Esta semana, un nuevo capítulo se sumó al reclamo realizado desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), tras el pedido del pase a planta de una decena de trabajadores realizado desde el año pasado, el cual hasta el momento no se efectivizó.
Según precisaron desde el gremio, el expediente, que solamente faltaba que fuera remitido al Ministerio de Economía provincial, “nunca salió del cajón en el que está guardado dentro del IPV, al mismo tiempo que se tuvo que hacer una adenda porque, tras incorporar a cinco de los diez trabajadores como contratados y no como planta, dejaron afuera a dos compañeras que finalmente fueron reincorporadas, aunque con un contrato de dos meses de duración”.
La situación continuó escalando, enmarcada en las diversas protestas gremiales que sacudieron distintas ciudades en las últimas semanas, y “evidentemente, al expediente lo han ‘freezado’, porque ahora falta la voluntad del titular del IPV para firmarlo y que sea enviado a Economía, luego de lo cual tendrá que recorrer varios circuitos administrativos; es decir que este sería el primer paso”, reconoció uno de los referentes sindicales de la ciudad del Golfo.

Primera base

Al respecto, desde ATE informaron que “hay un expediente, producto de estos acuerdos, que en su momento fue formalizado por el IPV, donde incorporaron a cinco de esos compañeros para el pase a planta”, aunque aclararon que “hasta hace unos pocos días atrás, el expediente estaba en la misma situación y dentro del mismo Instituto, por lo que no tenemos novedades de que haya cambiado de estado”.
Concretamente, plantearon que el documento “nunca salió del ámbito de la primera instancia, algo no menor, ya que hace más de un mes que el expediente estaba elaborado y prácticamente lo ‘freezaron’”.

Casi un año de reclamos

A fines del año pasado, los propios trabajadores del IPV, apoyados por la conducción gremial de ATE en Madryn, llevaron adelante una manifestación, advirtiendo que peligraban las fuentes de trabajo de al menos una decena de empleados, quienes se desempeñaban, algunos desde hace casi dos décadas, bajo la modalidad de “contratados”.
Luego, se sucedieron varias reuniones donde se comprometió, a nivel local, elevar el reclamo a las autoridades provinciales, comprometiendo el pase a planta de los trabajadores en cuestión; sin embargo, el documento todavía no habría llegado al primer escalafón administrativo para comenzar a concretar dichos pases, lo que encendió la alerta dentro de las oficinas del IPV en la ciudad del Golfo.

Despidieron a dos trabajadoras

Al mismo tiempo, consignaron desde el gremio que “por otro lado tenemos dos compañeras que hace, en algunos casos, unos quince años que están trabajando, las cuales no fueron incorporadas en el expediente” y relataron que “días atrás, nos encontramos con la sorpresa de que tampoco estaban con contrato, lo que fue un despido de hecho”.
Frente a ese escenario, “salimos al cruce y se realizó una ‘adenda’ de contrato, pero no de pase a planta, y por lo pronto se les dio un contrato de dos meses; entendemos que están trabajando el camino del desgaste con una mirada de mucho desprecio por parte de la titularidad del IPV, haciendo las cosas de esta manera”.

Horas de definiciones

Desde el año pasado “venimos con estas cuestiones y con muchísima paciencia, tanto desde ATE como de los propios trabajadores, y ahora estamos en horas de definiciones”, sostuvieron.
En relación a la demora en que el expediente arribe al Ministerio de Economía provincial, lo cual se esperaba ocurriera durante estos días, “lo que resta, en realidad, es que el presidente del IPV, Carlos Simionati, decida enviarlo a la cartera; mientras tanto, el documento está desde hace casi dos meses dentro de un cajón; ese sería el primer caso, teniendo en cuenta que luego el expediente debería recorrer varios circuitos hasta hacerse efectivo, sin mencionar que en dicho trajín dejaron afuera a dos compañeras”.