En los últimos registros oficiales se había evidenciado una leve mejoría en la ocupación efectiva en los centros de detención distribuidos en todo el territorio chubutense. Si bien continuaba el déficit se había acortado la brecha entre los cupos disponibles y la cantidad de personas privadas de su libertad.
No obstante, el último informe presentado por el Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia dejó en claro que la realidad está lejos de resolverse y que continúan los conflictos en esta temática. Específicamente, el relevamiento del pasado 22 de julio precisó que actualmente hay 593 lugares disponibles y 653 personas detenidas. En comparación con el registro inmediatamente anterior (del 15 de julio) hubo un descenso de 20 cupos y un incremento de 22 presos.
Esta realidad se enmarca dentro de una situación carcelaria en Chubut que desde hace varios meses se encuentra en una realidad sumamente delicada, con más cantidad de personas privadas de su libertad que cupos disponibles en los centros de detención. Esto se da aún contando las comisarías, que no deberían alojar a personas detenidas con condena o prisión preventiva, pero la adversa realidad hace que ocurra lo contrario.
Respecto a esto último, vale destacar que el último documento presentado por el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut indicó que en la fecha del relevamiento se encontraban detenidas en comisarias un total de 268 personas, lo que representa 41% del total de los detenidos en instituciones dependientes del Estado provincial.
En tanto, el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE) ubicado entre las localidades de Puerto Madryn y Trelew, destinado a jóvenes de entre 16 y 17 años de toda la provincia, continúa alejando a cuatro detenidos, mientras que las instalaciones están aptas para alojar a 15 personas.
Por otra parte, se registraron 19 mujeres detenidas que están contabilizadas dentro de los 653 presos consignados como ocupación efectiva. No obstante, 13 de ellas están alojadas en un lugar no especializado para detener mujeres. Teniendo en cuenta estas cifras, las personas de sexo femenino detenidas representan el 2,9% del total de los presos en lugares de detención dependientes del Estado chubutense.

Los principales distritos tienen déficit

A diferencia de lo que ocurría anteriormente, ahora los cuatro principales distritos que cuentan con centros de detención provinciales están con sus números en rojo. De hecho, sólo Sarmiento cuenta con más cupos que personas privadas de su libertad: diez contra ocho. En tanto, en Rawson hay un solo detenido en el único cupo que hay.
En contrapartida, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew y Esquel hacen caso a la lógica general y tienen más presos que disponibilidad. En la ciudad petrolera hay 226 lugares para 240 personas; en Puerto Madryn el déficit ocupacional es de cinco sitios (53 contra 58); en la ciudad cordillerana la situación es prácticamente similar, donde hay un rojo de siete espacios (55 contra 62).
Por su parte, Trelew sigue siendo la localidad más complicada de la provincia, teniendo a consideración que los centros de detención de la ciudad valletana están aptos para albergar a 248 personas, pero actualmente cuentan con una población carcelaria que alcanza a los 284 presos.
En este contexto, el Centro de Detención de Trelew sigue siendo el peor lugar, de acuerdo al relevamiento del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, teniendo en cuenta que está pensada para que hayan 45 detenidos, pero en el último relevamiento se registraron unas 69 personas privadas de su libertad, lo que hace que el déficit en este lugar sea de 24 cupos.

Crisis carcelaria en todo el país

Cabe aclarar que esta situación no se da sólo en la provincia de Chubut, sino que prácticamente todos los centros de detención del país están colapsados. De hecho, la superpoblación carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal “es una bomba a punto de estallar”, según los especialistas en la materia.
Asimismo, el Gobierno Nacional admitió esta realidad pero tampoco busca una solución a corto plazo para la emergencia que, como puntos salientes, tiene ahora inhibido al penal de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires para la recepción de nuevos internos y bajo la mira, por condiciones infrahumanas, a las alcaidías del Palacio de Tribunales y de Comodoro Py.
En este contexto, el pasado 19 de julio hubo una reunión de la comisión parlamentaria de seguimiento de la emergencia penitenciara declarada en marzo. En este debate el Poder Ejecutivo intentó avanzar en la licitación por 19 móviles para traslado de detenidos, otra de las falencias a las que apuntan los jueces. A contramano del discurso oficial en materia de seguridad, podría insistirse en la necesidad de aumentar la cantidad de tobilleras electrónicas para presos no problemáticos que puedan tener un régimen domiciliario morigerado, y así liberar plazas en los penales.
En despachos oficiales responsabilizan de los “pendientes” a un contexto general donde no hubo previsión sobre el aumento de la población carcelaria versus la ausencia de construcción de establecimientos.
El problema principal es que más allá del enfoque político que adopte un gobierno respecto de las personas que delinquen, el andamiaje jurídico que regula las condiciones de detención y los derechos que les asisten a los presos, se estipulan en el concierto internacional y podrían acarrearle al Estado argentino sanciones por su incumplimiento.
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso darle un aval a la demanda de hábeas corpus presentada por la Procuración Penitenciaria que viene advirtiendo los niveles récord de encarcelamiento por sobre las plazas existentes. En Marcos Paz se reconvirtieron talleres para transformarlos en celdas y se construyen dos pabellones en las Unidades Residenciales I, II y III. Uno de los dilemas era la instalación de camas dobles en celdas individuales, algo resistido desde tribunales por alterar las llamadas reglas Mandela.