El Poder Judicial empieza a calibrar los alcances de su actividad durante la inminente “temporada electoral”. Lejos del parate en el que habitualmente se sumergen a la espera de los resultados finales, los tribunales adelantarán reposicionamientos para lo que aguardan los números que surjan de las PASO. Para los jueces la moneda está en el aire con respecto a las probabilidades de Mauricio Macri de reelegir, como de las chances del binomio de los Fernández de regresar al poder. Esperan que los porcentuales de las primarias permitan una proyección más certera. “Esta es una elección en la que la pelea de fondo es por la libertad”, grafican su diagnóstico (con exageración) desde despachos judiciales.

Virtuales escenarios

La referencia es a lo que estará en juego a partir del 10 de diciembre para las principales fuerzas políticas. Si pierde el kirchnerismo se ensombrecerá aún más su panorama judicial. Pero si Cambiemos queda afuera de la Casa Rosada estrenará su rol de vacío de poder para el que también se preparan –con el manual habitual- desde Comodoro Py. La “mesa judicial” que rodea al Presidente empezó a monitorear con más rigor cuales pueden ser las alertas a futuro.
La agenda que ofrecen los tribunales federales de Retiro ingresó en un impasse beneficiado por la feria judicial de invierno. La maniobra de “girar en redondo” para retrasar definiciones excluye a la causa “cuadernos” y a Claudio Bonadio, cada vez más “singlista” entre sus pares. El dato lo ofrecerán los tribunales orales que lograron dilatar en el tiempo cualquier fecha certera para la retahíla de juicios que aguardan a Cristina de Kirchner. Tampoco es seguro el desarrollo lineal del debate por la denominada causa “Vialidad” que comenzó lo más accidentado posible gracias a la Corte Suprema.
Sin “cuadernos”, próxima a ser elevada a juicio, la agenda se hubiese agotado en relevancia política hace un año. Los demás juzgados aprovechan ese paraguas para “planchar” otras resoluciones. Las eventuales condenas que puedan dictarse antes de fin de año son factibles de ser atajadas por Casación en una etapa ulterior.
Si pierde, Cristina se pondrá en manos de la nueva composición y alineamiento del Senado para conservar sus fueros y que no se gatillen los pedidos de prisión preventiva vigentes. No han sido pocos magistrados (incluyendo fiscales) quienes en las últimas semanas han buscado alguna vía de contacto o guiño hacia Alberto Fernández. En los institucional, buscan despejar el interrogante acerca de si, en caso de retornar al Gobierno, la fórmula K va reiterar su belicismo permanente hacia los tribunales. No alcanzan a decodificar el sentido de las aclaraciones de Fernández con respecto a la actitud que desplegaron estos cuatro años, ni identifican a voceros autorizados para hablar en su nombre en materia judicial, más allá de Marcela Losardo que suele ser los “ojos y oídos” del exjefe de Gabinete en las reuniones de equipos técnicos que se han hecho en el Instituto Patria.
Los intriga cuál será el plan en materia de política judicial. Aun así, descartan que en una futura administración será el propio Alberto el que aplicará su expertise en el área para monitorear directamente más allá de para quien sea el cargo de Ministro. Por eso es que ya avanzada la campaña puede que le extiendan una invitación para que formalmente suscriba un acuerdo en pos de la “independencia judicial” y así conjurar cualquier espíritu revanchista.
Del Gobierno ya saben cuál es la política que aplicó para el sector y que tendría continuidad: nunca lo admitirán en público pero desde algunos fueros llegaron a extrañar a Julián Álvarez en estos años. El trato de los interlocutores satelitales al Ministerio de Justicia (mesa judicial, AFI, angelicismo y abogados de elite) produjo un fastidio acumulativo. Las expectativas están centradas en si con un nuevo gabinete la cuestión judicial quedaría bajo la égida de Miguel Ángel Pichetto, interlocutor dilecto con los tribunales y volverse más previsible. Jorge Franco, ladero del rionegrino está trabajando en el tema. De todas formas, la definición no estará exenta de internas: la UCR considera que el PRO le debe un placet y el jurista Ricardo Gil Lavedra no oculta su voluntad de suceder a Germán Garavano, cuya intención es continuar al menos dos años de un segundo mandato*.

Los temas que vienen

La Corte Suprema anunció que no augura una agenda conflictiva de fallos para el segundo semestre. Pero antes del viernes de la siguiente semana debería resolver la causa del Defensor del Pueblo en materia previsional. Su impacto podría ser superior a “Blanco” y los tiempos no pueden estirarse indefinidamente. Lleva 10 años de trámite. También se están ultimando los cálculos que litigó el socialismo pero que disfrutará Omar Perotti en Santa Fe con la millonaria compensación que la Nación adeuda por coparticipación.
A la par de todos estos temas judiciales en ´modo campaña´ hay temas legislativos en sintonía. Por ejemplo la iniciativa para debatir la prohibición para que condenados por corrupción sean candidatos. Un proyecto que el oficialismo intentará debatir a solo cinco días de que se realicen las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Será el próximo 6 de agosto, en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, conducidas por Pablo Tonelli (Pro) y Diego Mestre (UCR), respectivamente, al que asistirán ciudadanos que impulsan una campaña para que se sancione una norma de este tipo. Un proyecto similar a la ley “Ficha Limpia” que rige en Brasil -aprobada en mayo de 2010- y que el año pasado le impidió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva -condenado y en prisión por corrupción- postularse en las elecciones. Recetas del Tío Sam dicen algunos. Habrá que ver.

Fuentes: Ámbito Financiero, *Gabriel Morini, LPO, Parlamentario