a Europa los mejores productos del mar argentino, sino los tóxicos prohibidos obtenidos y remitidos encubiertamente”.
El individuo actuó en complicidad con Salvador Parra Gómez, y según lo esgrimido por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, quedó en evidencia que Aranda Barberá había embalado los langostinos con cocaína en la planta de Mar del Plata. “La manipulación individual corrió por cuenta de Aranda y de su grupo, que tenía acceso a las cámaras, y contando con el tiempo más que suficiente para introducir los casi cien paquetes de preparación subrepticia”.

Empresa fantasma

La empresa que exportaría los langostinos con cocaína había sido creada para tal fin, bajo la razón de “Mar Pesca Azul”, en febrero de 2013, mismo año en que fueron detectados los 110 kilos de droga.
Otra línea de investigación de la causa indicó que dicha firma carecía de documentación que respaldara sus operaciones, además de una importante zona gris en su facturación; concretamente, no presentaba la estabilidad y continuidad financiera de una pesquera.
Luego, pudo determinarse que Mar Pesca Azul había sido constituida como una fachada para encubrir el objetivo de los implicados, que era exportar droga escondida dentro de la mercadería.