Las seis provincias que batallan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pos de la resucitación del derogado Fondo Sojero diseñan una cumbre esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires, para pulir una estrategia conjunta tras no haber logrado arribar a un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri en la audiencia de conciliación del pasado 26 de junio en el máximo tribunal.
Aquel día, ante la falta de entendimiento, la Corte abrió un plazo de 90 días para intentar que las partes hilvanen un consenso que hoy, en rigor, parece utópico. Caso contrario, deberá fallar.
Pero en el sexteto de gobernadores que judicializaron el planteo -Mariano Arcioni (Chubut), Lucía Corpacci (Catamarca), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gildo Insfrán (Formosa)- ya mostraron incomodidad frente a la dilación que representan esos 90 días hábiles, y apuntan a acelerar los tiempos y a acordar una movida en bloque.
“Estamos trabajando para poder apurar la mediación, porque consideramos que los 90 días que propuso la Corte Suprema para llegar a un acuerdo entre las partes es mucho tiempo”, advirtió en las últimas horas Alicia Kirchner.
Según afirma Ámbito Financiero, la reunión se realizaría entre hoy miércoles y mañana jueves en el CFI, en tierra porteña, y asistirían en principio fiscales de Estado y/o ministros o secretarios de Economía, entre otros funcionarios, pero no los gobernadores.
Será una primera avanzada para definir una estrategia en lo técnico, que luego será refrendada en el plano político por los mandatarios.
“La idea es acelerar los tiempos y fijar una estrategia; ver qué propone el Gobierno nacional en términos reales -necesitamos que manden una propuesta urgente- y cuáles son las pretensiones de cada una de las provincias”, aseguró ayer uno de los representantes del sexteto de provincias a este diario.
“Son 90 días hábiles, se ha postergado la resolución casi al borde de las elecciones nacionales (del 27 de octubre), y en el medio está además la feria judicial”, remarcó.

El paso anterior

El pasado 26 de junio, en el máximo tribunal, la Casa Rosada -con el ministro Rogelio Frigerio como portavoz- defendió la decisión de Macri de voltear por DNU de agosto de 2018 el millonario reparto del denominado Fondo Federal Solidario (FoFeSo) a las provincias.
Según Frigerio, el contexto internacional y la exigencia de “acelerar la consolidación fiscal” hicieron “necesario” eliminar el FoFeSo. Pero recalcó que el fuerte incremento de las remesas de coparticipación “permitirá sobrecompensar” la pérdida de recursos derivada de su eliminación.
“Es un tema terminado”, aseguraron por esas horas desde despachos nacionales, frente a las exigencias de las seis provincias.
El Fondo Sojero había sido gestado en 2009 por un decreto de la por entonces presidente Cristina de Kirchner para financiar obras, y se nutría del 30% de las retenciones a las exportaciones de soja. Pero Macri lo derogó en agosto de 2018 (DNU 756/2018), en medio de nuevas negociaciones con el FMI para achicar el déficit fiscal. En las provincias estiman que dejaron de percibir al menos u$s 1.000 millones.

Tarrío al frente

Tras el encuentro en la Corte, el por entonces subsecretario de Coordinación Financiera de Chubut, Luis Tarrío -hoy ya ungido como ministro de Economía de Arcioni- anticipó que “los Fiscales de Estado de las provincias harán una acción común tendiente a lograr terminar este asunto y, si todo sale bien, en 90 días la Corte Suprema va a tomar una decisión que deberá ser actadada por las partes”.
Desde Formosa, en tanto, la Fiscal de Estado Stella Maris Zabala de Copes se mostró inflexible. “Para el gobernador Insfrán eso no es susceptible de ninguna negociación y así hemos sido instruidos: tengo mandato del gobernador, que desde el principio me dijo que ‘para negociar, que nos paguen’”.
“¿De dónde sacaron la facultad para quitar el FoFeSo cuando el acuerdo que estaba firmado y que formaba parte del Consenso Fiscal 2017, que fue el que firmó Formosa, establecía el Fondo Federal Solidario y la obligación de la Nación de repartirlo?”, se preguntó Zabala de Copes. Y enfatizó que la provincia “no adhirió al Consenso Fiscal 2018 porque claramente el gobernador se había dado cuenta del incumplimiento del acuerdo del 2017”.