Los parientes del joven artesano muerto en el contexto de la represión de Gendarmería a una comunidad mapuche en 2017 especificaron los «funcionarios y operadores» que, a su juicio, crearon desinformación y polarización sobre el caso
La familia de Santiago Maldonado, el joven artesano muerto en el contexto de la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche Cushamen en Chubut en agosto de 2017, presentó un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) en el que detalla quiénes fueron «los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea», «periodistas» y «operadores» que contribuyeron a «crear noticias falsas» y «diseminar contenidos a través de las redes para polarizar a la sociedad» en relación al caso.
El informe acusa a aquellos diferentes sectores, junto con «miles de cuentas falsas y robots» de influir sobre la opinión pública a través de «montajes», «incitación al odio», la «creación de versiones falsas», el «disciplinamiento de la familia» y las «bromas de mal gusto», sobre todo en referencia al período transcurrido entre la desaparición de Maldonado el 1 de agosto y la aparición de su cuerpo el 17 de octubre de 2017.
Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, afirmó en declaraciones que fueron a la CIDH porque no tienen «a dónde recurrir», y agregó: “No quiero ganarle un juicio al Gobierno, quiero saber qué le pasó a Santiago”.
En primer lugar, el documento presentado ante el tribunal señala al presidente Mauricio Macri por «no haberse pronunciado en ningún momento» sobre el caso y a otros funcionaros del Ejecutivo que intervinieron, como Patricia Bullrich (ministra de Seguridad), Germán Garavano (ministro de Justicia), Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos) y Pablo Noceti (entonces jefe de Gabiente del Ministerio de Seguridad) de haber tenido una «escasa» comunicación.
Por el contrario, el documento aduce que quienes tuvieron un «rol activo» en la comunicación fueron legisladores y funcionaros de segunda línea, para de ese modo «deslegitimizar el reclamo de su aparición con vida». En este punto, el informe señaló particularmente a los diputados de Cambiemos Elisa Carrio y Fernando Iglesias y al funcionario del gobierno porteño Yamil Santoro.
Luego, el informe acusa a periodistas (específicamente a Jorge Lanata, Baby Etchecopar y Eduardo Feinmann) de «deshumanizar» tanto al joven artesano muerto como a su hermano Sergio. Y al «troll center» del Gobierno de «amplificador de la comunicación ya detallada en este informe para hostigar a los familiares de Santiago».
«Es una petición por la violación de los derechos consagrados en las convenciones internacionales referidas a la desaparición de personas, a los derechos del hombre y la tortura, es el sistema interamericano que tiene competencia, queremos que se inicie una investigación para determinar las circunstancias sobre lo que pasó con Santiago desaparecido desde el 1 de agosto al 17 de octubre de 2018, los responsables intelectuales y materiales, en un caso que hasta la fecha tiene impunidad», resumió Verónica Heredia, abogada de los Maldonado.
Entre las pruebas que llegaron a Washington, hay un informe para denunciar las operaciones del gobierno de Mauricio Macri en contra de Santiago Maldonado y los suyos, los ataques sistemáticos de políticos, ministros y periodistas incluso en el período en que el joven artesano anarquista estaba desaparecido. Los nombres de Patricia Bullrich y Claudio Avruj se suman a los de Elisa Carrió, Fernando Iglesias y también operadores periodísticos de los medios hegemónicos, en una serie de gráficos que analizan cómo se dieron estos ataques en las redes sociales , que se complementaban con el accionar de los denominados trolls.