En el marco de las diversas protestas que tuvieron lugar esta semana en Puerto Madryn, las cuales se constituyeron como un eco de los reclamos gremiales al Gobierno Provincial, uno de los temas que volvió a resurgir por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es el pase a planta de los trabajadores de la sede local del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), varios de los cuales son “contratados” a pesar de tener varias décadas cumpliendo funciones en el organismo.
Desde que reclamaran en las oficinas del organismo el año pasado, lo que se había planteado era que un total de ocho trabajadores, muchos de los cuales tienen una marcada antigüedad dentro del organismo, finalmente pasaran a planta; el motivo principal es que, al estar en calidad de contratados en su mayoría, cada año se especulaba con la renovación del contrato, por lo que los empleados carecían de una estabilidad laboral certera.
En su momento, hubo reuniones con autoridades provinciales y hasta se había planteado cambiar la “vinculación laboral” de los empleados, no obstante, tras ser incluso recibidos por concejales que se plegaron al reclamo, los pases a planta, que estaban cerca de concretarse, no fueron realizados y actualmente faltaría que el documento administrativo sea elevado a la cartera de Economía de Chubut.

Falta el “gancho”

Al respecto, el secretario gremial de ATE Puerto Madryn, Julio Belascuén, se refirió a la cuestión tras movilizarse junto a los trabajadores judiciales a la sede del IPV, y advirtió que lamentablemente, nosotros estamos en la misma situación del año pasado, cuando empezamos a luchar por el pase a planta de los compañeros del IPV”, agregando que “nosotros estábamos reclamando solamente por ocho personas, una sola pasó a planta y tenemos cinco compañeros con contrato, con un expediente de pase a planta que no sale del IPV porque el presidente no firma el pase a (Ministerio de) Economía”.
Al mismo tiempo, describió que “tenemos dos compañeras que ni siquiera fueron incluidas, con el argumento de que han superado los 45 años, pero son trabajadoras que tienen cinco y diecisiete años de antigüedad y que no fueron incluidas en el pase a planta”.

Contratos inestables

La primera manifestación tuvo lugar a principios de noviembre de 2018, cuando una comitiva integrada por representantes de ATE, así como también los propios empleados del IPV que cumplen funciones en las oficinas locales, reclamaron por el pase a planta, ante la falta de certezas por la renovación de los contratos.
Varios de los trabajadores se encuentran directamente relacionados con las obras enmarcadas en el Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.) de Nación, y lo que trascendió en aquél entonces es que, desde hace años, los pedidos para el pase a planta se venían reiterando.
También, desde el gremio habían pedido reuniones con el director del organismo, Carlos Simionati, y recordaron que durante “tres o cuatro meses”, los empleados no cobraron sus salarios ya que “los fondos no llegaban desde el Gobierno Nacional”.

Reuniones, diálogo y reclamos

Sin embargo, a fines de noviembre del mismo año, una serie de reuniones tuvo lugar entre autoridades del organismo y los trabajadores del IPV de la ciudad del Golfo; los diálogos apuntaban a cambiar el tipo de “vinculación laboral” de los empleados, concretando los pases a planta como luego ocurriría con otras carteras provinciales como Educación y Salud.
Al mismo tiempo, concejales de Madryn, a partir de una gestión de la edil de extracción ATE, Natacha Wolansky, recibieron a la comitiva de trabajadores en búsqueda de reforzar el pedido, extensivo a trabajadores que cuentan, en algunos casos, con casi dos décadas de antigüedad.
Sin embargo, desde entonces y pesar de los encuentros mantenidos, los pases a planta no se concretaron y, con la serie de movilizaciones en reclamo de pago de salarios y cumplimiento de paritarias, resurgió el reclamo por la inestabilidad de al menos una decena de personas que cumplen funciones dentro del organismo provincial.