A fines del mes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó que el juicio por la nacionalización de Estados Unidos se realice en nuestro país, pero el Gobierno Nacional ahora insistirá con un argumento político para buscar que el caso en cuestión sea tratado en los tribunales locales y no en los norteamericanos.
Hoy se realizará la primera audiencia entre los representantes legales de Argentina y de YPF con los abogados del fondo de inversión Burford, que es el que compró los derechos de litigar del Grupo Peterson. Este encuentro se llevará a cabo en las oficinas de la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, donde se buscará impugnar la compra de acciones de la petrolera entre 2008 y 2001 por parte del conglomerado de compañías comandado por Enrique Eskenazi.
Según un escrito presentado el lunes de la corriente ante la magistrada estadounidense, el argumento del Gobierno Nacional es que el acuerdo entre Repsol y el Grupo Petersen es de “naturaleza impropia” y causó daño al Estado y al pueblo argentino. Así, Argentina sostiene que Petersen es una empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos “que entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF”.
Desde la Casa Rosada señalaron en el escrito presentado ante la jueza Preska que en 2008 el Grupo Petersen compró a Repsol el 15% de sus acciones y otro 10% en 2011, por un total de 3.500 millones de dólares, pero no desembolsó un centavo, ya que lo hizo mediante una transacción de propio beneficio (self-dealing) que consistió en usar el capital de la misma YPF para “comprar” sus acciones y “pagarle” a su controlante, que sería Repsol.
Argumentando su postura en todo lo mencionado anteriormente, los representantes legales de nuestro país consideran que estos acuerdos “deberían ser anulados ab initio”, por lo que Petersen no tendría derecho de demandar a la Argentina. Es la primera vez desde que se inició este conflicto legal que el Gobierno Nacional plantea “dudas” sobre la compra del 25% del paquete accionario de YPF.
Al respecto, vale recordar que desde 2015 el fondo Burford, que adquirió los derechos de litigar del grupo de la familia Eskenazi por 15 millones de dólares, lleva adelante una demanda contra el Estado argentino por supuesto incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación del 51% de las acciones de la compañía en el año 2012.
Los representantes de la Argentina también reiterarán ante Preska en la audiencia de hoy el pedido de trasladar el juicio a los tribunales argentinos, que ya fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en las últimas semanas.
En tanto, según anticipó en un escrito presentado la semana pasada, Burford insistirá en solicitar el juicio sumario del caso, ya que considera que se trata de cosa juzgada y pedirá avanzar en un nuevo encuentro entre las partes para decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina.
El Gobierno Nacional, en tanto, tratará a toda costa de demorar la definición en medio del complicado escenario electoral que enfrenta de cara a octubre. En este sentido, señaló que el cierre del caso “carece de mérito legal y es prematuro”, ya que entiende que se le debe dar la posibilidad de presentar “los numerosos y sustanciales argumentos”, e incluso plantear un proceso de discovery, un recurso para pedir información y documentación de todas las partes.

Licitan gasoducto de Vaca Muerta a Buenos Aires

El Gobierno Nacional instruyó ayer a la Secretaría de Energía a convocar a licitación pública nacional e internacional para adjudicar una licencia para la prestación del servicio de transporte de gas natural que contemple como obligación el diseño y la construcción de un gasoducto que conecte a Vaca Muerta con Buenos Aires y el Litoral.
Ese gasoducto tendrá que conectar la subzona Neuquén, en las proximidades de la localidad de Tratayén, con la localidad de Salliqueló, en la Provincia de Buenos Aires y con las subzonas Gran Buenos Aires y Litoral, cerca de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.
Puntualmente, este proyecto demandará una inversión estimada de 2.000 millones de dólares. Además, según trascendió en la víspera, unos 1.000 millones de dólares de financiamiento del proyecto saldrían del fondo de sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). La “urgencia” de poner en marcha el proceso, según adelantaron desde el Gobierno Nacional, se debe a que se quiere que esté listo y operativo en el invierno del 2021, de manera de poder reemplazar las últimas importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) que llegan por barco hasta Escobar. Estiman que serían unos 240 millones de dólares menos al año en compras.