Todo el entramado social y académico nacional se vio conmovido por la nueva resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que creó el «Servicio Cívico Voluntario en Valores», una serie de talleres dirigidos a jóvenes de 16 a 20 años e impartidos por Gendarmería Nacional, cuyo objetivo principal es «brindar capacitación en valores democráticos y republicanos».
Dos de las tantas instituciones que salieron a responder este anuncio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Desde la CTERA donde afirmaron que “la Gendarmería es una institución que no está preparada ni proyectada para asumir tareas que competen a las instituciones educativas como es la formación profesional y cívica de los jóvenes”.
En ese aspecto, aseguraron, a través de un comunicado oficial, que “el único lugar apropiado para la formación de nuestros niños y jóvenes son las escuelas y los colegios del sistema educativo. Ningún joven puede estar despojado del derecho a formarse en los mismos, con el personal capacitado y en el clima de convivencia creativa y formativa que estos garantizan. Pretender crear para los más pobres un engendro más parecido a la colimba que a una verdadera oportunidad educacional, constituye una manera de reclutarlos volviendo a viejas prácticas de gobiernos conservadores”.

Los NiNi

Con respecto a las afirmaciones que se hicieron desde el entorno de la ministro Bullrich sobre que se trata de una medida de que tiene como objetivo la orientación vocacional de la gente; los jóvenes NiNi, desde la confederación de maestros señalaron que estos jóvenes que no estudian ni trabajan “no eligieron ese destino y son en realidad víctimas de las políticas impiadosas con que el gobierno nacional castiga con la exclusión a los hijos e hijas de los sectores más postergados de nuestro pueblo”.
Y que “en lugar de insistir con propuestas discriminatorias que ya fracasaron anteriormente, lo que debería hacer el Ministerio de Educación es asignar los recursos necesarios para garantizar las políticas de inclusión educativa que con los sucesivos recortes fueron eliminándose sistemáticamente a partir del 2016. Hablamos de las becas estudiantiles, de la provisión de computadoras, del plan Progresar, del Plan Fines, entre otros. Todas acciones para devolver a los jóvenes a las aulas y no para depositarlos como si fueran el descarte prematuro de una sociedad que no le ofrece horizonte a los más pobres”.
Finalmente, el documento de CTERA “rechaza enérgicamente la Resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial y llevara adelante, junto con otras expresiones de la sociedad y comunidad educativa, las acciones necesarias para que esta medida no sea implementada”.

La posición de la CTA Autónoma

Por su parte, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma repudió la resolución firmada por la ministra Bullrich y rechazó la medida “que no hace más que profundizar su política represiva y de ‘mano dura’ en vez de dar soluciones a los problemas de fondo como el hambre, la pobreza, la desocupación y la falta de acceso a la educación y a la salud”.
Por otra parte, destacó que, según informó el Gobierno, la iniciativa se empezará a desarrollar a través de «experiencias piloto» que se harán hasta el 31 de diciembre de este año en varios establecimientos militares, entre ellos en el Comando de Región I «Campo de Mayo», donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura cívico-militar.