Si bien es cierto que en las últimas semanas hubo complicaciones con el pago de salarios para los trabajadores de la Administración Pública de Chubut, cabe aclarar que el Gobierno Provincial ha pagado en tiempo todos los compromisos de deuda e intereses como estaba previsto. No obstante, ahora la administración de Mariano Arcioni debe afrontar un futuro inmediato algo complicado, ya que en octubre vence la última cuota de un título dólar linked, por lo que desde el 21 de dicho mes se deberá cancelar por un total de 13,8 millones de dólares.
Si bien los especialistas afirman que es muy complicado que el Poder Ejecutivo de Chubut no se haga cargo de dicho compromiso, tampoco descartaron la posibilidad de que esto ocurra. Cabe aclarar también que esto podría estar garantizado con los ingresos por regalías hidrocarburíferas, aunque también se han visto perjudicadas por el congelamiento de los combustibles que anunció el presidente Mauricio Macri semanas atrás.
Volviendo el tiempo atrás, hay que recordar que el bono en cuestión se emitió en 2013, cuando Martín Buzzi era el titular del Poder Ejecutivo provincial, el cual se realizó por un total de 220 millones de dólares. En tanto, en octubre se vence a la última cuota, equivalente al 6,25% del capital y una renta de 0,06%. Si bien se trata de un porcentaje sustancialmente “menor”, se da en un contexto desfavorable, ya que Chubut está en una crisis económica y financiera, con dificultades para pagar los salarios y para afrontar compromisos que tengan alguna vinculación patrimonial.
Según trascendió en las últimas horas, José Manuel Corchuelo Blasco, histórico dirigente del Partido Justicialista provincial, le habría sugerido al gobernador Arcioni que se emita una cuasimoneda. Esto no sería lo óptimo y recordaría a distintos acontecimientos que se dieron durante la crisis de 2001. Por esto último resultaría impensado que el Gobierno Nacional no preste su colaboración para intentar paliar la crisis económica y financiera, ya que en octubre hay elecciones y el retorno a las cuasimonedas no sería buena publicidad para la figura del propio Macri.
Asimismo, las garantías petroleras del título que vence en octubre permiten a sus tenedores ejecutar una porción del monto. De hecho, está establecido que el 10% de las regalías tienen que estar separadas para el pago del compromiso.
Puntualmente, el prospecto reza que “la cuenta de recaudación donde se paguen las regalías, sumado a la cuenta de pago, contará con 1,1 veces el próximo servicio de deuda”. “Por último, la cuenta de reserva del fideicomiso deberá estar en todo momento fondeada con un importe equivalente a 1,2 veces el último servicio de deuda”, señalan las condiciones de emisión del título, justamente para evitar que las regalías se utilicen con otro objetivo que no sea cumplir con los pagos de deuda.
Por lo pronto, este título cerró en las últimas horas con una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 800%, es decir que se ubicó varias veces por arriba del nivel delirante que muestran los bonos del Gobierno Nacional.

Postergación nacional

Mientras aguarda la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el organismo multilateral libere los 5.400 millones de dólares que restan de la deuda acordada, el Poder Ejecutivo nacional oficializó el decreto de Mauricio Macri sobre la reprogramación del pago de títulos de la deuda pública.
El Boletín Oficial mostró el texto del decreto presidencial, que en el apartado 1 del artículo 1° establece que “en las respectivas fechas de vencimiento previstas en los términos y condiciones originales se cancelará el quince por ciento (15%) del monto adeudado a la respectiva fecha”.
Asimismo, apunta que “a los noventa (90) días corridos del pago anterior, se pagará el veinticinco por ciento (25%) del monto adeudado a la fecha del pago previsto en el apartado anterior, más el interés devengado sobre el saldo de dicho monto, neto del pago efectuado según el apartado 1”.
Además, agrega que “el saldo remanente se cancelará a los ciento ochenta (180) días corridos del pago previsto en el apartado 1”.
Un detalle importante del decreto es que entre los considerandos del DNU incluye las causas que llevaron a la Casa Rosada a tomar semejante decisión. En ninguno de los casos se menciona o hace referencia a lo que el oficialismo viene repitiendo: la presunta responsabilidad del resultado de las PASO en el desbarajuste de las últimas semanas.

Diez provincias quedaron presas del reperfilamiento

El decreto que retrasó los pagos de las Lecaps y Letes a las personas jurídicas trajo un problema no contemplado y que obligó al Gobierno a entablar una negociación con más de un tercio de los gobernadores del país. Hay diez provincias -algunas gobernadas por Cambiemos, otras por el PJ- que tienen buena parte de sus fondos invertidas en esos instrumentos, que les generan un rendimiento que les permitía protegerse de la inflación.
Ahora, como las provincias son inversores institucionales y no “personas humanas”, quedaron presas de la medida que escalonó los pagos, con lo cual recibirán un 15% en la fecha del vencimiento de esa letra, un 25% tres meses después de ese día, y un 60% en seis meses. Traducido: a esas provincias, muchas de las cuales invirtieron en letras por un pedido expreso de la Casa Rosada, les surgió un agujero financiero que se sumó a la pérdida de coparticipación que tendrán por la eliminación del IVA a los alimentos y la suba del mínimo no imponible de Ganancias.
La lista es larga. La más perjudicada con esta medida es la provincia de Buenos Aires, que tiene atrapados 500 millones de dólares en esas letras. Después la sigue San Juan, con US$ 234 millones y luego se encadenan Mendoza (US$ 205 millones), la Capital Federal (US$ 123 millones), Río Negro (US$ 83 millones), Salta (US$ 35 millones), Formosa (US$ 20 millones), Santa Fe (US$ 20 millones), Catamarca (US$ 15 millones) y La Rioja (US$ 13 millones).
Las administraciones provinciales suelen usar esa clase de inversiones respaldadas por el Gobierno nacional para dos cuestiones. Una es solventar erogaciones importantes y ya estipuladas en el Presupuesto, como los aguinaldos de los empleados provinciales. Otra es para hacer frente a sus propios pagos de deuda en dólares, que se multiplicaron en los últimos años.