Tras una investigación de oficio realizada por la División Sustracción Automotores, conjuntamente con la Planta Verificadora local, dependiente de la Policía provincial, agentes procedieron a realizar un allanamiento en un desarmadero ubicado en el barrio Perón, precisamente en la calle Víctor Daniele, entre Rivadavia y Alem.
Allí, tras un requerimiento de la jueza penal Patricia Ásaro, los uniformados requisaron el lugar y terminaron secuestrando una cantidad no menor de autopartes, además de constatar la presencia de unos diez vehículos desguazados.
Ahora, investigan si se trata de rodados que podrían haber sido sustraídos tiempo atrás y cuyas partes podrían ser revendidas en el mercado informal.

Qué se incautó

El operativo, que implicó una buena cantidad de agentes de la Policía, terminó con la incautación de cinco motores, doce puertas laterales, cuatro capot, dos tapas de baúl, cinco paragolpes traseros, dos radiadores, cuatro alternadores, seis tapas de motor, dos cajas de cambios, tres ópticas, tres torpedos, un “múltiple de tapa” y dos burros de arranque.
Al mismo tiempo, secuestraron teléfonos celulares y documentación perteneciente a algunos de los vehículos que allí se encontraban.
Por otro lado, verificaron unos diez autos que se encontraban “parcialmente desguazados”, según indicaron desde la Policía, pero el procedimiento “no arrojó resultado de interés”, por lo que no se trataría, en esos casos, de vehículos sustraídos o con pedido de captura.

No estaba habilitado

Por otro lado, intervino personal de la Dirección de Inspección de la Municipalidad, cuyos inspectores “labraron el acta de infracción correspondiente por carecer de habilitación comercial”.
Lo que se desconoce hasta el momento, ya que no fue confirmado oficialmente, es si las autopartes incautadas serán trasladadas al Puesto Policial 202, ubicado a pocos metros del aeropuerto local “El Tehuelche”; un predio en el que, durante años, se han acumulado vehículos judicializados y chatarra, el cual se encuentra al límite de su capacidad, por lo que fuentes extraoficiales anticiparon que buscan gestionar la utilización de un nuevo predio para el almacenamiento de vehículos.

Venta de autopartes

Actualmente, rige en todo el territorio nacional la Ley 25.761, a través de la cual surgió la investigación local, ya que el predio allanado se encontraba en infracción a varios de los artículos de la normativa.
La misma, relativa al “desarmado de automotores y venta de sus autopartes”, data de mediados de 2003, cuando fue promulgada, y establece en uno de sus postulados que “todo propietario de un automotor que proceda a su desarmado con el objeto de utilizar sus autopartes, deberá solicitar su baja ante el registro seccional del automotor que corresponda”, agregando que “en el caso de desear recuperar alguna pieza, deberá acompañar un listado preciso y detallado de aquellas que sean pasibles de recuperación, con la identificación numérica de aquellas que la posean o lo que disponga la reglamentación de la presente ley”.

Registro oficial

Por otro lado, la Ley exige que “toda persona física o jurídica cuya actividad principal, secundaria o accesoria, sea la comercialización de repuestos usados o su transporte, deberá cumplir los siguientes recaudos: a) La factura, remito o documento equivalente deberán contener el número identificatorio de la pieza cuando se trate de un repuesto usado” y “b) Abstenerse de ofrecer a la venta o mantener en stock repuestos que carecieran de identificación”.
Además, en el año en que fue sancionada la ley se creó, en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, el “Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas”, al cual deben inscribirse todas las personas “físicas o jurídicas” cuya actividad “principal, secundaria o accesoria sea desarmar y/o comercializar las partes producto de su actividad”, las cuales están obligadas a “documentar el ingreso y egreso de vehículos y partes”.

Inspecciones espontáneas

Finalmente, la legislación otorga facultades “a las autoridades policiales y a las fuerzas de seguridad para que por intermedio de las divisiones correspondientes, realicen las inspecciones de la documentación pertinente de todas las personas físicas o jurídicas cuya actividad principal, secundaria o accesoria, sea el desarmado de automotores y/o la comercialización y/o almacenamiento de repuestos usados para automotores, con la metodología y formalidades que disponga la reglamentación de la presente ley”.