El Gobierno nacional no alcanzó un acuerdo con las petroleras y se prepara para aplicar la Ley de Abastecimiento N° 20.680 de 1974 para congelar los precios de los combustibles por 90 días, tal como anunció Mauricio Macri tras la devaluación y la derrota electoral en las PASO.
Fuentes oficiales y de las compañías hidrocarburíferas confirmaron que la decisión se oficializará este viernes con la publicación de una resolución de la Secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui.
La medida congela el precio en los surtidores en base al barril Brent a u$s59 y el dólar a $45,19, los valores del viernes 9 de agosto pasado. el precio del litro de nafta súper de YPF quedará establecido en $43,81 en la Ciudad de Buenos Aires hasta el 15 de noviembre próximo.

A medida

Las tres variables que determinan el costo del combustible en la Argentina tras la liberalización del mercado son el tipo de cambio, el Brent y los biocombutibles. En menor medida se incluyen los impuestos que se actualicen automáticamente cada tres mes.
Los petroleros no estaban dispuestos a resignar la actualización con el dólar a $60 y lograron que Lopetegui convoque al diálogo. «En este momento hay que acompañar las decisiones del Gobierno», sinceró un importante directivo privado a Ámbito. Por la tarde noche del miércoles la Secretaría de Energía emitió un escueto comunicado aclarando que el congelamiento iba a ser «acordado» con las petroleras.
Los empresarios aguardaron hasta pasado el mediodía del jueves por un llamado al diálogo de la mesa sectorial, pero eso nunca ocurrió. «Nunca convocaron a una reunión», dijo un vocero de una compañía líder del mercado.
También intervinieron gobernadores de provincias productoras que vieron amenazadas sus inversiones en petróleo y gas, principalmente en Vaca Muerta. La misma postura tuvieron las empresas que producen hidrocarburos, pero no refinan: Vista, Tecpetrol, Exxon, Chevron, Equinor, entre otras.

La Ley de Abastecimiento

La resolución apelará a la vetusta Ley de Abastecimiento, que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de junio de 1974 para controlar supuestas maniobras realizadas por industriales y empresarios del transporte de mercaderías. La norma llevará la firma de Lopetegui y el Secretario de Comercio, Ignacio Werner.
La polémica 20.680 brinda al Poder Ejecutivo la facultad de fijar precios mínimos y máximos a bienes esenciales e incluso lo autoriza a recurrir a las Fuerzas Armadas y de seguridad para restablecer la cadena de abastecimiento, ante una eventual falta de productos.
También establece la aplicación de sanciones que van desde multas hasta 4 años de prisión para aquellos empresarios que provoquen maniobras de desabastecimiento.
Algunos juristas creen que la normativa no es constitucional y por lo tanto no debe ser aplicada.
(Ámbito)

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