Luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara una serie de medidas electorales, entre las que se desatacó el congelamiento al precio del barril de petróleo crudo, lo que impactará directamente en el costo de los combustibles, distintas provincias se manifestaron en contra de esto. En la jornada del miércoles fueron Río Negro, Neuquén y La Pampa quienes acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por esto.
Ayer se sumó a estas peticiones Santa Cruz, mientras que Tierra del Fuego lo haría la semana próxima. De esta manera, Chubut es la única provincia patagónica que hasta el momento no ha protestado oficialmente por el congelamiento del crudo por 90 días, aunque a comienzos de esta semana se había dicho que se presentaría una acción de amparo.
Por su parte, la compañía petrolera Vista Oil & Gas, que dirige el ex-CEO de YPF Miguel Galuccio, presentó también una demanda ante los tribunales federales contenciosos administrativos para voltear la medida impulsada por el titular de la Casa Rosada.
La queja que comparten los gobernadores se centra en el método que adoptó el Poder Ejecutivo nacional al establecer el precio de la nafta fijando un dólar petrolero a poco más de 45 pesos y el barril de crudo en 59 dólares. Esa ecuación, sostienen, afecta regalías y pone en peligro inversiones, lo que amenaza no sólo con quebrar la estabilidad macro, sino con alterar la paz social en los yacimientos.
La decisión de recurrir a la Justicia había sido confirmada por los mandatarios luego de la reunión que mantuvieron el martes en Buenos Aires con empresas petroleras y funcionarios nacionales.
En ese encuentro se acordó, además, crear la semana próxima una mesa técnica comandada por el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, para evaluar las propuestas presentadas por las compañías y los mandatarios, que buscan ser compensados por los costos de la medida adoptada tras las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Argumento de las provincias

Tal como había adelantado el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, esta provincia pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad del decreto de necesidad y urgencia Nº 566 por considerar que “modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y -consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas”.
“El Poder Ejecutivo Nacional se arrogó el ejercicio de facultades legislativas exclusivas del Congreso, violentando de forma directa el procedimiento que prevé la Constitución nacional”, aseguró el escrito presentado por el fiscal de Estado, Raúl Miguel Gaitán.
El Gobierno neuquino estimó que las pérdidas de regalías serán por un monto estimado de 1.830 millones de pesos durante la vigencia del decreto de necesidad y urgencia, a razón de 610 millones de pesos por mes.
En el mismo sentido planteó que la medida “puede tener mayor impacto a mediano y largo plazo pues, aunque su vigencia alcanza a 90 días, el cambio en las condiciones regulatorias del mercado de hidrocarburos puede socavar el principio de confianza legítima por la creciente incertidumbre sobre el entorno de negocios en el que se desarrollará la actividad”.
Por su parte, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck dijo que “por las medidas nacionales, la provincia y los municipios dejarán de percibir unos 1.000 millones de pesos; las provincias que no son productoras de gas y petróleo no perderán tanto, y en otras que producen más el impacto será mucho más fuerte”.
La Pampa se expresó en el mismo sentido mediante una presentación que realizó ante el máximo tribunal el fiscal de Estado José Vainini para solicitar “que cese la medida y permita seguir cobrando lo que le corresponde” al distrito.

Embargo chubutense

En tanto, si bien Chubut todavía no confirmó algún recurso judicial o medida de estas características para protestar por el congelamiento del precio del barril de petróleo, apenas se conoció la medida impulsada por el presidente Macri se confirmó que se iba a presentar un recurso de amparo contra esta iniciativa.
Si bien no se habían dado fechas exactas de cuando iba a ser el momento en el que se presentaría esta acción, todas las versiones indicaban que el mismo sería interpuesto en la jornada de hoy viernes. No obstante, algunas cuestiones que son de mayor urgencia para la Provincia, como es el pago de salarios para los trabajadores de la Administración Pública, influyó en estas medidas, que hasta el momento no se han concretado.

Bertone pide compensaciones

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, ratificó hoy que «el lunes próximo algunas provincias judicializarán» el reclamo para que se dejen sin efecto las medidas impulsadas por el gobierno nacional en el pago de Monotributo, Ganancias, IVA y congelamiento de combustibles, luego del documento consensuado por diferentes administraciones provinciales, en pos de que no se recorten los fondos coparticipables previstos.
Las declaraciones de Bertone en radio La Red se producen luego de que el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, respondiera, ante la amenaza de gobernadores de la oposición de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que «no hay fondos de compensación previstos» para equilibrar la pérdida de esos montos por parte de las provincias.
«El lunes próximo los fiscales de todas las provincias van a priorizar distintas judicializaciones. Venimos con la judicialización de las provincias petroleras (Neuquén y Chubut, presentadas ayer), y vamos a judicializar estos decretos de Monotributo y Ganancias para poder recuperar lo que nos corresponde», adelantó Bertone.
«Vamos a pedir a la Corte que se retrotraiga la situación a antes del anuncio de estas medidas porque consideramos que está bien que se quiera paliar la crisis, pero si la Nación quiere tomar estas medidas debe hacerlo con sus recursos», insistió.
La mandataria provincial aclaró que «no está en el espíritu de los gobernadores» desestabilizar la gestión nacional, pero es prioritaria la «defensa del dinero que ya fue presupuestado para el pago de salarios y otras obligaciones».